El Gobierno quita fondos para parados y los pone en manos de empresas privadas en Andalucía
Vistas en su conjunto, las cifras hablan de la insistencia del Gobierno Rajoy en su política de recortes. Los 1.236 millones que se destinan este año a políticas activas de empleo, suponen una reducción del 8% respecto a 2013, lo que implica un recorte de 106,6 millones de euros.
Para Andalucía el recorte en las políticas activas de empleo, es decir, el dinero dedicado a mejorar la capacidad de los andaluces para encontrar trabajo, es aún mayor: supera el 9%, lo que supone casi 28 millones de euros menos que el año pasado.
En cambio, observadas en el detalle de composición, lo que muestran es una clara apuesta ideológica por los intereses privados frente a los públicos. La tabla publicada al final de este texto no deja lugar a dudas, se favorece a las empresas y sus empleados a costa del dinero destinado a los parados a través de los servicios públicos de empleo. (Ver tabla al final del texto)
Las razones podrán ser discutibles, pero los hechos no pueden ser más claros. En 2013 la ministra de Empleo Fátima Báñez destinó algo más de 11 millones de euros a ayudar a encontrar empleo al más de un millón de andaluces apuntados al paro. Este año, estos fondos se reducen más de un 52%, por lo que no llegarán a los 5,4 millones. O lo que es lo mismo, menos de 5 euros por parado apuntado en las oficinas de empleo.
Por el contrario, los fondos destinados al “fomento de la contratación”, que perciben las empresas, crece casi un 66%. Aunque eso sí, no parece ser una prioridad para la ministra Bañez, ya que la cantidad total destinada a conseguir que se contrate no llega a los 80.000 euros.
De la misma manera, si en 2013 el Gobierno que preside Mariano Rajoy destinó 17,8 millones de euros a la “Formación Profesional” de trabajadores ocupados, cuya gestión se lleva a cabo por las empresas, este año la partida se incrementa un 31,2%, hasta superar los 23 millones de euros. Mientras, los fondos destinados a la Formación Profesional de los “trabajadores desempleados”, que es gestionada por los servicios públicos, se reducen prácticamente un 10%, lo que supone una pérdida de más de 13,5 millones de euros.
Adios al autoempleo
No son estos datos los únicos que llaman la atención en el recorte de fondos destinados a las políticas activas de empleo en Andalucía desvelados la pasada semana por la ministra Báñez en su reunión con los responsables autonómicos de empleo. Si un tema se repite una y otra vez, y otra vez más, en los discursos oficiales, es la necesidad de fomentar el auto empleo y la creación de empresas. Lo que ahora se conoce como 'el emprendimiento'.
Pues bien, si en 2013 el Gobierno de Madrid transfirió a la Junta de Andalucía 10.740.604 euros para “Autoempleo y creación de empresas”, este año apenas si piensa enviar 125.573 euros. Es decir, un 99% menos, que en la práctica supone la desaparición de esa partida presupuestaria.
Una vez más, en cambio, en los fondos para el presente ejercicio de 2014 aparece una partida, hasta ahora inexistente, que destinará 5,5 millones de euros de los fondos de formación para “Ayudas al trabajo autónomo, cooperativas, y sociedades laborales”, es decir, empresas privadas.
De igual forma, en su empeño por fomentar la sustitución de los servicios públicos de empleo por agencias privadas de colocación, el Ministerio les destina este año una partida de 50 millones de euros, mientras que los fondos para el programa de modernización de los Servicios Públicos de Empleo (SAE) se reducen nada menos que en más de la mitad, un 54%.
“En lugar de reforzar los servicios públicos de empleo, lo que se hace es detraer fondos que al final, las cifras lo muestran claramente, se acaban dando a agencias privadas para hacer las políticas que corresponde hacer a los servicios públicos de empleo”, concluye con indignación uno de los responsables andaluces de Empleo.
Una apreciación compartida en Cataluña y País Vasco, que junto con Andalucía son las tres autonomías que optaron por no adherirse al sistema, promocionado por el Gobierno central, de encargar parte de la inserción laboral a agencias privadas de colocación. Una decisión por la que tampoco recibirán ni un solo euro de esos 50 millones destinados a las agencias privadas para las tareas de inserción laboral que en las tres comunidades se realizan desde los servicios públicos.
