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La Junta volverá a presentar el decreto ley para los planes de empleo sin la disposición sobre los laborales del SAE

Opta por quitar la disposición adicional que provocó que la oposición votara en su contra en el último pleno del Parlamento de Andalucía y fuera el segundo decreto ley rechazado de la legislatura

Desde el PSOE-A insisten en que se les quería dar a estos trabajadores "las mismas funciones" que el Gobierno de la Nación prevé para agencias de colocación privadas, y que no se está recolocando a nadie porque ya eran personal público

La previsión es que, tras eliminar esta parte, vaya a Consejo de Gobierno la próxima semana para liberar unas partidas que permitirían más de 35.000 contratos temporales

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La Junta de Andalucía rehará el decreto ley que la oposición tumbó en el último pleno del Parlamento de Andalucía (por los votos en contra del PP-A, Podemos e IU y la abstención de C's) y donde preveía modificar la Ley 2/2015 de medidas urgentes para generar empleo y los decretos ley para sus programas. El rechazo se produjo, según argumentó la oposición en su mayoría, por una disposición adicional en la que se otorgaban funciones a los laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se han incorporado a la agencia por sentencia o por resoluciones del Consejo de Gobierno y que no tienen tareas asignadas.

Por ello, con el objetivo de desbloquear la convocatoria de estos programas, aprobada por ley el pasado mes de diciembre por PSOE-A, PP-A y C's (Podemos se abstuvo e IU votó en contra) con una previsión de invertir 422 millones de euros este año e impulsar más de 35.000 contrataciones temporales, la Junta de Andalucía eliminará la disposición adicional de la polémica. La previsión es que pueda ser ratificado el nuevo decreto ley en el próximo Consejo de Gobierno de este martes para su posterior convalidación por el Parlamento de Andalucía lo antes posible, si bien depende de la realización de nuevos informes jurídicos pertinentes.

En este sentido, se trata de corregir la norma, en la que la oposición y los sindicatos, fundamentalmente de funcionarios, han acusado a la Junta de Andalucía de meter "de rondón" la cuestión de los laborales del SAE para que supere el trámite parlamentario. Igual que ocurrió el pasado mes de septiembre con el decreto ley para modificar la Ley de Función Pública, donde tuvo que rehacerlo tras ser bloqueado por varios puntos que no compartía la oposición, que suma mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. De hecho, se quitó toda la parte cuestionada por la oposición (el PP-A y Podemos votaron entonces en contra mientras C's e IU se abstuvieron), pero también por los principales sindicatos, como ha ocurrido en esta ocasión. Sin dicha disposición adicional, la oposición va a tener muy difícil rechazar el decreto ley en una nueva votación.

Sin embargo, este segundo bloqueo de un decreto ley del Gobierno de Susana Díaz se ha producido en un contexto muy concreto: cuando está en el aire la nueva convocatoria de elecciones generales y todos los partidos están en clave de campaña. Por un lado, el PSOE-A está interesado en poner en marcha un programa para atacar el principal problema de Andalucía, el desempleo, con medidas que de cara a unos hipotéticos comicios supondrían un tanto. Por otro lado, C's, que intenta frenar a toda costa un pacto a nivel nacional que incluya a Podemos, marca distancias. De hecho, la posición mantenida por C's -como ocurrió con el otro decreto ley- supone una manera de mostrar que no se alinean con el PSOE-A en todo, como le achaca el resto, toda vez que su respaldo se ha convertido en imprescindible para sostener el Gobierno de Susana Díaz en minoría.

Desde el PSOE-A se ha insistido en que la oposición ha rechazado un decreto ley que prevé flexibilizar las condiciones para que los consistorios puedan sumarse a los planes de empleo -por ejemplo ya no será obligatorio que no tengan deudas con la Seguridad Social o sentencias en contra por despidos improcedentes- y generar "miles de puestos de trabajo", en palabras de la propia presidenta, Susana Díaz, en el último pleno. Pero fue C's la fuerza que, a través de una proposición no de ley el pasado mes de febrero, instaba a la Junta de Andalucía a cambiar por decreto ley a hacer esto para facilitar el desarrollo del programa "en un contexto en el que las administraciones locales tienen muchas deudas y sus ciudadanos no deben pagarlo con la imposibilidad de acceder a estos planes de empleo", en palabras del diputado Sergio Serrano.

La cuestión está en la disposición adicional para los laborales del SAE, cuya inclusión insisten tanto los sindicatos como la oposición que no conocían. Ni siquiera C's, pese a que la propuesta partió de este partido. Este extremo lo niega el PSOE-A, desde donde aseguran que C's ya estaba informado del contenido y los detalles. No obstante, las manifestaciones de Sergio Serrano en este sentido han sido duras. Ha acusado a los socialistas de tenderles una "trampa" con esta disposición adicional para "colar" a más de 1.500 trabajadores -básicamente provenientes de la extinta Faffe integrada luego en el SAE- en lugar de convocar oposiciones "para que haya una libre concurrencia y competencia para entrar" en la agencia.

Empleados públicos

Los socialistas defienden que estos trabajadores no son nuevos ni los "ha colado" nadie, sino que "ya eran plantilla de la Junta de Andalucía y su situación no ha cambiado, pero faltaba la definición de las tareas". Lo ratifica la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), como representantes del personal laboral propio de las agencias de la Junta de Andalucía. Desde la UITA recuerdan a la oposición y al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) que estos trabajadores tienen "la condición de empleado público" para desmentir "los ataques" que dicen estar sufriendo.

Mientras, desde el PP-A, su diputado Miguel Ángel Torrico ha incidido en que "el PSOE-A todavía no se ha enterado de que no tiene mayoría absoluta y está obligado a dialogar con los grupos parlamentarios"; desde IU, José Antonio Castro lo ha calificado directamente de "chapuza"; y Podemos ha censurado que se pretenda "convertir a estas personas en funcionarios por la cara".

En todo caso, desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio reiteran que las funciones que se habían previsto para estos laborales en el SAE, con el fin de reforzar el servicio para atender a los futuros demandantes de estos programas, son las mismas que el Gobierno de la Nación (gobernado por el PP) prevé en el convenio marco que ha firmado con las agencias de colocación privadas que en el resto del país se encargan de estas prestaciones. En concreto, en el mismo se recoge que sus funciones comprenderán "orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos y otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado".

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