Multa de más de 5.300 euros a los activistas del Rey Heredia por la cocina abierta

El colectivo Acampada Dignidad en Córdoba ha criticado la “falta de sensibilidad social” de la Junta de Andalucía, que esta semana les ha comunicado la apertura de un expediente sancionador por un importe que alcanza los 5.300 euros por la actividad de la cocina abierta del antiguo colegio Rey Heredia que ocupan.

La multa más cuantiosa son 5.000 euros por una infracción administrativa por el hecho de no haber comunicado la apertura de un establecimiento con anterioridad a su puesta en marcha, y se deduce de la inspección que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo. Dicho expediente sancionador se inició a instancia del anterior gobierno local, “que procedió a denunciar ante las autoridades sanitarias a la cocina abierta del Rey Heredia tras cortar el suministro de agua”, según explica el colectivo en una nota de prensa. 

Pese a que el pasado 30 de junio el nuevo gobierno local se inhibió en la resolución de este expediente sancionador, y a pesar de que desde el 23 de marzo de 2015 se interrumpió la actividad de la cocina abierta, “dejando con ello a las decenas de familias que participaban en la misma sin esta alternativa para proveerse de una alimentación digna de forma cotidiana”, el procedimiento ha continuado y la Junta de Andalucía propone ahora una sanción de 5.300 euros por dos infracciones.

“Una vez finalizada la campaña de acoso y persecución del anterior gobierno local del PP, y cuando se preparaba la reapertura de la cocina abierta, tras la cesión municipal y contando ya con suministro de agua, y estando inmersos en los trabajo de reformas y mejoras para la reapertura, es ahora la Junta de Andalucía la que la condiciona con una sanción que puede hacerlo inviable y que, de tener que ser abonada, exigiría dedicar a este fin los recursos y la solidaridad de las miles de personas que han colaborado”. 

Entienden que “la Junta de Andalucía continúa la labor de acoso que en su momento inició el PP” desde el Ayuntamiento de Córdoba y la acusan de una “enorme falta de sensibilidad social con un proyecto de solidaridad y cooperación puesto en marcha entre personas sin recursos, en muy duras situaciones de falta de acceso a una alimentación digna, entre otros derechos humanos básicos”. 

De momento, van a presentar alegaciones para tratar de anular esta sanción, y van a solicitar reuniones con los responsables de la Junta de Andalucía para explicarles el proyecto de comedor social, “además de retomar las movilizaciones en la calle contra este atropello”.