Vistos para sentencia los primeros juicios de monitores educativos

La provincia de Córdoba ha acogido en los últimos días los primeros juicios promovidos por monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones, que ya han quedado vistos para sentencia, después de que en varias ocasiones las vistas quedaran aplazadas en Córdoba, Málaga o Cádiz por falta de documentación o incomparecencia de partes citadas.

Así lo ha indicado a Europa Press una de las portavoces del sector, Virginia Vázquez, que por otro lado ha confirmado que el colectivo retomará las movilizaciones para reivindicar el cumplimiento íntegro de la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento por mayoría, y que supondría una salida a su problemática.

De este modo, y pese a que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para acreditar la experiencia profesional de los monitores al objeto de que puedan obtener así un Certificado de Profesionalidad que les permitiría acceder a las próximas convocatorias de empleo a aquellos que no cuenten con la titulación específica exigida, Vázquez ha expuesto que, si bien valoran esta iniciativa, siguen reclamando el reconocimiento del tiempo total trabajado, pues sin éste la anterior medida “no sirve para nada”.

Recientemente, el sector, de unos 840 afectados, convocaba una marcha desde San Jerónimo hasta la Plaza de la Encarnación de Sevilla para que la Junta cumpla la PNL y los compromisos que garanticen la vuelta de éstos a sus puestos de trabajo.

De esta manera, en un manifiesto entregado a la Presidencia de la Junta, consultado por Europa Press, los monitores señalaron haber aguantado una situación de “esclavitud”, tratándose en su mayoría de mujeres con cargas familiares. Es, añadían, “un colectivo que ha demostrado una profesionalidad excelente, avalada por equipos directivos, querido en todas y cada una de las comunidades educativas que conforman los mil y pico de centros a los que pertenecíamos, y admirado por su capacidad de entrega y lucha”.

Asimismo, defienden que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha sacado un plan de choque “lleno de despropósitos” para sustituir a estos trabajadores “con aval de experiencia y respaldados por sus centros”.

“No sólo ha perjudicado a un colectivo de 840 personas que hoy está en el paro, también a un 30 por ciento de centros educativos que a pocos días de terminar el periodo de escolarización se han visto privados de este servicio, que han tenido durante ocho cursos”, manifiestan.