El PP, en contra de implatar el bono social en Cádiz contra la pobreza energética
Cádiz quiere dar este lunes un paso adelante en el apartado de las medidas sociales. Los representantes políticos del consejo de administración de la empresa Eléctrica de Cádiz (participada por el Ayuntamiento en un 55%) votarán la aprobación del bono social eléctrico, una medida con la que el Consistorio gaditano pretende asegurarse de que ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad.
Se trata de una ayuda en la factura de la luz de Eléctrica de Cádiz para las familias con menos recursos que consistirá en la bonificación de una cantidad de electricidad y de potencia suficientes para cubrir sus necesidades domésticas básicas basándose en la renta familiar y al número de habitantes de la vivienda.
La posibilidad de un bono de estas características tuvo su inicio en 2014 con la reivindicación ciudadana y que contó con la respuesta en un pleno municipal eN octubre de 2015, ya gobernado por Por Cádiz sí se puede, en el que se aprobó por unanimidad la creación de un bono social con Eléctrica de Cádiz y de la figura de la Mesa de la Pobreza Energética de Cádiz, formada por organizaciones sociales, partidos políticos, Asuntos Sociales, la propia Eléctrica de Cádiz y usuarios. Al bono se le dio forma en la Mesa de la Pobreza con las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz sobre el estudio de consumo energético en familias vulnerables.
El alcalde de la ciudad, José María González, remarca que “el bono garantiza el acceso a una cantidad de energía justa para las familias de Cádiz que se encuentran en una situación de vulnerabilidad severa. Necesitamos un bono social propio porque el 80% de las familias gaditanas tenemos contratada la luz con una comercializadora municipal: Eléctrica de Cádiz”.
González recuerda que, “debido a la regulación estatal, se impide que esta empresa pueda aplicar el bono social estatal”, ya que suministra energía en el mercado libre y no está habilitada como comercializadora de último recurso (no suministra la tarifa regulada y tampoco ese descuento estatal).
“En los últimos años, lo que el Ayuntamiento de Cádiz había hecho era costear el pago de estas facturas, que ascendían a 500.000 euros al año. Esto obligaba a muchas personas a peregrinar por las asociaciones en busca de alguien que le pagase esa factura y eso generaba una situación de mendicidad energética que es la tónica en la mayoría de las ciudades de este país. Por eso necesitamos un bono social que elimine esa situación de dependencia. Tenemos la suerte de que Eléctrica de Cádiz es una sociedad mixta que se compone de accionariado público y privado, podemos cambiar esa situación. El Ayuntamiento tiene el 55% de las acciones y si todos los consejeros de todos los partidos políticos están de acuerdo, el bono social sale”, resume el alcalde.
Sin embargo, la situación no está tan clara porque el Partido Popular se ha mostrado contrario a dar el visto bueno a esta medida. Ignacio Romaní, portavoz del partido, asegura que maneja un informe jurídico que pone en evidencia “la posibilidad de que el bono fuera repercutido en el resto de los clientes de Eléctrica de Cádiz y que, por tanto, no podría contar con la aprobación de nuestro grupo”. Esto ha encontrado la respuesta de Eva Tubío, consejera de Eléctrica de Cádiz, que ha comentado que “eso es una gran falacia que han soltado para contaminar el bono”.
¿Si incumplen las condiciones?
Sin embargo, Diario de Cádiz ha publicado esta semana las objeciones que pone la propia comercializadora Eléctrica de Cádiz, que está estudiando, entre otros asuntos, cómo procedería tras la aprobación del bono social ante los posibles impagos de los usuarios. La propuesta municipal establece que si la familia incumple los compromisos que establece el bono social local y deja de pagar, perdería las ayudas, pero no se habla de la suspensión del suministro ni de quién ha de asumir los importes impagados.
Serán puntos a estudiar en la reunión del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, que está compuesto por cinco representantes del Ayuntamiento (2 de Por Cádiz si se Puede, 1 del PSOE y 2 del PP), uno de Unicaja (propietaria del 10%) y tres de Endesa (dueña del restante 35%), por lo que el Ayuntamiento tiene mayoría, pero necesita el voto de los populares.
La tramitación del bono social gaditano está teniendo repercusión a nivel nacional entre los líderes de Podemos e IU en Madrid. Íñigo Errejón dice en las redes sociales que “el PP debe elegir entre el bienestar de la gente o el favor a las eléctricas a cambio de sillones”. Alberto Garzón también ha mostrado su apoyo a esta medida porque, en su opinión, “hay que garantizar los derehos fundamentales y los recursos han de estar justamente distribuidos”.
