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OPINIÓN | 'El buen demonizador', por Antón Losada

El control de fronteras, la igualdad laboral o el equilibrio fiscal, escollos en la negociación entre Londres y la UE sobre Gibraltar

La negociación del Tratado entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el estatus de Gibraltar en relación con el territorio Schengen se ha convertido en una partida de ajedrez cuyos cronómetros atisban el final de la partida: el 31 de diciembre de este año aparece como la fecha de caducidad para las negociaciones bilaterales –aunque con presencia española y gibraltareña en uno y otro bando– que entre el lunes y el martes vuelven a emprenderse en Londres. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, sabe que su carrera política puede sufrir jaque mate, en vísperas de que el próximo año vuelvan a celebrarse elecciones legislativas en el Peñón.

OPINIÓN | A tomar por saco Gibraltar

Más

De un lado, si Gran Bretaña acepta algunos de los condicionantes europeos, por mucho que se pregonara que dicha posibilidad no vulneraría las líneas rojas de la soberanía británica en la Roca, la opinión pública podría pensar lo contrario: especialmente, si se confirma la presencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad españoles en el control de pasaportes y de mercancías en el puerto y en el aeropuerto del Peñón. Por algo parecido, el carismático sir Joshua Hassan tuvo que dimitir tras firmar el acuerdo sobre el uso conjunto de dicha pista de aviación, suscrito por Londres y Madrid en 1987, con el beneplácito de aquel legendario ministro principal. Sin embargo, también Picardo correría peligro si las conversaciones sobre el Tratado fracasan y su comunidad se ve abocada a un Brexit duro que convertiría el paso por la Verja en un infierno, afectando de manera notable a la vida cotidiana de sus paisanos y de los trabajadores transfronterizos que, hoy por hoy, son esenciales para la economía local.

Los trabajadores transfronterizos

Ese es otro de los escollos, la igualdad plena de este colectivo y de los residentes –sean de la nacionalidad que sea— que viven y trabajan en el interior de Gibraltar. El pasado jueves 24, un día antes de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reuniera con los alcaldes y representantes institucionales del Campo de Gibraltar, la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar dirigió una carta al jefe de la diplomacia española reclamando fluidez en el paso fronterizo y cumplimiento de sus derechos laborales en el Peñón, sea cual sea el resultado de las negociaciones sobre el Tratado de Gibraltar.

El documento lleva fecha del 24 de noviembre pero ha sido dado a conocer en vísperas de la nueva ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se iniciaron este lunes en Londres y que presumiblemente concluirán este martes. A su juicio, no se está cumpliendo un compromiso ya explícito en los memorandos anteriores al Brexit: el de “defender, mantener y ampliar los derechos de los Trabajadores Españoles en Gibraltar”.

Entre las quejas de la Asociación, recogidas en la carta que firman su presidente Salvador Molina Sánchez y su secretario Javier Arias Marín, mencionan falta de información en materia laboral, salud, asuntos sociales, o una peculiar fórmula de contratación a la que se denomina popularmente como de “Cero horas”, por la que un empleado contratado tiene que quedarse en casa porque carece de cometido concreto y, por lo tanto, no percibe salario aunque oficialmente figure como trabajador en activo. A su juicio, se trata de un “procedimiento contradictorio que esclaviza, humilla y denigra al trabajador psicológicamente hasta enfermar y lo sufre también en su salario al estar en todo momento dependiente de la llamada puntual para trabajar que imponga la empresa; una práctica ésta no propio de llevarse a cabo en países modernos”.

A todo ello, se suman, según dicho escrito, ridículas o nulas prestaciones por enfermedad lo que se ha traducido recientemente en un caso con nombre y apellidos, el de Nais María Felipe, una linense de 27 años de edad, víctima de cáncer y que vive de una ayuda de 120 euros al no poder solicitar otra al encontrarse oficialmente en activo: “Los transfronterizos que enferman sólo perciben de prestación por enfermedad dos semanas de sueldo al 100% y cuatro semanas al 50% de paga y cuando la enfermedad es de larga duración como casos de cáncer o accidentes nuestros trabajadores no sólo no cobran nada después de lo previsto sino que tampoco pueden solicitar ningún tipo de prestación en España ni en Gibraltar al estar declarado como ”trabajador activo“ algo que no acontece a los residentes en Gibraltar pues allí si le pueden dar una prestación de su Welfare o Bienestar Social”.

Principio de acuerdo

Otro de los escollos a la negociación actual pasa por ser el de la aplicación a escala gibraltareña de las normas en materia de medio ambiente vigentes en la Unión Europea, así como la equiparación fiscal de ambos territorios y, lo que presumiblemente merecerá un acuerdo bilateral en el futuro, la situación de la base británica del Peñón, operada principalmente por la RAF y por la Royal Navy, pero donde también recalan, sobre todo en los últimos meses, sumergibles estadounidenses de carga o de propulsión nuclear. Precisamente, el partido ultraderechista Vox lleva este martes al Congreso una petición para que el Gobierno español convenza al británico de que no permita la estancia en la Roca de este tipo de unidades, so pretexto de que se trata de territorio español, aunque los británicos no lo vean de la misma forma.

A pesar de tan considerables obstáculos para el acuerdo final, la buena noticia es que el grueso del contenido del futuro Tratado ya tiene el beneplácito de ambas partes y que, tanto la delegación británica como la comunitaria o la de Gibraltar, hacen votos para un final feliz, después de un año y medio de conversaciones, interrumpidas por las tormentas en la política británica o por las controversias en torno al acuerdo de retirada de la Unión por parte del Reino Unido.

Hugh Elliott, embajador británico en España, visitará La Línea de la Concepción esta misma semana, probablemente el mismo día, el jueves 1, en que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se encuentre en la Refinería de Cepsa en San Roque para asistir al anuncio de un megaproyecto sobre hidrógeno verde.

El control de la frontera

Así las cosas, desde Gibraltar, hoy se insiste en que no hay fecha final para la negociación, que hay voluntad de acuerdo y que la Unión Europea y España deberían mostrarse más flexibles a la hora de soslayar algunas de las diferencias que les separan: la más visible, la presencia de agentes uniformados de la Guardia Civil o de la Policía Nacional supervisando a los viajeros que lleguen de Londres o de cualquier otro punto de partida hasta el puerto y el aeropuerto de la Roca, que se convertirían en fronteras Schengen.

A pesar de que España ha solicitado la intervención de Frontex, esta agencia, salvo en caso de conflicto, sólo aportaría personal técnico y dicha supervisión tendría que correr a cargo de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del país signatario del acuerdo que liberalizó las fronteras interiores de la Unión. Difícilmente, España podría aceptar que dichas funciones las realizaran los gendarmes franceses o los carabineros italianos. Pero a los gibraltareños les va a resultar amargo contemplar a los picoletos y a los maderos realizando estas tareas en su territorio, por más que su cometido se reduzca a esos controles y no a cualquier otro supuesto delictivo que pueda suscitarse en derredor. Quizá la solución final pase por servicios mixtos en los que puedan participar agentes gibraltareños o británicos, al modo de los que ya existen en el Canal de la Mancha, a partir de un acuerdo bilateral entre Gran Bretaña y Francia.

“No hay absolutamente nada que indique que el Reino Unido o Gibraltar estarían dispuestos a conceder que alguien debería controlar las fronteras de Gibraltar que no sean Gibraltar –señaló Fabian Picardo en el Parlamento de Gibraltar, el pasado viernes–. Nunca concederemos eso”. Sin embargo, también añadió: “No hay nada que sugiera que Gibraltar busque controlar la frontera Schengen”, que correspondería a los países miembros de Schengen.

No es probable que la décima ronda de negociaciones de estos días en la capital británica vaya a ser la última y es difícil que haya fumata blanca definitiva antes del 31 de diciembre de 2022, justo dos años después del llamado Acuerdo de Nochevieja, que sustenta este proceso. Y es que aunque el contenido del Tratado pueda consensuarse antes de fin de año, es presumible que la redacción del mismo se retrase hasta bien entrado el año próximo, toda vez que necesitaría a su vez de diversas ratificaciones parlamentarias.

Intacta la soberanía

Durante el debate parlamentario celebrado el pasado viernes, Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, insistió en que en ningún caso se producirían cambios en el estatus actual del Peñón y máxime en cuestiones relativas a la soberanía. El líder de la oposición, Keith Azopardi, de Gibraltar Social Democrats ofreció el apoyo de la oposición tanto en la búsqueda de un acuerdo seguro y beneficioso para Gibraltar, como en el caso de que no se alcance dicho acuerdo y se produzca un Brexit duro, lo que todas las partes, hoy por hoy, rechazan.

Para Azopardi, las declaraciones del ministro español José Manuel Albares al finalizar el encuentro con los alcaldes y representantes institucionales de la comarca celebrado el pasado viernes, constituían una “provocativa” declaración política, sin efectos legales, y que respondería al intento español de “subir la apuesta” en el tramo final de este proceso.

Picardo, en su respuesta a Azopardi, coincidió con estas últimas apreciaciones: “Creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que a medida que nos acercamos al final de la negociación, las partes obviamente comenzarán a subir un poco la apuesta con el fin de finalizar la negociación de una manera que puedan considerar más o menos ventajosa para ellas y para la otra parte, respectivamente”, dijo.

Si las palabras pronunciadas el viernes por Albares iban fundamentalmente dirigidas al mercado interno español, las de Picardo, ese mismo día, también guardaban un propósito similar: “Esta no es una negociación con España –recordó–. Es una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y puedo darle la confianza de que en todas las discusiones que hemos tenido y hemos asistido, la cuestión de la soberanía no ha sido planteada por la Unión Europea”, afirmó en referencia directa al líder de la oposición.

En busca de certezas

“La cuestión del estatus no ha sido planteada por la Unión Europea –insistió–. Y nunca me sentaré con nadie a negociar la soberanía de Gibraltar. La soberanía de Gibraltar es solo del pueblo de Gibraltar. No es negociable”.

En esta décima ronda negociadora, que se celebra en Londres, las dos partes han puesto sendos documentos encima de la mesa: “España y la UE están preparadas –afirmó Albares en una comparecencia ante los periodistas, tras su reunión con los alcaldes–. Ahora le toca al Reino Unido decir si están listos para llegar a un acuerdo”.

“Lo que está claro es que no podemos permanecer en esta situación indefinidamente, creo que los ciudadanos del Campo, así como los de Gibraltar, tienen derecho a una mayor certeza”, señaló el ministro el viernes.

Así las cosas, el Reino Unido le pide flexibilidad a la Unión Europea y España le pide al Reino Unido que avance para intentar desbloquear la partida y que, al menos, el resultado final sea el de tablas. La soberanía, dicen todos, puede esperar. Y el mantra que se mantiene, al respecto, desde 2019, es el del área de prosperidad compartida, sin Verja que separe a ambos territorios.

La negociación del Tratado entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el estatus de Gibraltar en relación con el territorio Schengen se ha convertido en una partida de ajedrez cuyos cronómetros atisban el final de la partida: el 31 de diciembre de este año aparece como la fecha de caducidad para las negociaciones bilaterales –aunque con presencia española y gibraltareña en uno y otro bando– que entre el lunes y el martes vuelven a emprenderse en Londres. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, sabe que su carrera política puede sufrir jaque mate, en vísperas de que el próximo año vuelvan a celebrarse elecciones legislativas en el Peñón.

OPINIÓN | A tomar por saco Gibraltar

Más

De un lado, si Gran Bretaña acepta algunos de los condicionantes europeos, por mucho que se pregonara que dicha posibilidad no vulneraría las líneas rojas de la soberanía británica en la Roca, la opinión pública podría pensar lo contrario: especialmente, si se confirma la presencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad españoles en el control de pasaportes y de mercancías en el puerto y en el aeropuerto del Peñón. Por algo parecido, el carismático sir Joshua Hassan tuvo que dimitir tras firmar el acuerdo sobre el uso conjunto de dicha pista de aviación, suscrito por Londres y Madrid en 1987, con el beneplácito de aquel legendario ministro principal. Sin embargo, también Picardo correría peligro si las conversaciones sobre el Tratado fracasan y su comunidad se ve abocada a un Brexit duro que convertiría el paso por la Verja en un infierno, afectando de manera notable a la vida cotidiana de sus paisanos y de los trabajadores transfronterizos que, hoy por hoy, son esenciales para la economía local.

Los trabajadores transfronterizos

Ese es otro de los escollos, la igualdad plena de este colectivo y de los residentes –sean de la nacionalidad que sea— que viven y trabajan en el interior de Gibraltar. El pasado jueves 24, un día antes de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reuniera con los alcaldes y representantes institucionales del Campo de Gibraltar, la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar dirigió una carta al jefe de la diplomacia española reclamando fluidez en el paso fronterizo y cumplimiento de sus derechos laborales en el Peñón, sea cual sea el resultado de las negociaciones sobre el Tratado de Gibraltar.

El documento lleva fecha del 24 de noviembre pero ha sido dado a conocer en vísperas de la nueva ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se iniciaron este lunes en Londres y que presumiblemente concluirán este martes. A su juicio, no se está cumpliendo un compromiso ya explícito en los memorandos anteriores al Brexit: el de “defender, mantener y ampliar los derechos de los Trabajadores Españoles en Gibraltar”.

Entre las quejas de la Asociación, recogidas en la carta que firman su presidente Salvador Molina Sánchez y su secretario Javier Arias Marín, mencionan falta de información en materia laboral, salud, asuntos sociales, o una peculiar fórmula de contratación a la que se denomina popularmente como de “Cero horas”, por la que un empleado contratado tiene que quedarse en casa porque carece de cometido concreto y, por lo tanto, no percibe salario aunque oficialmente figure como trabajador en activo. A su juicio, se trata de un “procedimiento contradictorio que esclaviza, humilla y denigra al trabajador psicológicamente hasta enfermar y lo sufre también en su salario al estar en todo momento dependiente de la llamada puntual para trabajar que imponga la empresa; una práctica ésta no propio de llevarse a cabo en países modernos”.

A todo ello, se suman, según dicho escrito, ridículas o nulas prestaciones por enfermedad lo que se ha traducido recientemente en un caso con nombre y apellidos, el de Nais María Felipe, una linense de 27 años de edad, víctima de cáncer y que vive de una ayuda de 120 euros al no poder solicitar otra al encontrarse oficialmente en activo: “Los transfronterizos que enferman sólo perciben de prestación por enfermedad dos semanas de sueldo al 100% y cuatro semanas al 50% de paga y cuando la enfermedad es de larga duración como casos de cáncer o accidentes nuestros trabajadores no sólo no cobran nada después de lo previsto sino que tampoco pueden solicitar ningún tipo de prestación en España ni en Gibraltar al estar declarado como ”trabajador activo“ algo que no acontece a los residentes en Gibraltar pues allí si le pueden dar una prestación de su Welfare o Bienestar Social”.

Principio de acuerdo

Otro de los escollos a la negociación actual pasa por ser el de la aplicación a escala gibraltareña de las normas en materia de medio ambiente vigentes en la Unión Europea, así como la equiparación fiscal de ambos territorios y, lo que presumiblemente merecerá un acuerdo bilateral en el futuro, la situación de la base británica del Peñón, operada principalmente por la RAF y por la Royal Navy, pero donde también recalan, sobre todo en los últimos meses, sumergibles estadounidenses de carga o de propulsión nuclear. Precisamente, el partido ultraderechista Vox lleva este martes al Congreso una petición para que el Gobierno español convenza al británico de que no permita la estancia en la Roca de este tipo de unidades, so pretexto de que se trata de territorio español, aunque los británicos no lo vean de la misma forma.

A pesar de tan considerables obstáculos para el acuerdo final, la buena noticia es que el grueso del contenido del futuro Tratado ya tiene el beneplácito de ambas partes y que, tanto la delegación británica como la comunitaria o la de Gibraltar, hacen votos para un final feliz, después de un año y medio de conversaciones, interrumpidas por las tormentas en la política británica o por las controversias en torno al acuerdo de retirada de la Unión por parte del Reino Unido.

Hugh Elliott, embajador británico en España, visitará La Línea de la Concepción esta misma semana, probablemente el mismo día, el jueves 1, en que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se encuentre en la Refinería de Cepsa en San Roque para asistir al anuncio de un megaproyecto sobre hidrógeno verde.

El control de la frontera

Así las cosas, desde Gibraltar, hoy se insiste en que no hay fecha final para la negociación, que hay voluntad de acuerdo y que la Unión Europea y España deberían mostrarse más flexibles a la hora de soslayar algunas de las diferencias que les separan: la más visible, la presencia de agentes uniformados de la Guardia Civil o de la Policía Nacional supervisando a los viajeros que lleguen de Londres o de cualquier otro punto de partida hasta el puerto y el aeropuerto de la Roca, que se convertirían en fronteras Schengen.

A pesar de que España ha solicitado la intervención de Frontex, esta agencia, salvo en caso de conflicto, sólo aportaría personal técnico y dicha supervisión tendría que correr a cargo de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del país signatario del acuerdo que liberalizó las fronteras interiores de la Unión. Difícilmente, España podría aceptar que dichas funciones las realizaran los gendarmes franceses o los carabineros italianos. Pero a los gibraltareños les va a resultar amargo contemplar a los picoletos y a los maderos realizando estas tareas en su territorio, por más que su cometido se reduzca a esos controles y no a cualquier otro supuesto delictivo que pueda suscitarse en derredor. Quizá la solución final pase por servicios mixtos en los que puedan participar agentes gibraltareños o británicos, al modo de los que ya existen en el Canal de la Mancha, a partir de un acuerdo bilateral entre Gran Bretaña y Francia.

“No hay absolutamente nada que indique que el Reino Unido o Gibraltar estarían dispuestos a conceder que alguien debería controlar las fronteras de Gibraltar que no sean Gibraltar –señaló Fabian Picardo en el Parlamento de Gibraltar, el pasado viernes–. Nunca concederemos eso”. Sin embargo, también añadió: “No hay nada que sugiera que Gibraltar busque controlar la frontera Schengen”, que correspondería a los países miembros de Schengen.

No es probable que la décima ronda de negociaciones de estos días en la capital británica vaya a ser la última y es difícil que haya fumata blanca definitiva antes del 31 de diciembre de 2022, justo dos años después del llamado Acuerdo de Nochevieja, que sustenta este proceso. Y es que aunque el contenido del Tratado pueda consensuarse antes de fin de año, es presumible que la redacción del mismo se retrase hasta bien entrado el año próximo, toda vez que necesitaría a su vez de diversas ratificaciones parlamentarias.

Intacta la soberanía

Durante el debate parlamentario celebrado el pasado viernes, Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, insistió en que en ningún caso se producirían cambios en el estatus actual del Peñón y máxime en cuestiones relativas a la soberanía. El líder de la oposición, Keith Azopardi, de Gibraltar Social Democrats ofreció el apoyo de la oposición tanto en la búsqueda de un acuerdo seguro y beneficioso para Gibraltar, como en el caso de que no se alcance dicho acuerdo y se produzca un Brexit duro, lo que todas las partes, hoy por hoy, rechazan.

Para Azopardi, las declaraciones del ministro español José Manuel Albares al finalizar el encuentro con los alcaldes y representantes institucionales de la comarca celebrado el pasado viernes, constituían una “provocativa” declaración política, sin efectos legales, y que respondería al intento español de “subir la apuesta” en el tramo final de este proceso.

Picardo, en su respuesta a Azopardi, coincidió con estas últimas apreciaciones: “Creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que a medida que nos acercamos al final de la negociación, las partes obviamente comenzarán a subir un poco la apuesta con el fin de finalizar la negociación de una manera que puedan considerar más o menos ventajosa para ellas y para la otra parte, respectivamente”, dijo.

Si las palabras pronunciadas el viernes por Albares iban fundamentalmente dirigidas al mercado interno español, las de Picardo, ese mismo día, también guardaban un propósito similar: “Esta no es una negociación con España –recordó–. Es una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y puedo darle la confianza de que en todas las discusiones que hemos tenido y hemos asistido, la cuestión de la soberanía no ha sido planteada por la Unión Europea”, afirmó en referencia directa al líder de la oposición.

En busca de certezas

“La cuestión del estatus no ha sido planteada por la Unión Europea –insistió–. Y nunca me sentaré con nadie a negociar la soberanía de Gibraltar. La soberanía de Gibraltar es solo del pueblo de Gibraltar. No es negociable”.

En esta décima ronda negociadora, que se celebra en Londres, las dos partes han puesto sendos documentos encima de la mesa: “España y la UE están preparadas –afirmó Albares en una comparecencia ante los periodistas, tras su reunión con los alcaldes–. Ahora le toca al Reino Unido decir si están listos para llegar a un acuerdo”.

“Lo que está claro es que no podemos permanecer en esta situación indefinidamente, creo que los ciudadanos del Campo, así como los de Gibraltar, tienen derecho a una mayor certeza”, señaló el ministro el viernes.

Así las cosas, el Reino Unido le pide flexibilidad a la Unión Europea y España le pide al Reino Unido que avance para intentar desbloquear la partida y que, al menos, el resultado final sea el de tablas. La soberanía, dicen todos, puede esperar. Y el mantra que se mantiene, al respecto, desde 2019, es el del área de prosperidad compartida, sin Verja que separe a ambos territorios.

La negociación del Tratado entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el estatus de Gibraltar en relación con el territorio Schengen se ha convertido en una partida de ajedrez cuyos cronómetros atisban el final de la partida: el 31 de diciembre de este año aparece como la fecha de caducidad para las negociaciones bilaterales –aunque con presencia española y gibraltareña en uno y otro bando– que entre el lunes y el martes vuelven a emprenderse en Londres. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, sabe que su carrera política puede sufrir jaque mate, en vísperas de que el próximo año vuelvan a celebrarse elecciones legislativas en el Peñón.

OPINIÓN | A tomar por saco Gibraltar

Más

De un lado, si Gran Bretaña acepta algunos de los condicionantes europeos, por mucho que se pregonara que dicha posibilidad no vulneraría las líneas rojas de la soberanía británica en la Roca, la opinión pública podría pensar lo contrario: especialmente, si se confirma la presencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad españoles en el control de pasaportes y de mercancías en el puerto y en el aeropuerto del Peñón. Por algo parecido, el carismático sir Joshua Hassan tuvo que dimitir tras firmar el acuerdo sobre el uso conjunto de dicha pista de aviación, suscrito por Londres y Madrid en 1987, con el beneplácito de aquel legendario ministro principal. Sin embargo, también Picardo correría peligro si las conversaciones sobre el Tratado fracasan y su comunidad se ve abocada a un Brexit duro que convertiría el paso por la Verja en un infierno, afectando de manera notable a la vida cotidiana de sus paisanos y de los trabajadores transfronterizos que, hoy por hoy, son esenciales para la economía local.

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