PP y Vox imponen su mayoría para proteger por ley la cruz franquista de Elche enarbolando la “libertad religiosa”

El bloque conservador que sustenta el Gobierno de Elche ha hecho valer su rodillo en el pleno municipal para sellar el destino de uno de los vestigios más polémicos de la dictadura en la provincia. En una sesión plenaria marcada por la tensión ideológica, PP y Vox han impuesto su mayoría absoluta para aprobar inicialmente la protección de la cruz del Paseo de Germanías —la antigua Cruz de los Caídos— bajo la figura jurídica de Bien de Relevancia Local (BRL).

Con este movimiento, el ejecutivo liderado por el popular Pablo Ruz no solo garantiza la permanencia del monumento en el espacio público, sino que utiliza el ordenamiento patrimonial para hacerlo prácticamente intocable frente a futuras aplicaciones de la Ley de Memoria Democrática. La decisión supone un portazo definitivo a las recomendaciones de organismos como el Defensor del Pueblo, que en años anteriores ya había señalado la necesidad de retirar este símbolo de exaltación del bando sublevado.

Un blindaje administrativo contra la memoria

La estrategia del equipo de gobierno ha consistido en despojar al monumento de su origen histórico mediante una narrativa de “concordia” y “neutralidad religiosa”. Según el ejecutivo, al carecer actualmente de las inscripciones originales de 1944, la cruz ha quedado “resignificada”. Sin embargo, para los sectores progresistas y las asociaciones memorialistas, esta interpretación es una artimaña administrativa para perpetuar un elemento que fue concebido específicamente para conmemorar la victoria franquista sobre la ciudad.

El blindaje como BRL eleva la cruz a un estatus de protección que complica cualquier intervención futura, convirtiendo un objeto de clara raíz política en un supuesto “hito patrimonial”. Esta maniobra ha sido duramente criticada por la oposición, que ve en ella un ejercicio de revisionismo histórico que antepone la agenda ideológica de la derecha a los principios de reparación y justicia democrática.

Reacciones: “Un refugio para la simbología de la dictadura”

El debate en el salón de plenos ha reflejado la fractura que este símbolo sigue provocando en Elche tras más de ocho décadas. Desde el Gobierno municipal, se ha defendido la medida como un acto de “libertad religiosa” y un fin a la “persecución de los símbolos cristianos”. PP y Vox han celebrado que la ciudad mantenga un elemento que, a su juicio, ya forma parte del paisaje urbano sin connotaciones políticas.

Desde la oposición (PSPV y Compromís), se ha denunciado el uso partidista de las instituciones. Han calificado el acuerdo de “atropello democrático” y han advertido de que proteger por ley una cruz franquista es una anomalía en una sociedad europea moderna, especialmente cuando se sitúa justo encima de un refugio antiaéreo que recuerda el sufrimiento de la población civil bajo las bombas del régimen que dicha cruz homenajeaba.