Carlos solicita el indulto alegando que la cárcel “no cumpliría” el fin que persigue
Nuevo movimiento en la partida legal que mantiene con la Justicia española Carlos Cano –el condenado, junto a Carmen Bajo, a tres años de cárcel por los hechos ocurridos durante su participación en un piquete el día de la huelga del 29M de 2012–: por una parte, pidió ayer oficialmente su indulto ante el Gobierno; por otra, volverá a recurrir ante la Audiencia Provincial de Granada su ingreso inmediato en prisión mientras no se resuelve aquél (una solicitud, esta última, denegada recientemente por el Juzgado de lo Penal nº1 de la localidad).
Se trata, en esencia, de evitar que Carlos ingrese en la cárcel al menos hasta que el Ministerio de Justicia decida o no conceder el indulto; algo que sería –según ha declarado su hermano Pedro a eldiario.es/Andalucía– “un alivio”, aun momentáneo, tanto para el condenado como para todo su entorno. Pedro Cano, además, dice “entender personalmente” que “si otra Audiencia Provincial suspendió la ejecución de condena por tráfico de influencias de un presidente de comunidad autónoma [en referencia a Jaume Matas], Carmen y Carlos deberían obtenerla también”. “Habrá que dar un poco de cancha a la Justicia para que nos deje recuperar la confianza en ella, ¿no?”, sugiere.
Respecto a Carmen, los abogados “siguen explorando recursos extraordinarios” (como el incidente de nulidad de actuaciones de la pasada semana) y “no descartan la petición de indulto” próximamente, una vez vencida la fecha –el pasado 31 de julio– que el juez le concedió de margen para atender “cuestiones familiares”.
Cano ha esgrimido en su petición al Gobierno español todo el respaldo social y político obtenido hasta la fecha. Según informa Stop Represión, “entre los documentos que acompañan a la solicitud” se encuentran las adhesiones del Parlamento andaluz (con una carta suscrita por todos los grupos de la Cámara) y del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, así como la del pleno del Ayuntamiento de Castro del Río –pueblo natal de Carlos–, refrendada también por todas las formaciones políticas.
Se incluyen asimismo las “más de 16.500 firmas” de solidaridad recogidas por Internet, y el apoyo de “ayuntamientos, diputaciones, asociaciones y sindicatos” que consideran “desproporcionada” la sentencia condenatoria. El decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, es otra de las personalidades que se han pronunciado en contra de la condena mediante un reciente artículo publicado en prensa.
“Un desafortunado incidente”
“Un desafortunado incidente”En la petición de indulto, Carlos señala que su entrada en la cárcel supondría ver “truncada toda una vida de esfuerzo y sacrificio por un hecho puntual”. “Y ni que decir tiene”, añade, “que la pena no cumpliría el fin” que se supone persigue, “habida cuenta de que no existe la menor posibilidad de reiteración de los hechos por los que fui condenado ni de cometer delito alguno en éste ni en ningún otro país” al tratarse “de un desafortunado incidente”.
Cano ya expresó, durante una de sus últimas comparecencias públicas, la “inutilidad” de la cárcel “para cualquiera”; aplicarla para tratar de “reinsertar” socialmente a quien no tiene en teoría ningún problema de inserción, puede ser, más allá de lo evidente, “gravemente perjudicial” –dice ahora– tanto para su familia como para su propio porvenir (el de un estudiante lidiando con las últimas asignaturas de la carrera de Medicina).
“Amén de carecer de antecedentes policiales”, subraya, “me he encontrado en todo momento a disposición de la Justicia facilitando mi identificación, he obtenido el apoyo y el perdón” de las personas perjudicadas, y “he reparado el daño causado” (extremo éste confirmado a este periódico por los dueños del bar en que se vivió el incidente: Carlos pagó el monto de los desperfectos causados por las pintadas que hizo aquella noche de huelga general).
