El juez rechaza el aplazamiento para la entrada en prisión de Carlos y Carmen
La plataforma de Castro del Río (el pueblo de Carlos) por la libertad de Carlos Cano y Carmen Bajo, los dos condenados a tres años de cárcel por su implicación de un incidente durante la huelga general de 2012, ha informado de la decisión del juez sobre la petición de ambos para aplazar su ingreso en prisión. Finalmente, el magistrado Manuel Piñar (titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada) ha fijado la entrada de Carmen para el próximo 31 de julio, a las 12.00 horas, mientras que no hay aplazamiento para Carlos, en cuyo caso se entiende que el ingreso podría ser en cualquier momento (como hasta ahora desde que el mismo juez hiciese efectiva la condena). De hecho, el auto dice literalmente “que es altamente probable que vuelva a delinquir”, según fuentes de la familia.
Piñar niega así a ambos la posibilidad de no entrar en la cárcel mientras se tramita la petición de indulto al Gobierno, en la que ya se está trabajando. Mediante la sentencia ejecutoria 267/2014, el juez sólo ha atendido la “petición alternativa” de Carmen de ingresar a finales del próximo mes con el fin de “reorganizar su entorno familiar”, ya que cuenta con un hijo adolescente a su cargo. La plataforma de Castro del Río dice “alegrarse” de que al menos “se tenga en cuenta” esa situación. Por su parte, Pedro Cano, el hermano de Carlos, ha dicho “entender” la decisión del juez, pero asegura asimismo que la familia “no va a parar hasta que se reconozca que la condena es injusta”.
Castro del Río (el pueblo natal de Carlos, en Córdoba, aunque su familia es originaria de Murcia) se ha venido volcando con los dos condenados, tanto en la calle (con multitudinarias reuniones entre los vecinos) como en el Ayuntamiento, cuyo pleno adoptó el pasado 4 de junio una serie de acuerdos sobre el caso, con el respaldo de todos los grupos políticos. En ellos, el Consistorio instaba al Gobierno de la nación “a la amnistía de Carlos y Carmen”, pidiendo para ello el respaldo del Parlamento andaluz. También animaba al “resto de ayuntamientos del Estado” a que adoptasen “acuerdos en términos similares”.
Por otra parte, convenía “apoyar cualquier moción de apelación al Tribunal Constitucional”, así como llamar al Gobierno “a considerar el indulto” para los dos condenados en caso de que así fuera preciso.
