Los cargos de confianza de la Junta de Andalucía se rebelan contra la orden de fin del confinamiento para más de 500 empleados públicos

El fin del confinamiento para los altos cargos, el personal eventual y los funcionarios con servicios esenciales de la Junta de Andalucía supondrá la vuelta escalonada al trabajo de más de 500 personas a partir del lunes, confirman desde la Consejería de Presidencia. Son los puestos políticos y los directivos de máximo nivel, pero también todo el staff que conforma sus gabinetes: asesores, vocales, técnicos, periodistas, personal de protocolo... Empleados públicos de las 11 consejerías del Gobierno, las delegaciones en las ocho provincias, así como en las gerencias, consorcios y direcciones del sector público instrumental.

El mensaje político es claro: hay que retomar la actividad política y de gestión administrativa. A muchos les ha sorprendido esta medida, incluidos los sindicatos de la función pública, que han mostrado su estupor por que el Ejecutivo andaluz levante su confinamiento después de que el Gobierno central anuncie la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Pero también, porque la curva de contagios y fallecidos por coronavirus en Andalucía sigue creciendo.

La decisión de la Junta debe enmarcarse en el contexto político actual. Tanto la dirección nacional del PP como la de Ciudadanos, socios en el Ejecutivo andaluz, han presionado al presidente Pedro Sánchez para recuperar la normalidad parlamentaria en el Congreso. Los populares amagaron el martes con llevar a todos sus diputados a la sesión de este jueves en la Cámara Baja, aunque finalmente lo descartaron. En el debate de hoy, el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a exigir a Sánchez que retome la actividad parlamentaria regular, que “no deje en suspenso la democracia”, y el presidente le ha respondido que la situación del Congreso es análoga a la que existe en los parlamentos autonómicos de Andalucía, Madrid y Murcia, donde gobiernan en coalición PP y Cs.

Con este trasfondo, los socios de la Junta han optado por hacer en Andalucía lo que sus líderes nacionales exigen en Madrid desde la oposición. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), propuso el miércoles retomar la actividad en la Cámara, incluido las sesiones de control al Gobierno. Y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció horas después que acudirá al Parlamento “a petición propia” para dar cuenta de su gestión en la crisis sanitaria y para someterse a las preguntas de la oposición. Ambos anuncios se hicieron apenas 24 horas antes del cara a cara entre Sánchez y Casado en el Congreso de los Diputados. PSOE y Adelante Andalucía llevaban semanas exigiendo esta comparecencia, pero Moreno ha rehusado hacerlo alegando que “ya habrá tiempo para la contienda política”.

El Parlamento andaluz está en servicios mínimos desde que se decretó el estado de alarma. Eso ha evitado las sesiones de control al Gobierno de Moreno, pero no que se aprobase un decreto ley de gran trascendencia, que ha modificado de una tacada 21 leyes y seis decretos, y que avanza en la liberalización del mercado y suprime permisos medio ambientales para la urbanización y la construcción de campos de golf.

Sin instrucciones por escrito

El problema es que la orden de poner fin al confinamiento ha generado mucha incertidumbre entre los cargos de confianza de la Junta, incluso entre los más próximos a la cúpula del poder ejecutivo. De momento, la decisión es una “orden verbal” anunciada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del miércoles. El fin del confinamiento para la plantilla eventual de la Junta de Andalucía no aparece entre las decisiones adoptadas ese día por el gabinete de Moreno.

Desde la Oficina del Portavoz aclaran que esa orden “no aparecerá publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)”, aunque no descartan que se remita “una instrucción aclaratoria por escrito” de aquí al lunes, cuando han sido llamados a reincorporarse a sus puestos ese medio millar de empleados públicos. El anuncio de Marín ha cogido por sorpresa a muchos de los afectados, que admiten su “desconcierto”, “estupor”, “nerviosismo” e “indignación” por tener que “saltarse el confinamiento” y “exponerse al contagio de coronavirus”. A quienes han expresado estas dudas a sus jefes les han aclarado que el lunes les proveerán de material sanitario de protección (guantes y mascarillas).

Este periódico ha hablado con una docena de trabajadores eventuales de todos los departamentos de la Junta, testando la “falta de coordinación” y la “falta de unidad de acción” en la decisión anunciada por el vicepresidente. Incluso entre el personal de confianza de más alto nivel hay recelos a “abrir la mano en este momento, con 9.000 infectados y la curva de contagios y fallecidos subiendo”: “Es una decisión política con el único objeto de querer ir por delante del Gobierno central”; “Es una decisión partidista, para dar cobertura al discurso de Casado, no se ha pensado en la institución ni en sus trabajadores”; “Es inoportuno anunciar esto el día con mayor número de muertes registradas por coronavirus [77 fallecidos el miércoles] y cuando acabas de endurecer el plan de contingencia porque esperas llegar a los 15.000 contagios en unos días”; “No tiene sentido exigir prudencia al Gobierno central y pedirle que no ponga en riesgo a la población con el fin del confinamiento del 26 de abril, y acto seguido ordenar la reincorporación de tus trabajadores”; “Con los funcionarios no se atreven a hacer esto, porque saben que los sindicatos se les echarían encima”.

A falta de una instrucción clara, el órgano de dirección de cada consejería ha “interpretado” las palabras de Marín “a su manera” y transmitido a sus empleados una directriz distinta: a algunos se les ha ordenado que acudan a su puesto de trabajo el lunes; a otros se les ha emplazado a “seguir en sus casas” y “esperar unos días”; los hay que ya acudían casi diariamente a San Telmo -sede de la Junta- y los que han acordado con sus jefes seguir con el teletrabajo desde sus domicilios. “Sabemos que los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales tendrán que hacer acto de presencia, porque son los cargos más políticos. De ahí para abajo es un poco caos, cada uno se está buscando la vida”, explica un alto cargo del Gobierno andaluz, que enmarca la iniciativa en el “discurso político del momento”, pero minimiza “las consecuencias reales de la medida”. “Los que ya estaban acudiendo a San Telmo lo seguirán haciendo, y los que no, no”, añade.

Muchos casos excepcionales

En realidad fue el propio Marín quien matizó mucho la orden de poner fin al confinamiento del personal de confianza de la Junta, cuando añadió un margen para la “excepcionalidad”: quien tenga dificultades familiares que hagan incompatible su reincorporación, como padecer alguna enfermedad, o quien conviva con una persona de riesgo, como un mayor o un pariente con alguna dolencia. En esta situación, por ejemplo, hay incluso dos miembros del Consejo de Gobierno que seguirán sin incorporarse a la reunión semanal presencial de los lunes, de la que participarán desde sus casas por vía telemática.

La duda que pesa sobre la mayoría de los empleados consultados es si la orden “verbal” de levantarles el confinamiento “entra en conflicto” con el Real Decreto del Gobierno del 14 de marzo en el que declara el estado de alarma, y con la orden de la propia Junta de Andalucía, publicada en BOJA el 15 de marzo, en el que se determinan los servicios esenciales de la Administración andaluza con motivo de las medidas excepcionales para contener el COVID-19. Además, el decreto de estado de alarma del Gobierno especifica que el trabajo presencial será sustituido por el teletrabajo en todos los casos que sea posible. En la Oficina del Portavoz, por ejemplo, trabajan 109 eventuales (muchos de ellos periodistas y asesores) que consideran que su labor pueden seguir haciéndola “perfectamente” desde casa, “sin necesidad de arriesgarse al contagio”.

Desde Presidencia advierten de que “no es necesario que el desconfinamiento del personal eventual de la Junta aparezca en el BOJA, porque ya son considerados trabajadores esenciales y tienen disponible un certificado del secretario general técnico para salir a la calle y acudir a su puestos de trabajo”. Entre el personal de la Administración en servicios mínimos, la Junta incluyó a los responsables del acceso, vigilancia, seguridad, limpieza y mantenimiento de los edificios oficiales del Gobierno, que abrirán sus puertas a los más de 500 cargos políticos y de confianza que a partir del lunes cambiarán el teletrabajo por el trabajo presencial.

Desde el Gobierno central tampoco ha habido ningún pronunciamiento en contra de esta iniciativa. El artículo 6 del decreto de estado de alarma deja claro que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente”.

Al adelantar el fin del confinamiento entre los empleados públicos de la Junta, los sindicatos de la función pública han elevado la voz de protesta enseguida. CCOO y UGT han tildado la iniciativa de “desconcertante para la población y poco leal con el posicionamiento del Gobierno Central de alargar el estado de alarma hasta el 26 de abril”. La Secretaría General para la Administración Pública de la Junta se ha precipitado a responder que su compromiso es pactar con los sindicatos la “progresiva reincorporación presencial” del personal de la Administración General y de las entidades instrumentales. “Esta paulatina vuelta a la actividad política y administrativa presencia” se producirá siempre “dentro del marco estricto del estado de alarma y garantizando en todo caso las medidas de seguridad y protección que sean necesarias”, dice Ana Vielva, secretaria general de Administración Pública.