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Sindicato de qué clase

Méndez, convencido no hubo irregularidades en las supuestas facturas falsas

Cándido Méndez

Hasta ahora tenía la seguridad de que UGT era un sindicato de clase, aunque ahora mismo no sabría yo decirles de qué clase es, a tenor de los últimos datos que la Brunete mediática -y su jueza afín- nos han dado a conocer, para gran dolor de nuestro corazón y gran regocijo por su parte. Hasta tal punto se nos han caído los palos del sombrajo que ya hemos empezado a dudar de si las siglas significan Unión General de Trabajadores o Unte Generoso para Trapisondistas.

Y es que, para nuestra propia desolación, cada día son más plausibles las acusaciones de que en algún sector del sindicato hermano hay eximios luchadores obreros que han cambiado los farias de la tierra por Cohibas, pagados por todos nosotros, que más que hermanos parecemos unos primos. Así se deduce de la última actuación judicial (merecedora de un ‘oscar’, por lo menos) en el marco de la ‘Operación Heracles’, en el que la titular de la escena, Mercedes Alaya, ha dado en encarcelar a varios sindicalistas por meter la mano en el cajón de los ERE con diversas triquiñuelas y en el de la Junta con facturas falsas.

La jueza, ere que ere, sigue con los doce trabajos de su colega semidios que ha dado nombre a la movida policial, y tras limpiar los establos de Augías y matar al león de Nemea y despojarle de su pellejo, se propone ahora acabar con la hidra de siete cabezas. Mejor dicho, de seis cabezas, ya que tras tirarse al cuello de la Junta, del PSOE, de UGT, de Comisiones  Obreras, de las aseguradoras y de las empresas filosocialistas, se ha quedado sin fuerzas para cortar la séptima, que es la de los empresarios  muy populares, entre ellos dos hermanos de la ministra Báñez, que han visto como sus causas se quedaban en agua de borrajas por haber prescrito sus presuntos delitos. Una casualidad, vaya por Dios.

A pesar de este deprimente detalle, no quisiera yo dar a entender que no se deba actuar contra estos líderes sindicales manos largas que, a fuerza de creerse algo, han creído que de mayores podrían ser como los dirigentes del PP, que cogen los sobresueldos para mejor servir a España.

Sección sindical del PP

Lo que sí podría hacer el sindicato, para recuperar su buen nombre, es no hacernos pasar por estas vergüenzas y cortar por lo sano tan desagradable y peligrosa situación, que al final será el sindicalismo el principal perjudicado, para alegría del PP y de la patronal, y perdonen la redundancia. Para ello, tiene UGT dos soluciones posibles. La primera, convertirse en la sección sindical del Partido Popular, que allí sí que se defiende la honorabilidad de los sospechosos, además ponerles un sueldo y/o pagarles los abogados. Y si no, véanse los casos de Bárcenas, Fabra, Camps o Martín Serón, el alcalde de Alhaurín el Grande.

La segunda solución sería intervenir la federación andaluza, nombrar una gestora y mirar las cuentas con lupa. Pero, sobre todo, lo que no hay que hacer es lo que han hecho Francisco Fernández, flamante secretario de UGT Andalucía, que anunció ufano que había destinado 108.000 para reponer los fondos cobrados indebidamente (si los hubiera), y Cándido Méndez, responsable nacional del sindicato, que rebajó a errores administrativos las facturas falsas en las que en vez de poner ‘una de gambas y otra de langostinos’ se podía leer ‘curso de manipulador de alimentos’, que viene a ser lo mismo. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, hace hecho honor a su nombre.

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