Niñas y niños complementarios: el desprecio de la Junta a los menores más necesitados y a sus cuidadoras

Para la Junta de Andalucía, atender en los centros educativos las necesidades especiales de una niña o un niño con espina bífida, parálisis cerebral, algún trastorno del espectro autista o sordera profunda no pasa de una simple cuestión accesoria, “complementaria”, igual que el comedor o las clases extraescolares. Y eso a pesar de que más de cien sentencias judiciales dicen lo contrario, que se trata de un servicio esencial. Al Gobierno de Juan Manuel Moreno, no obstante, le da igual, y una vez más convierte en cruel norma el desprecio a los menores más necesitados.

La estrategia, en este caso, es la habitual: maltratarlos a través de las profesionales a su cargo. La precarización a la que se ven sometidas las PTIS (el personal técnico de integración social) ha llegado este curso a un extremo inconcebible, como pueden leer, seguramente con un nudo en la garganta, en este sobrecogedor reportaje.

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce un centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones

Esas PTIS tienen reivindicaciones tan extravagantes como que se les haga personal laboral de la Junta, tal y como reconoce ese centenar largo de sentencias. Hasta ahora viven sometidas a cambios constantes de contratos y condiciones, a veces a lo largo de un mismo curso, según la subcontrata a la que se le adjudique el servicio. Por desgracia, la Consejería de Educación y Deporte está al cuidado (es un decir) de Javier Imbroda, cuyo sadismo resulta digno de estudio. De hecho, con la intención de castigar a estas profesionales por su desvergüenza, no duda en trasladarlas sin aviso previo a otros centros educativos, aunque estén a dos horas de distancia en coche, aunque sea para trabajar solo tres horas y aunque suponga el repentino abandono de esas niñas y niños que las necesitaban para comer, para cambiarles los pañales o para ayudarles a relacionarse con otros pequeños. Que las necesitaban, en definitiva, para cuidarles, y con las que ya tenían establecido un vínculo fundamental. Es una dinámica idéntica a la de las ILSE, las intérpretes en lengua de signos española (aquí pueden leer un testimonio en primera persona de una de esas intérpretes).

Todos esos desmanes resultan posibles al considerar su labor bajo la categoría administrativa de “complementaria”, tal y como recoge el decreto que ahora prepara la Junta de Andalucía y que ha terminado de sublevar a estas trabajadoras (la inmensa mayoría son mujeres).

Se diría que en Andalucía los derechos humanos no rigen cuando se trata de según qué menores. Lo vimos ya cuando la Junta intentó cerrar en falso la muerte de Ilias Tahiris en un centro de reforma juvenil de Almería, lo que destapó la práctica habitual de métodos violentos e innecesarios. Lo vimos con el cierre sorpresivo del último centro de menores infractores de gestión pública (aquí también pueden leer un testimonio en primera persona). Cuesta imaginar el ensañamiento con el que un Gobierno autonómico de una democracia avanzada se ceba con los menores más vulnerables. Solo alguien sin un mínimo de sensibilidad humana puede alentar y legislar para favorecer esos atentados contra la más elemental dignidad humana, que es exactamente lo que hacen Moreno e Imbroda.

Claro que siempre tendrán la excusa de que, en el fondo, simplemente están aplicando las mismas políticas que iniciaron los gobiernos socialistas en Andalucía. Y en eso, sí, llevarán razón, por mucho que ahora los sindicatos mayoritarios pasen por ahí de puntillas. De aquellos polvos estos lodos y, entre tanto, cientos de niñas y niños son tratados como “complementarios”. Por decreto, si hace falta.