El virus y las posibles responsabilidades

Una de las señas de identidad de cualquier sociedad democrática es la existencia inseparable del concepto de poder y del concepto de responsabilidad. No hay poder democrático sin responsabilidad en el ejercicio del poder –salvo el Jefe del Estado en el artículo 56.3 CE-. La regla es el control y la responsabilidad de los órganos del poder que derivan de la fiscalización por parte de la comunidad o de unos órganos respecto de otros. No hay poder irresponsable y, si alguna autoridad lo es, significa que carece de poder o de prerrogativa en una sociedad democrática. No se trata aquí de insistir en lo ya sabido. Lo cierto es que entra dentro de la más absoluta normalidad democrática debatir sobre la posible responsabilidad de los gobiernos en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Es inevitable y hasta sano.

En el caso español, tiene sentido hablar de la responsabilidad de los gobiernos y no del gobierno. Y es que el Estado de bienestar que disfrutamos se ha desplegado en un escenario descentralizado, ofreciendo una diversidad de experiencias en el funcionamiento de los servicios educativos, sociales y también sanitarios. Esa diversidad refleja diferentes preferencias sociales –también de gasto- en distintos lugares y distintas opciones legítimas de Gobierno. A día de hoy, las potestades que las comunidades autónomas ejercen sobre la organización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios son especialmente intensas (así, STC 31/2010). Cierto es que el reciente decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma establece que, durante su vigencia, la única autoridad competente es el gobierno de la Nación y designa como autoridades delegadas a los ministros de interior, defensa, sanidad y transportes. Como únicas autoridades competentes, el presidente y los citados ministros pueden dar órdenes e instrucciones a todos los funcionarios y agentes de todas las Administraciones Públicas. Todas las fuerzas de seguridad y personal sanitario quedan bajo sus órdenes. Pero el decreto no supone invasión de competencias autonómicas ni locales, sino suspensión temporal, limitada a muy concretos ámbitos, del sistema de distribución competencial. No es un 155 encubierto. Cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco, eso sí, de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma. El denominado mando único no es la única autoridad que gestiona ni, por consiguiente, eventualmente la única sujeta a responsabilidad. El mando único tiene, sin duda, un gran peso en la gestión de la crisis, pero no es el único responsable y son muchos los que contribuyen y alimentan la confusión, en muchas ocasiones, buscando réditos.

De otra parte, y entrando algo más en el fondo, sería deseable que los expertos en virología, epidemiología, médicos y hospitales estuvieran tan presentes en los medios de comunicación como estuvieron los economistas en la crisis del 2008. Con satisfacción vemos que sí han empezado a aparecer los que, por conocimiento y experiencia, tienen que guiarnos. Nuestros expertos pueden dar a la población una información fidedigna y de calidad. Las aportaciones y opiniones de los servicios de microbiología de los hospitales deberían ser escuchados con la máxima atención. Y, por supuesto, los cuadros médicos de los hospitales y ambulatorios. Tal vez así, la información sesgada, los bulos y mentiras tendrían más dificultades de expansión. Estamos perdiendo a muchos seres queridos y no nos merecemos que nos traten de engañar o manipular.

En una entrevista reciente al virólogo Daniel Scott-Algara (El Periódico, 23 de marzo) del Instituto Pasteur de Paris se le formuló la pregunta ¿Qué le hizo pensar en enero que la cosa pintaba mal? Y el experto virólogo responde: al haber un periodo de incubación de 14 días, si hay 10 casos, deben multiplicarse por 100 para saber que realmente hay mil casos. Aun con medidas para frenar la propagación, con 10 casos declarados ya era bastante tarde.

Otros expertos sugieren que, si la tasa de mortalidad del virus es del 1%, el número de infectados podría estimarse multiplicando el número de fallecidos por 100. Esto daría que el 25 de febrero habría en España unos 900 infectados (9 infectados detectados, según el Ministerio de Sanidad). Si atendemos los razonamientos de Daniel Scott-Algara, en esa fecha ya íbamos tarde en la prevención de la expansión del coronavirus. Si esto fuera realmente así, habría que considerar que los gobiernos tenían pocas posibilidades de parar la pandemia de un virus que ha podido extenderse durante días de forma silenciosa.

Corea del Sur sí ha podido amortiguar el crecimiento de la pandemia. Empezó antes y tiene unos 9000 infectados detectados. Pero en Corea se dieron unas circunstancias especiales. Es un país con buena economía para sufragar los gastos de análisis masivos y dispone de empresas muy fuertes en el sector biosanitario. Una de ellas, Seegene, pudo desarrollar un kit de detección de la presencia del ARN del coronavirus en solo tres semanas. Usaron robots para automatizar y acelerar el trabajo experimental, un superordenador y programas de inteligencia artificial. Además, han conseguido el permiso de comercialización en solo una semana, cuando estos trámites vienen a tardar más de un año. Y las empresas españolas tampoco están paradas. Algunas, como PharmaMar o Qiagen, ya han anunciado en este mes de marzo el desarrollo con éxito de kits de detección. También hay grupos españoles de investigación desarrollando una futura vacuna.

Con todo ello no queremos asegurar que los gobiernos lo hayan hecho bien. Lo que subrayamos es que, por diferentes motivos, tenían muy difícil hacerlo bien. De hecho, en la misma entrevista ya aludida, Daniel Scott-Algara asegura respecto a España: viendo lo que ocurrió en China, no se podía esperar que los casos fueran muy pocos, a menos que se pusiera una barrera de acero para impedir que el virus cruzara de un país a otro.

Sabiendo lo que sabemos ahora, para exigir una actuación virtuosa de cualquier gobierno habría que atender a algunas preguntas clave. Como no tenemos vacuna ¿cuándo se debería haber decretado la paralización de todas las actividades sociales, como las lúdico-deportivas? ¿Cuándo la paralización de derechos ciudadanos, como las manifestaciones? ¿Cuándo la paralización del transporte global, incluidos aeropuertos? ¿Cuándo el confinamiento de las personas en sus casas? No hay una respuesta clara (¿tal vez en febrero?). Pero sí podemos preguntarnos si España actuó tarde respecto a otros países europeos con mayor desarrollo científico, y la respuesta es no. Aunque tiempo habrá para investigar esta cuestión a través de cauces políticos una vez pasada la crisis. Un deseo para cuando lo hagan: no se maten entre ustedes, desgraciadamente eso ya lo hace el virus.