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Gobierno y Junta de Andalucía pactan salvar las filiales de Abengoa que tienen carga de trabajo

Consuelo Durán

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De los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía no puso y que abortaron el plan de rescate de Abengoa hace dos años, a los 249 que no puso tampoco la pasada semana la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) en el enésimo intento de salvación, las dos administraciones han cedido. Han podido las presiones de una empresa que da trabajo a más de 8.000 personas -llegaron a ser más de 11.000- y han acordado la tarde de este lunes crear un grupo de trabajo para intentar reflotar una multinacional que ha sido buque insignia de la escasa industria del sur.

Los comités de empresa de Abengoa se encierran "hasta que haga falta" al no concretarse su rescate

Saber más

El de este lunes ha sido un encuentro de última oportunidad con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero en funciones de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la dirección de la empresa, respaldado por una plantilla que se ha concentrado a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para presionar en busca de una salida: “Abengoa solución”, se han desgañitado. 

Con “carga de trabajo”

“La reunión tenía que salir bien y ha salido bien”, ha dicho el alcalde, después de concluir un encuentro que ha empezado a las cuatro de la tarde y ha terminado con el compromiso de crear un grupo de trabajo de carácter técnico para estudiar un plan de viabilidad que permita reflotar a esta empresa de más de 80 años y que lleva más de siete encadenando rescates.

La ministra, por su parte, ha reafirmado el “compromiso firme” del Gobierno de España con las empresas “que tienen carga de trabajo”, dentro de la multinacional cuya matriz es Abengoa, controlada por un grupo de accionistas minoritarios, pero que cuenta con decenas de filiales -muchas sin actividad- y que a su vez echan un pulso a la principal. “Hay que acotar el perímetro”, ha insistido la ministra, consciente de la necesidad de medir el riesgo con el dinero público de una firma, “vanguardia en la lucha contra el cambio climático”, pero que ha generado desconfianza entre las administraciones los últimos años y por eso ha impedido llegar al rescate que piden desde antes de la pandemia.

La cuestión, eso sí, es que no se ha hablado de cuánto dinero tendrían que poner las administraciones, que hasta ahora se han negado con argumentos a hacerlo pero que sí cuentan con instrumentos para ello. Sin embargo, desde el Gobierno de España pretenden que la Junta de Andalucía tome parte activa en el rescate, aportando también liquidez, que es lo que la empresa necesita, “como han hecho otras comunidades autónomas”.

El punto de partida ahora es que la filial Abenewco 1 debe presentar un plan de viabilidad distinto al que elevó a la SEPI, es decir, sin contar con los 249 millones de euros que pidió la última vez ni con los 200 que pondría el fondo estadounidense Terramar. La amenaza que se cierne sobre la empresa, porque la prórroga del concurso de acreedores expiró el pasado 1 de julio esperan que se disuelva con esta unidad mostrada por las administraciones, en el sentido de que genere cierta confianza entre las entidades -sobre todo bancos- que le reclaman más de 6.000 millones de euros.

Fuga de profesionales y desconfianza

En este sentido, en los últimos meses, esta multinacional, “que tiene un 'know how' capaz de atrapar proyectos de máxima envergadura en distintos países, ha visto comprometidos la mayoría por esta crisis y por la falta de avales”, según explican desde la empresa. Otra amenaza: en los últimos meses se ha visto perjudicada por la fuga de cerebros, cuando precisamente el capital humano se había convertido en una de sus bazas.

De este modo, esta ingeniería ha desarrollado algunos proyectos pioneros en el mundo, como desaladoras nunca antes construidas o innovadoras centrales de energía termosolar, pero la mala gestión de sus directivos la ha ido haciendo perder cada vez más la confianza de los encargados de financiar estas infraestructuras y la ha puesto al borde de la mayor quiebra de una empresa en la historia de este país.

Entre los trabajadores ha cundido cierta esperanza porque si hasta el momento las administraciones miraban para otro lado a la hora de implicarse en su salvación, como cuando la Junta de Andalucía negó el aval que hace dos años habría facilitado el rescate o cuando la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, no la ha incluido en el último reparto del Fondo de Ayudas a la Solvencia de Empresas Estratégicas la pasada semana, esta vez han decidido ir de la mano. No ha pasado desaparcibido, de hecho, el gesto del consejero, ya en funciones y elegido en su día por un partido (Ciudadanos), que se ha quedado sin representación parlamentaria, y que no ha dudado en agradecer a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla por el PSOE, “su implicación”, dado que ha sido quien ha peleado por esta reunión.

En paralelo, horas antes de la misma, el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, confirmaba la presentación de un recurso y una propuesta de convenio para una “solución global e inmediata” que impida la liquidación. Comprometería un respaldo de más de 200 millones de euros como alternativa al plan con Terramar, que es por el que apostaba Abenewco 1.

De los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía no puso y que abortaron el plan de rescate de Abengoa hace dos años, a los 249 que no puso tampoco la pasada semana la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) en el enésimo intento de salvación, las dos administraciones han cedido. Han podido las presiones de una empresa que da trabajo a más de 8.000 personas -llegaron a ser más de 11.000- y han acordado la tarde de este lunes crear un grupo de trabajo para intentar reflotar una multinacional que ha sido buque insignia de la escasa industria del sur.

Los comités de empresa de Abengoa se encierran "hasta que haga falta" al no concretarse su rescate

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El de este lunes ha sido un encuentro de última oportunidad con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero en funciones de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la dirección de la empresa, respaldado por una plantilla que se ha concentrado a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para presionar en busca de una salida: “Abengoa solución”, se han desgañitado. 

Con “carga de trabajo”

“La reunión tenía que salir bien y ha salido bien”, ha dicho el alcalde, después de concluir un encuentro que ha empezado a las cuatro de la tarde y ha terminado con el compromiso de crear un grupo de trabajo de carácter técnico para estudiar un plan de viabilidad que permita reflotar a esta empresa de más de 80 años y que lleva más de siete encadenando rescates.

La ministra, por su parte, ha reafirmado el “compromiso firme” del Gobierno de España con las empresas “que tienen carga de trabajo”, dentro de la multinacional cuya matriz es Abengoa, controlada por un grupo de accionistas minoritarios, pero que cuenta con decenas de filiales -muchas sin actividad- y que a su vez echan un pulso a la principal. “Hay que acotar el perímetro”, ha insistido la ministra, consciente de la necesidad de medir el riesgo con el dinero público de una firma, “vanguardia en la lucha contra el cambio climático”, pero que ha generado desconfianza entre las administraciones los últimos años y por eso ha impedido llegar al rescate que piden desde antes de la pandemia.

La cuestión, eso sí, es que no se ha hablado de cuánto dinero tendrían que poner las administraciones, que hasta ahora se han negado con argumentos a hacerlo pero que sí cuentan con instrumentos para ello. Sin embargo, desde el Gobierno de España pretenden que la Junta de Andalucía tome parte activa en el rescate, aportando también liquidez, que es lo que la empresa necesita, “como han hecho otras comunidades autónomas”.

El punto de partida ahora es que la filial Abenewco 1 debe presentar un plan de viabilidad distinto al que elevó a la SEPI, es decir, sin contar con los 249 millones de euros que pidió la última vez ni con los 200 que pondría el fondo estadounidense Terramar. La amenaza que se cierne sobre la empresa, porque la prórroga del concurso de acreedores expiró el pasado 1 de julio esperan que se disuelva con esta unidad mostrada por las administraciones, en el sentido de que genere cierta confianza entre las entidades -sobre todo bancos- que le reclaman más de 6.000 millones de euros.

Fuga de profesionales y desconfianza

En este sentido, en los últimos meses, esta multinacional, “que tiene un 'know how' capaz de atrapar proyectos de máxima envergadura en distintos países, ha visto comprometidos la mayoría por esta crisis y por la falta de avales”, según explican desde la empresa. Otra amenaza: en los últimos meses se ha visto perjudicada por la fuga de cerebros, cuando precisamente el capital humano se había convertido en una de sus bazas.

De este modo, esta ingeniería ha desarrollado algunos proyectos pioneros en el mundo, como desaladoras nunca antes construidas o innovadoras centrales de energía termosolar, pero la mala gestión de sus directivos la ha ido haciendo perder cada vez más la confianza de los encargados de financiar estas infraestructuras y la ha puesto al borde de la mayor quiebra de una empresa en la historia de este país.

Entre los trabajadores ha cundido cierta esperanza porque si hasta el momento las administraciones miraban para otro lado a la hora de implicarse en su salvación, como cuando la Junta de Andalucía negó el aval que hace dos años habría facilitado el rescate o cuando la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, no la ha incluido en el último reparto del Fondo de Ayudas a la Solvencia de Empresas Estratégicas la pasada semana, esta vez han decidido ir de la mano. No ha pasado desaparcibido, de hecho, el gesto del consejero, ya en funciones y elegido en su día por un partido (Ciudadanos), que se ha quedado sin representación parlamentaria, y que no ha dudado en agradecer a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla por el PSOE, “su implicación”, dado que ha sido quien ha peleado por esta reunión.

En paralelo, horas antes de la misma, el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, confirmaba la presentación de un recurso y una propuesta de convenio para una “solución global e inmediata” que impida la liquidación. Comprometería un respaldo de más de 200 millones de euros como alternativa al plan con Terramar, que es por el que apostaba Abenewco 1.

De los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía no puso y que abortaron el plan de rescate de Abengoa hace dos años, a los 249 que no puso tampoco la pasada semana la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) en el enésimo intento de salvación, las dos administraciones han cedido. Han podido las presiones de una empresa que da trabajo a más de 8.000 personas -llegaron a ser más de 11.000- y han acordado la tarde de este lunes crear un grupo de trabajo para intentar reflotar una multinacional que ha sido buque insignia de la escasa industria del sur.

Los comités de empresa de Abengoa se encierran "hasta que haga falta" al no concretarse su rescate

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El de este lunes ha sido un encuentro de última oportunidad con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero en funciones de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la dirección de la empresa, respaldado por una plantilla que se ha concentrado a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para presionar en busca de una salida: “Abengoa solución”, se han desgañitado. 

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