Ceuta, una “cárcel dulce” que mantiene atrapados a miles de trabajadores y trabajadoras transfronterizas

¿Dónde estamos, en un país europeo en el siglo XXI? ¿Quiénes somos, y qué derechos tenemos? Somos invisibles, no tenemos vida. No podemos ver a nuestros familiares, estamos trabajando para ayudarlos, pero no podemos verlos, no podemos viajar, no podemos hacer vida normal, no podemos tener vacaciones, pues entonces, ¿qué somos?

Denuncia de Rachida Jraifi, portavoz de las trabajadoras y trabajadores en régimen transfronterizo de Ceuta.

A raíz de la crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020, las trabajadoras y trabajadores en régimen transfronterizo –personas que cruzaban la frontera entre España y Marruecos para trabajar habitualmente, en el caso de las mujeres, como trabajadoras de hogar, cuidadoras de personas dependientes y en la hostelería y, en el caso de los hombres, además, en la construcción–, llevan dos años sin poder cruzar la frontera y sin ver a sus familiares, viviendo una situación absolutamente excepcional y excluidas de la justicia.

Son más de 3.500 las personas procedentes de Marruecos que se encuentran en esta situación. Se han quedado encerradas a ambos lados tras el cierre de la frontera, y a consecuencia de ello, han perdido su trabajo, sus cotizaciones y sus derechos laborales básicos.

Rachida, Hima, Amina y Ahmed, entre otras compañeras y compañeros, forman parte de una misma realidad injusta y vulneradora de derechos humanos. Son trabajadores y trabajadoras en territorio español, la mayoría por más de 14 años, y muchas alcanzando los 22 años cotizados, aportando y contribuyendo al sostenimiento del Estado de Bienestar y que se encuentran en una situación de desamparo por la falta de reconocimiento de sus derechos más esenciales.

Mientras, la situación del colectivo empeora, ya que, al estar cerrada la frontera, no pueden renovar su documentación, por lo que atraviesan una vulnerabilidad social, jurídica y emocional gravísima de la que ninguno de los dos países se hace responsable. Por una parte, llevan desde antes de la pandemia sin poder ver a sus familiares, y así nos lo relatan las mujeres trabajadoras transfronterizas a las compañeras de APDHA. Son mujeres que tienen hijos de 5 años y llevan 2 años sin poder tener la posibilidad de verlos crecer ni abrazarlos; hijas que han perdido a sus madres y no han podido despedirse; madres que no pueden cruzar hasta la península para ver a sus hijas…). Por otra parte, se encuentran totalmente desamparadas y en un limbo jurídico entre los dos países, a causa de la imposibilidad de llegar a Marruecos para renovar su documentación. Esto repercute en un ejemplo tan sangrante como es el de la asistencia sanitaria digna en el centro de salud.

Por una parte, la injusticia y vulneración radica en que, si estas personas se encontrasen en la península, esta situación no sucedería, pues se les habrían reconocido sus derechos mucho tiempo atrás, sabiendo que la mayoría lleva más de 14 años trabajando en territorio español, tal y como denuncia Rachida en su testimonio: “en otra parte de España, cruzando el Estrecho, allí tengo derechos, puedo trabajar, empadronarme, tener cuenta bancaria, paso X tiempo y tengo la residencia. Aquí llevo 14 años trabajando, cotizando y ningún derecho. Yo, él, y todos. ¿Por qué aquí no?”

Igualmente, estas personas habitan en un completo limbo socioeconómico sujeto a movimientos geopolíticos entre España y Marruecos, siempre dependiendo de los acuerdos o desacuerdos entre ambos países, a causa de unas políticas migratorias que las excluyen del sistema y las dejan sin posibilidades de construir una vida digna. Rachida relata que “aquí nos están dejando bloqueados, vivimos una completa incertidumbre e inestabilidad por los cambios políticos que puede haber. Las instituciones nos dicen que es una cosa entre Marruecos y España, que tienen que llegar a un acuerdo y que no es cosa de ellos, y de eso, nosotros cuando nos reunimos le hemos dado unas peticiones y estamos a la espera. Estamos pidiendo lo mínimo, hablamos de derechos humanos básicos, el derecho de movimiento, y poder regularizar nuestra situación porque estamos ilegales”.

Por otra parte, denuncian que se trata de la búsqueda de una estabilidad y una seguridad mínimas, que les permitan desarrollarse libre y dignamente como seres humanos. Así, Ahmed, trabajador en una pastelería en Ceuta, que lleva 27 años cotizados afirma que “buscamos y queremos una solución duradera, vivimos en una cárcel, o peor que en una cárcel, ya que aquí no sabes cuándo vas a poder salir”. En este sentido, el derecho a la vida digna y a la intimidad familiar, que están reconocidos en numerosos acuerdos internacionales y por la jurisprudencia más asentada del derecho internacional de los derechos humanos, se está viendo completamente vulnerado para estas trabajadoras y trabajadores. Rachida insiste en que “nosotros queremos tener nuestros puestos de trabajo, y también poder ver a nuestros familiares. Queremos ir y volver con tranquilidad queremos una seguridad, ir y volver a nuestro trabajo, renovar los papeles y poder ver a nuestros familiares no estamos pidiendo una cosa de otro mundo”.

Impacto de las vulneraciones de derechos en la salud mental

A nivel de salud mental y estabilidad emocional, el impacto es gravísimo, pues la incertidumbre, inestabilidad y falta de compromiso a nivel institucional generan una gran frustración y desesperación.  Rachida nos relata que “hay personas sufriendo depresiones muy fuertes, personas con hijos, hijas y madres enfermas en Marruecos, y ellas están aquí trabajando sin poder visitarles. Quieren ver a su madre, quieren seguir trabajando, y están entre la espada y la pared. ¿Qué van a elegir, ver a su madre y quedarse con ella, quedarse sin comer y sin trabajar?, ¿o quedarse aquí sin ver a su familia y tener un sueldo? Tenemos muchísimo que expresar y no podemos”.

En lo que respecta al ámbito sanitario, debido a la imposibilidad de ir presencialmente a Marruecos a renovar su documentación y al no poder tener renovada su tarjeta de trabajadores transfronterizos, tampoco pueden renovar su tarjeta sanitaria, lo que ha conllevado situaciones de total denegación del derecho a la salud. Así, Rachida relató una experiencia que sufrió en un centro de salud en Ceuta “me tocaba ver unas analíticas y no me las dieron por no tener la tarjeta sanitaria renovada, no me dieron volante ni me recetaron nada, me dijeron que tenía que solucionarlo con mi médico y hablando con él me mandó a la recepción del centro de salud, nadie me ayudó a solucionar el problema de la renovación de la tarjeta, porque me dijeron que era problema mío, me sentí como una pelota. Para renovar la tarjeta sanitaria, tengo que renovar la tarjeta de transfronteriza, y para eso necesito renovar mi documentación y Marruecos nos dice que tenemos que ir personalmente, pero la frontera está cerrada”. Lo mismo ha sucedido en casos de otras mujeres que no han podido operarse, realizar análisis o acceder a servicios básicos de salud por no tener la documentación renovada, por lo que desde APDHA insistimos en que se requiere una solución urgente a esta problemática que esta generando numerosas vulneraciones de derechos humanos por el simple hecho de estar en Ceuta.

Amina, cocinera con larga experiencia trabajando en territorio ceutí denuncia que “trabajamos muchísimas horas, con un salario ínfimo. Nosotros siempre hablamos de derechos, de si tenemos derechos o no, ellos hablan de frontera, nosotros hablamos de nuestros derechos. No estamos hablando de frontera, sino de derechos humanos y laborales básicos. Hay gente que ahora está en Marruecos, que se quedó fuera de la frontera y llevaba más de 20 años trabajando aquí, ¿cómo va a entrar ahora?, nosotros ¿cómo vamos a salir?”

Rachida denuncia que “nos encontramos en una completa incógnita, nosotras nos defendemos, tú estas aquí trabajando y tienes que defenderte, yo estudié, saqué el graduado y quería hacer emergencia sanitaria, pero me dijeron que no podía, por no estar empadronada, pero no me dejan empadronarme. Esto es una condena, no podemos hacer nada, nos han hecho una trampa”.

La burocracia que asfixia

De un lado, hay numerosos problemas con las cuentas bancarias puesto que a muchas mujeres se les paga en efectivo, en ocasiones sin contrato de trabajo, y las entidades bancarias les hacen pagar comisiones muy elevadas por tener la tarjeta de transfronteriza. De otro lado, la documentación ya ha caducado y, en este sentido Rachida señala que “nos estamos apoyando entre amigos. Si nos caduca a todos el pasaporte, ¿qué hacemos? Estamos en el limbo.” De la misma manera y en esta línea, Hima nos cuenta que ha habido problemas a la hora de acceder al dinero en las cuentas bancarias porque “hay mucha gente con sueldo en el banco y que no ha podido acceder a él, hay gente que se ha muerto, y que su sueldo se quedó en el banco”. La denuncia por la injusticia y las vulneraciones de derechos que se están ejerciendo salen del alma y la voz de las propias personas “¿Qué somos, dónde estamos?, ¿en el siglo XXI en un país europeo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Todos tenemos a nuestra familia, muchas personas han fallecido. ¿Qué es esto? Cuando hablas, parece que pides una cosa de otro mundo, y que estás delirando. Te dicen vete a tu país, ¿cómo voy? ¿cómo mantengo a mi familia? Es muy duro lo que estamos pasando, de verdad, pero nadie lo entiende” denuncia Rachida.

A la luz de analizar y escuchar las historias de incertidumbre, miedo y desesperación de este colectivo, desde la APDHA afirmamos que Ceuta es una “cárcel dulce”, un lugar de “no-Derecho”, o “no lugar” donde opera un régimen de excepcionalidad legal. En este territorio opera una absoluta excepcionalidad al incumplirse categóricamente la normativa de extranjería y laboral, ya que permisos de residencia y de trabajo que sin lugar a duda se hubieran obtenido en la península, en la ciudad autónoma no se conceden.

Todo ello relega a este colectivo a un limbo jurídico y social de “irregularidad”. En APDHA nos preguntamos ¿cómo puede ser que trabajadores y trabajadoras que sostienen el Estado de Bienestar, sean sujetos de tal falta de reconocimiento a nivel social, jurídico e institucional? Es por lo que en la APDHA denunciamos esta situación y mostramos todo nuestro apoyo, solidaridad y compromiso con la situación de las personas trabajadoras en régimen transfronterizo, por lo que vamos a estudiar caso por caso, y llevaremos este asunto hasta donde sea necesario para que se cumplan los derechos de estas personas.

El simple hecho de estar en Ceuta les impide el acceso a derechos laborales básicos, coberturas, asistencia sanitaria adecuada, reconocimiento legal… derechos que en la península hubieran sido reconocidos. A las y los transfronterizos en Ceuta se les está excluyendo de la legalidad y del derecho imposibilitándoles llevar una vida digna y es inadmisible continuar en esta situación, por lo que se hace urgente que se generen cambios estructurales, se les reconozcan y se protejan los derechos humanos de personas que llevan contribuyendo en el territorio español durante más de 20 años.