¿Imaginan ustedes un mitin en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla? ¿Una rueda de prensa en la prisión Puerto III? ¿O una pegada de carteles en algún polígono industrial en los que se puede ejercer la prostitución? Esa foto no interesa.
Para salir de una crisis es necesario su reconocimiento; y cómo cuesta a veces. Le costó al gobierno de Zapatero. A día de hoy resulta curioso, a la vez quetriste, buscar las palabras “Derechos Humanos” en los programas electorales de los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Comprobaremos que en buena medida brillan por su ausencia, siendo superadas con creces por otras expresiones tales como “recursos o capital humanos”. El ser humano reducido a recurso ocapital, que se puede manejar y manipular, pero no digno de protección en sus derechos fundamentales.
Pocos partidos proponen medidas concretas de defensa de los derechos humanos, y mucho menos algo que se pueda valorar como un plan integral de los mismos. Estos planes deberían ser herramientas de las que se dotan los estados y las comunidades, para convertir los Derechos Humanos de los ciudadanos en un eje transversal de las actuaciones del gobierno, que garantice la coherencia entre la Declaración Universal y las prácticas gubernamentales. A nivel estatal, de forma muy deficitaria, se diseñó el primer Plan de Derechos Humanos en el año 2008, que no ha tenido continuidad en un segundo plan prometido por el Gobierno en octubre de 2012.
En el marco actual, en el que con frecuencia se pretende que la participación ciudadana se reduzca al voto, se nos pide hacer auténticos actos de fe en unas siglas o en unas personas. Los programas políticos escasamente son puestos encima de la mesa y mayoritariamente son incumplidos sin consecuencia alguna.
Resulta evidente que el descontento y el enfado ciudadano han irrumpido con fuerza en nuestra sociedad dando entrada a nuevos partidos políticos que pretenden hacer frente a esa respuesta ciudadana. Pero a todos, gobierne quien gobierne, ha de quedarles muy claro que es preciso un cambio radical en las políticas actuales que inciden en los Derechos Humanos. Si con anterioridad al año 2008, inicio de la crisis económica, la situación de respeto a los Derechos Humanos era ya bastante deficiente existiendo en nuestra sociedad amplias capas de población que lo tenían muy difícil, a partir de entonces la crisis ha involucradoa nuevos y amplios sectores de la población, y esto requiere soluciones más complejas y arriesgadas, pero sin duda indispensables y a la vez posibles. Difícilmente encontraremos trazas de esto en los diferentes programas electorales.
A los partidos, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA, les hemos hecho llegar algunas propuestas para mejorar la situación en Derechos Humanos en nuestra comunidad autónoma, con escasa repercusión en sus programas.
La situación de emergencia habitacional, gente sin casa y casas sin gente, agravada con los cortes de suministros básicos, apenas ha tenido acogida efectiva en los diferentes programas, salvo honrosas excepciones. Esta realidad, unida a la situación preexistente de población que tradicionalmente ya venía soportando la exclusión social, hacía imprescindible la presencia en los referidos programas de ofertas muy claras y definidas como la, tantas veces reclamada, renta básica y una Ley de inclusión, igualmente ofrecida y olvidada con frecuencia. Por otra parte el acceso efectivo al disfrute a una vivienda resulta imprescindible ya en nuestra sociedad.
Las personas migrantes tienen un especial riesgo de caer en el abismo de la exclusión social. Les puede ocurrir a los andaluces que, cada vez más, deciden emigrar y soportar políticas restrictivas en países de acogida; y cómo no, a los que simultánea y paradójicamente ven en Andalucía su esperanza de futuro. Así en nuestra tierra los inmigrantes tienen un peligro de caer en exclusión tres veces superior a los nacionales españoles. Pese a ello, no existen medidas adecuadas a estas situaciones, ni alternativas eficaces frente a los brotes de racismo y xenofobia que surgen aquí y allí y que acentúan ese peligro.
Los/as ciudadanos/as que libremente deciden ejercer la prostitución, lejos de ver reconocidos sus derechos básicos en las promesas electorales, son cada vez más objeto de prejuicios y arrinconamiento. Se prohíbe y dificulta su actividad en determinados lugares y se relega su reconocimiento a ordenanzas municipales que se dedican a multar y criminalizar. La confusión entre trata de personas y prostitución está teniendo un efecto perverso que evita el compromiso por las personas que han elegido libremente esta actividad. En definitiva, con un sentido paternalista, se pretende acabar con lo que considera explotación eliminando el reconocimiento a sus derechos, como fuente de liberación. ¿Y si se les preguntara?
Se dice, y estamos de acuerdo, que la forma de tratar una sociedad a las personas privadas de libertad es el mejor termómetro para conocer el grado de evolución en el respeto a los Derechos Humanos de esa sociedad. En este sentido, no podemos afirmar un gran avance en la nuestra. Como ejemplo, cuando muchos ciudadanos y ciudadanas están peleando por el nuevo tratamiento de hepatitis C, a las personas presas se les sigue negando por caro incluso el tratamiento anterior al ahora reclamado en la calle. Los enfermos mentales entran en prisión, sustituyendo en la práctica a los antiguos manicomios, clausurados por lo cruel e inhumano del encierro, pese a que la legislación lo prohíbe. La atención médica es de segunda categoría, fundamentalmente por las deficiencias derivadas del incumplimiento de la legalidad vigente que imponía la transferencia de la sanidad penitenciaria al SAS hace ya más de 10 años.
Y parafinalizar, la cooperación internacional al desarrollo, como instrumento para disfrutar del derecho a la dignidad que ha de acompañar a cada ser humano, es muy escasa en Andalucía. Apenas 3 euros anuales por andaluz al año, que representan un ridículo 0,13% del presupuesto, muy lejano al soñado y reclamado 0,7, ocupando un lamentable puesto 13 entre las 17 comunidades autónomas. En nuestra tierra sufrió un recorte presupuestario de más del 50% entre 2009 y 2015.
Estas y otras preocupaciones fueron puestas encima de la mesa en un reciente debate pre-electoral organizado por la APDHA, en el que los principales candidatos no consideraron pertinente estar. Pese a solicitarles posicionamientos concretos, mayoritariamente respondieron con evasivas. Juzguen ustedes:
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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