La desigualdad en el acceso a derechos básicos no se arregla con 200 euros y otros paliativos

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hacemos una lectura crítica de las propuestas aprobadas recientemente por el Gobierno, orientadas a mejorar la situación de las personas más afectadas por la crisis desatada con la COVID-19 y la Guerra de Ucrania, la cual nadie parece decidido a parar.

La inflación y el desempleo disparan la carestía de la vida, y con ella incrementan las desigualdades, la pobreza y la consiguiente brecha social ya existentes. Paralelamente asistimos a la continua merma de la calidad de los servicios públicos, en particular de la sanidad y la educación, al tiempo que se potencia su privatización. Desafortunadamente, son de sobra conocidos los distintos indicadores sobre pobreza y desigualdad que puntualizábamos en nuestro reciente informe ‘Andalucía: La Desigualdad Echa Raíces’, en el que se evidencia la brecha entre las comunidades más pobres y más ricas del estado.

Las medidas de carácter social aprobadas en su gran mayoría para este primer semestre del año, establecen un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 € que no cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV); rebajan el IVA de algunos alimentos; fijan en un máximo del 2% el aumento del precio de los alquileres y congelan los precios de los contratos que vencen, pero sin intervenir en los nuevos; se incrementan en un 15 % las pensiones no contributivas y el IMV; también se prorroga para las familias vulnerables el “decreto antidesahucios” (que no garantiza una alternativa habitacional ni evita que algunos sigan llevándose a cabo) así como la prohibición de cortes a los suministros básicos como la luz y el gas; la gratuidad en los abonos de trenes de cercanías y la rebaja en los transportes interurbanos; bajada de impuestos al consumo de energía, entre las principales.

Este paquete anticrisis, amén de insuficiente vista la carestía de vida e inflación soportada, adolece de un carácter generalista –se aplica en su mayoría sin diferenciar las rentas percibidas-, asistencialista -no va a las causas que originan el problema- y es cortoplacista, con una caducidad de seis meses.

Se requieren acciones de calado que terminen con las prebendas y los beneficios de una élite minoritaria que castigan a una cada vez mayor mayoría social

Parece que no se toma nota de que la gravedad de la situación no admite ya paliativos. Estas medidas, asistencialistas, no rompen con las causas estructurales de la desigualdad, perpetuándola con el modelo económico neoliberal que la sustenta. Se requieren acciones de calado que terminen con las prebendas y los beneficios de una élite minoritaria que castigan a una cada vez mayor mayoría social.

La crisis la sufren principalmente las personas asalariadas, los pensionistas y los sectores vulnerables. Con estas medidas se pretende atenuar sus efectos a costa del endeudamiento del estado en base a préstamos de fondos europeos, con los que hipotecan a toda la ciudadanía de esta y futuras generaciones. Asimismo, no hacen recaer su pago en los sectores altamente beneficiados durante la pandemia y la actual guerra de Ucrania: bancos, financieras, fondos inmobiliarios, empresas de energía y grandes multinacionales, ninguna medida de calado les afecta ni pone coto a su desmedido margen de beneficios.

Además, nada de impuestos relevantes a las grandes rentas, ni a los patrimonios ni a los beneficios; tampoco se han pensado medidas de control de las eléctricas y demás empresas de energía, a través, por ejemplo, de su nacionalización (como sí ha hecho la vecina Francia) ; ni de prohibición de compras de viviendas a fondos y particulares extranjeros, ni de impuestos a las viviendas vacías propiedad de grandes inversores especuladores o la creación de un parque público de vivienda en alquiler social. Tampoco hablan de trabajo garantizado, reducción de la jornada laboral reparto de las horas de trabajo, ni de recuperación de los servicios de salud y educación privatizados, ni del retorno a la atención presencial como opción en los servicios públicos…

¿Qué convivencia se dará en una sociedad con cientos de miles de personas excluidas ante nuestros ojos e indiferencia?

Las medidas del gobierno de coalición y sus aliados, al aportar soluciones mediocres, desmovilizan a su base social y pueden comprometer su apoyo en las próximas citas electorales. Se sigue aplazando la promulgación de una Ley de Vivienda que la consagre como derecho universal exigible, y que movilice los millones de viviendas vacías poniéndolas al servicio de quienes carecen de ella y rescatándolas de estar a merced de la especulación del mercado.

Por otro lado, se sigue sin derogar la Ley Mordaza, que castiga duramente a quienes ejercemos el derecho a la movilización y a la protesta social y que fuera compromiso programático del gobierno de coalición (la reforma exprés del Código Penal, incorporando el delito de desórdenes públicos agravados que tendrá una pena máxima de cinco años, parece ir en sentido contrario). Y nada de la Renta Básica Universal.

Aunque ni las instituciones ni la sociedad en general quieran oírlo, desde nuestra Asociación nos preguntamos:

¿Qué futuro le espera a esas nuevas familias desahuciadas? ¿Creen que aceptarán disciplinadamente vivir en la calle porque los poderes económicos y políticos son incapaces de poner en marcha las soluciones necesarias para enfrentar el paro y la carestía de la vida?

¿Qué convivencia se dará en una sociedad con cientos de miles de personas excluidas ante nuestros ojos e indiferencia?

En la APDHA entendemos que estos tiempos de enormes dificultades para millones de familias exigen soluciones decididas. A ello emplazamos a gobiernos y demás instituciones. Por su comportamiento y acción serán juzgados y recordados.