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La destitución de dos profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública es un ataque a la libertad de cátedra
Cuando en las facultades de medicina españolas la salud pública y la epidemiologia eran cuestiones periféricas, en las colinas granadinas de Cartuja, donde está ubicada la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ya se formaba a profesionales sanitarios en estas materias que durante este tiempo de pandemia hemos comprobado lo importantes que son. En los últimos veinte años la EASP ha ido adquiriendo un enorme y merecido prestigio científico e internacional que la han convertido en una de las instituciones de referencia a nivel europeo en la formación e investigación en salud pública. Actualmente, la EASP es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de Salud, colabora con la Universidad de Granada en formación de cursos de posgrado y con la Universidad de Sevilla y la Universidad de Jaén en el programa de doctorado en Ciencias de la Salud.
La Junta de Andalucía, que tuvo el feliz acierto de su creación, poco a poco fue reduciendo sus presupuestos. Y con estos problemas andaba la EASP cuando llegó la nueva dirección nombrada por el actual Gobierno andaluz. El presidente autonómico, Moreno Bonilla, parece que no mostró sus intenciones reales. Dejó pasar el tiempo hasta que articularon una propuesta trampa de unificación de la EASP en un nuevo centro de investigación. Propuesta que esconde la disolución del actual centro de formación e investigación. La reacción de la opinión pública y de la comunidad científica internacional frenaron, o tal vez ralentizaron, el propósito inicial del Gobierno de la Junta.
La destitución de estos dos excelentes profesionales es una mala noticia porque abre un precedente preocupante que pone en jaque a todos aquellos docentes que dependen de la Junta de Andalucía.
Producto del debate generado en la ciudadanía andaluza, en el Ateneo de Granada se organizó una conferencia. Participó Emilio Sánchez-Cantalejo, médico epidemiólogo y matemático-estadístico de la EASP, y por ello fue fulminantemente cesado por la actual dirección. Joan Carles March, exdirector de la EASP, médico y epidemiólogo con gran prestigio en Salud Pública, lo denunció en un artículo de prensa y también ha sido sancionado. Emilio Sánchez-Cantalejo y Joan Carles March, dos de los magníficos docentes e investigadores de la institución, han sido sancionados por hacer su trabajo: investigar, debatir y comunicar sus argumentos científicos. Ambos han sufrido un ataque contra la libertad de expresión en una institución científica y pública que debería visibilizar la pluralidad de ideas.
Emilio Sánchez-Cantalejo y Joan Carles March han sufrido una agresión a la libertad de cátedra que no queda circunscrita a los muros del aula. Como muy bien ha puesto en práctica la EASP, la libertad de cátedra debe manifestarse en el ágora, en el debate público. Porque la salud pública y la epidemiologia, siempre pero aún más en tiempos de pandemia, deben ser un ejemplo de lo que se ha denominado ciencia ciudadana.
Por tanto, la expulsión de Sánchez Cantalejo de la ESPA y de March como director del máster de gestión sanitaria es un atentando gravísimo contra la libertad de cátedra, que es la libertad de pensamiento y opinión en la docencia y en investigación, un principio constitucional de primer rango sin el cual una sociedad no es plenamente democrática. La destitución de estos dos excelentes profesionales es una mala noticia porque abre un precedente preocupante que pone en jaque a todos aquellos docentes que dependen de la Junta de Andalucía.
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