El Gobierno indemnizará con 150 euros por día fuera de casa a los desalojados por el temporal en Andalucía y Extremadura

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de ayudas y exenciones fiscales por los daños producidos por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas en Andalucía y Extremadura. En total, el coste de estas medidas supera los 7.000 millones de euros. Desglosados, destaca la ayuda directa a los 12.400 desalojados durante el tren de borrascas: cada uno de ellos podrá solicitar 150 euros por cada día que ha pasado fuera de su hogar. “Si una familia de cuatro miembros ha pasado diez días fuera, recibiría una ayuda de 6.000 euros”, ha cuantificado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, encargada de presentar el Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El objetivo de las ayudas es cubrir los daños en viviendas, comercios y los sectores agrícola y pesquero provocados por el paso del tren de borrascas desde el 27 de enero (singularmente, Leonardo y Marta), y contar con una palanca capaz de activar una rápida reconstrucción, según ha explicado Montero.

Andalucía es la comunidad autónoma más afectada y, por tanto, la que recibirá esta ayuda en mayor medida. De los 12.400 desalojados que ha señalado Montero, en torno a 11.000 lo fueron en Andalucía, entre ellos la mayor parte de los 1.800 vecinos de Grazalema (Cádiz) que volvieron a sus casas este mismo lunes, una vez que los expertos del CSIC confirmaron que el regreso es seguro. Una parte ha dormido en un pabellón deportivo de Ronda desde el pasado 5 de febrero.

También está previsto que este martes el Gobierno andaluz apruebe otro paquete de ayudas de carácter autonómico, al que ha llamado Plan Andalucía Actúa.

Montero ha hecho un “llamamiento” a los demás partidos, y particularmente al PP, para que suscriban el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa del Gobierno para dar respuesta a los impactos cada vez más extremos del cambio climático.

Ayudas a las familias

Las ayudas del Decreto-Ley del Gobierno se articulan en torno a cinco grandes ejes: uno destinado a las ayudas directas a ciudadanos y familias; otro para los ayuntamientos; otro con exenciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social; otro de ayudas a trabajadores y explotaciones agrícolas; y otro de ayudas al comercio. Estas ayudas se añaden a la declaración de zona catastrófica aprobada el pasado martes.

Las ayudas directas a las familias y hogares suponen cuadruplicar el importe de las indemnizaciones establecidas con carácter general en la ley por los daños personales, en viviendas, enseres y establecimientos, según ha detallado Montero. La indemnización por destrucción total de la vivienda pasa de un máximo de 15.120 euros a 60.480; la ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda de 5.160 a 20.640; y la compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 a 10.320.

Las 12.400 personas que han sido desalojadas en las últimas semanas como consecuencia del impacto consecutivo de las borrascas Leonardo y Marta tendrán derecho a cobrar 150 euros por cada día que hayan pasado fuera de su hogar. Esta cuantía será compatible con ayudas a las que esas mismas personas puedan tener derecho como titulares de viviendas que hayan sufrido daños, y no computan como ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Andalucía llegó a contar 11.089 desalojados simultáneamente en el pico del temporal, el pasado 7 de febrero. La mayoría de los evacuados, en torno a 8.000, lo fueron de municipios de Cádiz (Grazalema, Ubrique, Jerez, San Roque), pero también los hubo en Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. 773 siguen aún fuera de sus casas.

Ayudas a los municipios y medidas fiscales

El Decreto-Ley pone también el foco sobre los municipios afectados, que deberán incorporarse a un proceso de valoración de daños en sus infraestructuras en el plazo de un mes para optar a la ayuda directa para repararlas. No será un préstamo, sino una transferencia por el 100% (no el 50%, como recoge la ley general) cuyo destino tendrán que justificar a posteriori. El Gobierno estima que esta medida tendrá un impacto de 2.000 millones de euros.

Además, tanto los municipios como Andalucía y Extremadura podrán usar su superávit de 2025 (cuya cifra final se conocerá a finales de marzo) para paliar los daños, sin que ello les compute en las reglas de gasto que ordinariamente limita las partidas a las que los ayuntamientos pueden destinar sus excedentes. Montero recoge así el guante lanzado por el Gobierno andaluz, que había solicitado expresamente esta medida sin cuantificar qué cuantía supondría. Por último, el Gobierno ofrece también un plan de empleo dotado con 50 millones a estos ayuntamientos.

En el apartado de medidas fiscales, Montero ha anunciado la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una reducción en el de Actividades Económicas (IAE) por inversiones en inmuebles dañados. Si ya se han pagado se podrá solicitar la devolución. Se reducen también la cotización en módulos agrarios del IRPF y del régimen simplificado del IVA para explotaciones, con un ahorro estimado de unos 350 millones de euros. Y en el ámbito laboral se extiende la prestación de cese de actividad hasta el 31 de mayo, y se ofrecen exenciones a empresas en ERTE y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Las empresas beneficiarias tendrán prohibido despedir.

Para los sectores pesquero y agrarios las ayudas directas previstas son de unos 2.000 millones de euros. Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria; se contempla una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario; se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará TRAGSA; y se contemplan ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, amarrados sin poder faenar durante más de una semana.

Por último, para los locales comerciales que hayan registrado pérdidas y daños por las inundaciones se establece una línea de ayudas directas por valor de 120 millones de euros, cuyos beneficiarios pueden ser autónomos y restaurantes, hoteles o comercios minoristas. En Grazalema (Cádiz), Dúdar (Granada) y Benaoján (Málaga) las ayudas beneficiarán a cualquier actividad. También se aprobará una línea de avales ICO de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias afectadas.