El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha sembrado la “incertidumbre” en el sector del transporte andaluz con un nuevo decreto-ley aprobado “sin diálogo previo”, según denuncian tanto el colectivo de taxistas como el de vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify. Estos dos sectores históricamente enfrentados coinciden en trasladar su “preocupación” y “desconcierto” ante una política de movilidad, que ambos achacan a una falta de previsión y transparencia por parte de la Junta de Andalucía.
La nueva norma –aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 11 de junio y ratificada este miércoles en el Parlamento andaluz– suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para VTC tras constatar, según la Junta, “que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes”. Esta decisión deja en el aire las 1.373 solicitudes de VTC registradas entre enero y abril de este año (frente a las 3.713 autorizaciones que hay hoy vigentes en la comunidad andaluza).
La moratoria queda supeditada a la elaboración de un estudio técnico que, en el plazo de dos meses, tendrá que analizar la demanda total de la movilidad en Andalucía y definir los “criterios objetivos que permitan alcanzar una buena gestión de la oferta del transporte”, según consta en el decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento. El departamento que encabeza Rocío Díaz argumenta que se ha producido un “cambio brusco en las dinámicas de mercado”, debido a la proliferación de vehículos eléctricos, que ha disparado las solicitudes de nuevas licencias.
Aunque difieran en sus intereses, taxistas y empresarios de VTC comparten la crítica de responsabilizar a la Junta de generar inseguridad jurídica en un sector ya de por sí tensionado. El presidente de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, afea que la Junta “actúe ahora sorprendida por el aluvión de solicitudes” cuando ha tenido años para intentar frenar el “crecimiento descontrolado”, en el que ahora justifica el nuevo “decretazo”.
Desde el sector de los vehículos con chófer, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García-Trespalacios, denuncia “el inmenso coste económico y social” que implica la moratoria, comprometiendo “una inversión de unos 15 millones de euros”, derivados de los gastos que acometieron los transportistas al invertir en vehículos eléctricos, para adaptarse a los criterios que les dio a conocer la Junta en enero de 2025.
El polémico decreto-ley que permitía a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano congeló en septiembre de 2022 la concesión de nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía, ya que la comunidad superaba con creces la ratio de un VTC por cada 30 taxis, fijada por el Gobierno de España en el conocido como “decreto Ábalos”.
Sin embargo, la nueva legislación estatal aprobada en 2023 –adaptándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify– abrió la puerta a que se concedieran nuevas autorizaciones, siempre que se cumplieran con ciertos requisitos medioambientales.
Así lo recogió la Junta de Andalucía en el borrador del desarrollo reglamentario del decreto-ley de 2022, que presentó a los sectores implicados en enero de 2025. Al comprobar que esos criterios no son aplicables a los coches eléctricos, los conductores de VTC se lanzaron a adquirir vehículos 100% eléctricos, obligando al Gobierno andaluz a conceder esas solicitudes.
“La apertura del proceso de autorización de más licencias desde enero de 2025, cumpliendo una serie de requisitos ambientales, ha llevado a multitud de pymes, autónomos y cooperativas de toda Andalucía a realizar importantes inversiones”, como recuerda el presidente andaluz de la Asociación Empresarial VTC. “Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias, con lo cual más que expectativas, las empresas tenían la certeza de que cumpliendo los requisitos tendría lugar el otorgamiento”, argumenta García-Trespalacios.
Fuentes de la Consejería de Fomento alegan que esas autorizaciones se han concedido antes de establecer la moratoria “en cumplimiento de la sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado ha sido que el número de solicitudes se ha disparado, pasando de las 23 presentadas en el año 2024, a las 1.373 registradas hasta mediados de abril de 2025. Con esta progresión, la Consejería del ramo calcula que las autorizaciones se duplicarían en un plazo de seis meses. De ahí que justifique la urgencia del decreto recién aprobado.
“Lo que ha pasado es que no se esperaban un aluvión de solicitudes, pero podrían haber definido los criterios antes de que los transportistas acometieran las inversiones, podrían haber consensuado sectorialmente los criterios y concedernos seguridad jurídica porque ahora hay cientos de coches parados, aun cumpliendo rigurosamente con los requisitos que estableció la Junta”, lamenta el presidente de la Asociación Empresarial VTC en Andalucía.
Por su lado, los taxistas lo interpretan como otro “atropello del servicio público en beneficio de las grandes empresas privadas”, entendiendo que, pasados esos dos meses, se reactivará la concesión masiva de autorizaciones bajo criterios que consideran insuficientes. “Volvemos a asistir nuevamente a lo que entendemos por un engaño del Gobierno andaluz, que viene a traer nuevamente, igual que en 2022, por vía decreto y por vía urgente, algo que no permite participación ni transparencia por parte del sector”, ha reprochado el presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que ha convocado este miércoles una manifestación de protesta a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el debate en el pleno.
Lejos de calmar las tensiones, el nuevo decreto-ley ha provocado que se reavive el enfrentamiento del Gobierno de Moreno con ambos sectores. Ya en 2022, el sector del taxi andaluz se enfrentó a la Junta por sentirse “engañado y traicionado” tras autorizar a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano, también por la vía urgente. La medida tampoco contentó del todo a los VTC, que criticaron las limitaciones impuestas.
Tres años después, el descontento y el ambiente de protesta vuelven a sobrevolar las relaciones del Gobierno andaluz con el sector. Mientras tanto, la Junta defiende la urgencia del nuevo decreto, ya que “la proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi”. Sin embargo, la falta de diálogo previo han sembrado una incertidumbre que taxis y VTC, aunque por razones distintas, coinciden en reprobar.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.