Archivan la denuncia contra el uso de armas ilegales en el enfrentamiento durante un mitin de Vox en Granada
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el posible uso de armas extensibles durante los incidentes ocurridos durante un acto de Vox en las inmediaciones de la Catedral de Granada en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La instructora del caso argumenta que no se había notificado de forma oficial y de manera previa esta protesta, aunque la organización se haya desmarcado de cualquier responsabilidad en la convocatoria, y sin entrar a valorar la presencia de estos instrumentos.
En el auto, fechado el pasado 25 de agosto y adelantado por Público, señala que los hechos “no son constitutivos de infracción penal, habiendo quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA”. Una vez conocida la resolución, la asociación anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada el sobreseimiento y critica que resulta “difícilmente comprensible” las razones esgrimidas por la jueza, ya que, como han reiterado en diferentes instancias, la entidad “no había comunicado ninguna concentración”. Por tanto, cuestionan que “esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”.
Además, en declaraciones a este medio, la APDHA insiste en que la protesta “no era ilegal, como parece dar a entender el auto”, en el que se describe que el juzgado requirió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la asociación requirió alguna autorización, una cuestión a que el organismo gubernamental responde negativamente.
“Reclamamos que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor”, subraya la APDHA con relación a la investigación a seis activistas, a los que se les imputaron delitos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad aunque sostuvieron que mantuvieron una “actitud pacífica” y que los episodios violentos se dieron cuando los simpatizantes de la ultraderecha, junto a los miembros del equipo de seguridad que acompañaban a Santiago Abascal, avanzaron hacia la concentración que fue convocada de “manera informal” contra “los discursos de odio”.
“Hasta que se vayan”
Las imágenes grabadas durante la tarde del 16 de abril muestran cómo una serie de personas portan, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido entre la población civil. En el visionado, se observa cómo intentan golpear a los manifestantes que se encontraban en primera línea y que, seguidamente, fueron dispersados en una carga policial a causa del enfrentamiento entre los colectivos antifascistas y los votantes de Vox, que fueron arengados por Santiago Abascal para que los echaran del espacio público, pese a que ya había una valla separando a los dos grupos por motivos de seguridad.
“El Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento”, gritaba el dirigente a los asistentes, “y este acto no va a compenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”. A lo que siguió el ultraderechista, “y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”. Momentos después, Abascal bajaba de la tribuna y se dirigía a la calle Pie de la Torre, saltándose el cordón policial para acercarse a la zona en la que estaban los protestantes antifascistas y, seguidamente, se retiró ante la escalada violenta del enfrentamiento.
Tras examinar el material audiovisual, la APDHA presentó una denuncia el 21 de abril en la que defendían que la manifestación se realizó de forma pacífica antes de que las declaraciones de Abascal “provocaran la alteración del orden y pertubaran el ejercicio del derecho de reunión”. Asimismo, reclamaban que se identificara a las personas que portaban las armas extensibles y, también, exigían que Vox identificara a la empresa y al personal de seguridad contratados para el mitin.
A raíz de lo ocurrido, la organización insiste en que la naturaleza de la convocatoria “no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”. Por ello, subrayan en que se requiere “una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente la causa”.
Por otra parte, la Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles tras considerar que los hechos estaban siendo investigados judicialmente por las detenciones y diligencias hechas por la Policía. El partido presentó primero a la Junta Electoral de Zona otra denuncia, a la que Vox alegó que “desconocía quiénes son las personas que portaban las porras extensibles” y presumía que se trataba “de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”.
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