Huelga indefinida contra la precariedad laboral en la educación especial andaluza

El personal que ayuda a los niños y niñas más vulnerables a satisfacer sus necesidades más elementales en los centros educativos andaluces se encamina hacia una huelga indefinida para protestar por las condiciones precarias que sufren. En su mayoría, son trabajadoras de empresas subcontratadas a su vez por la Junta de Andalucía, que externalizó gran parte del servicio hace más de una década. Desde hace años, y de forma recurrente, protestan por sus condiciones laborales. Pero este año la protesta ha subido de tono. Cansadas de esperar soluciones, este martes celebraron la segunda jornada de huelga. A partir del 14, el sindicato CGT ha convocado un paro indefinido, al que CCOO también podría sumarse.

La convocatoria de huelga de este martes (segunda jornada tras la del 27 de octubre), estaba motivada por “superarse los límites de aguante” de un colectivo que desde hace años se siente “despreciado y discriminado por la Junta de Andalucía, lo que ha generado un descontento extremo”, señala una nota de CGT. El sindicato pide una negociación con la administración y advierte de que se mantendrá firme hasta que “se adopten medidas urgentes que lleven al respeto a la dignidad profesional de los/as PTIS”.

CCOO, mayoritario en el sector, ha limitado la convocatoria a la empresa Osventos, que actualmente acapara en torno al 75% del servicio privatizado en Andalucía, y advierte de que si no se mejoran las condiciones podría sumarse a la huelga indefinida.

La Junta de Andalucía replica que se trata de un conflicto entre empresas y trabajadores que deben resolver entre ellos, y que la administración se limita a contratar y “velar por el cumplimiento de los pliegos”. En las últimas semanas, PSOE, Adelante Andalucía y Con Andalucía han elevado el tono político, llevando al Parlamento Andaluz preguntas relativas a las condiciones laborales de las PTIS y los recursos que les asigna la Junta de Andalucía.

CGT denuncia unos servicios mínimos extemporáneos y para “meter miedo”

Este martes, CGT y CCOO protestaron a las puertas de la Delegación Territorial de Málaga, donde también se vio a Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, y a Toni Morillas y Nicolás Sguiglia, concejales de Con Málaga en el Ayuntamiento.

Allí, el sentimiento era agridulce. CGT denuncia que se ha boicoteado la huelga, con unos servicios mínimos “abusivos” de casi el 100% notificados de forma confusa a última hora, supuestamente destinados a desmovilizar “metiendo miedo”, sin ni siquiera negociarse en los comités de huelga. “Me ha llamado mi coordinadora para preguntarme dónde estaba, y le he dicho que yo hago lo que tengo que hacer”, decía una de las trabajadoras, convencida de la huelga. “Estoy aquí que me subo por las paredes”, cuenta por teléfono otra que no ha podido movilizarse: “Solo espero que las compañeras que sí han podido ejercer su derecho a huelga lo hagan masivamente en toda Andalucía”.

Junto a ellas, se manifestaron también familiares de alumnos con necesidades especiales del IES Mare Nostrum de Málaga, donde hay 15 menores con el recurso asignado, cuatro de ellos grandes dependientes que necesitan asistencia continua. Cuentan con una PTI a tiempo completo, y otra para 15 horas a la semana que llega a media mañana.

“Los niños están repartidos por todo el colegio, de modo que si se mojan, no pueden ir a cambiarlos hasta las 11.45”, protesta Agustina Vicente. Mar López, madre de un niño con TEA y epilepsia, advierte de que en esas condiciones, su hijo no está seguro ante un posible ataque, ya que la PTI tiene que atender a la vez a otros diez niños en el aula específica, teóricamente diseñada para seis. Las familias y los sindicatos vinculan la escasez a la precarización del servicio. “Lo único que pedimos es que les atiendan en sus necesidades básicas”, zanja Vicente, que cuantifica: “Tendría que haber tres PTIS”.  

Retrasos en la nómina, jornadas reducidas y cobro por horas

El personal técnico de integración social (PTIs) es un colectivo dividido y precarizado, de cuya situación dio cuenta detallada este medio en un reportaje publicado hace un mes. De un lado, están las PTIs personal laboral de la Junta de Andalucía, que son aproximadamente un tercio de las 2.972 que integran el servicio; de otro, las “externalizadas”. Para estas, el salario es 700 euros inferior al de las laborales, los retrasos en el abono de las nóminas son habituales, les reducen la jornada a diez o quince horas semanales y pueden verse abocadas a recorrer la provincia de punta a punta para cubrir todas sus horas.

El origen de estos abusos es la licitación: las empresas presentan ofertas a precio de derribo para hacerse con el concurso, alimentando una espiral de precarización en las condiciones de las trabajadoras. “La única manera de hacer negocio es no reconocer trienio, bajar el sueldo o retrasar el pago de nóminas”, denuncia Yolanda Gamero, de CCOO: “Son condiciones insoportables, y la Consejería consiente este abuso”.

Este curso, Osventos Innovación en Servizos, S.L. copa en torno al 75% del servicio, según fuentes del sector. Tal y como desveló este medio, esta empresa gallega, sin sede en Andalucía ni adjudicaciones públicas antes de la llegada del gobierno de Juan Manuel Moreno, se ha adjudicado 101 contratos en los últimos cuatro años por un total de 9.946.365 euros. Fuentes del sector anticipan que puede ir a más, porque ahora están abiertos nuevos procesos de licitación.

En verano, Osventos comunicó a sus empleadas que iba a aplicar un nuevo sistema de pago: ahora se haría por hora efectiva de trabajo, y no por mes, como hasta ahora. Esto, en la práctica, supone obviar la retribución de fines de semana, festivos y vacaciones, y ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Gamero pide que la Junta excluya a las empresas que incumplen el convenio de las futuras licitaciones o, al menos, que exija el respeto de las condiciones laborales básicas. Pero la Junta de Andalucía replica que no tiene nada que decir en este conflicto, porque no son sus trabajadoras. “Es una aberración, porque el hecho es que reciben instrucciones de los equipos directivos”, protesta Gamero.

CGT exige la subrogación

El sindicato CGT va más allá, y sigue exigiendo la subrogación de todas las trabajadoras. Es decir, que sean contratadas por la Junta de Andalucía, ya que prestan un servicio esencial. Es la demanda histórica del sector desde que fue privatizado por el gobierno autonómico en época del PSOE. Esa pretensión tiene ahora un camino cuesta arriba. La Junta de Andalucía aprobó un Decreto hace dos años para blindar la consideración de este personal como “complementario”. Además, los tribunales, que hace años condenaban a la Junta por contratar a estas trabajadoras mediante una “cesión ilegal”, ahora admiten la situación y están revirtiendo esas sentencias. Está previsto que el Tribunal Supremo zanje definitivamente la cuestión en las próximas semanas.

No es la única cuestión pendiente. El Decreto también fue recurrido por CCOO, y una eventual nulidad volvería a cambiar el tablero. Y CGT acaba de interponer un conflicto colectivo para que, al menos, se equipare el salario de las externalizadas al de las laborales, ya que las primeras se rigen hasta ahora por el convenio de los centros y servicios de personas con discapacidad, cuyo ámbito de aplicaciones son los centros privados.