Los tribunales andaluces apuntan al colapso: más de 900.000 asuntos pendientes y cada vez más casos nuevos
Los órganos judiciales andaluces registraron durante el primer trimestre de 2025 un total de 438.279 asuntos, un 20,8 por ciento más que hace un año, consolidándose así la tendencia al alza de los últimos ejercicios. Este incremento añade presión a un sistema que está al borde del colapso, según vienen denunciando representantes institucionales de los órganos judiciales en Andalucía. Son datos del informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2025, hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
La memoria anual de los órganos jurisdiccionales andaluces, presentada hace apenas un mes y medio por el Tribunal de Justicia de Andalucía (del que dependen los órganos de Andalucía, Ceuta y Melilla), ya ponía de manifiesto esta situación. El año 2024 se cerró con un 5% más de nuevos asuntos judiciales: 1.434.551 asuntos nuevos en 2024 frente a los 1.372.072 de 2023.
La situación, lejos de atenuarse, se agrava con cada nuevo balance: ahora el incremento durante el primer trimestre del nuevo año es superior al 20%. En los tres primeros meses de 2025 los juzgados y tribunales andaluces recibieron 438.279 asuntos nuevos, una media de casi 570 nuevos asuntos para cada uno de los 769 órganos judiciales que hay en la comunidad. En ese mismo trimestre se resolvieron 380.837 asuntos, con lo que la situación va a peor: mientras que al cierre de 2024 se acumulaban algo más de 862.000 asuntos pendientes, ahora son 915.000, un 6,1% más.
Una evolución a peor
Las estadísticas del TSJA contienen una ratio que sintetiza la evolución de la situación. Es la tasa de resolución, que mide la proporción entre asuntos resueltos e ingresados. Una tasa superior a uno indica que se resuelven más asuntos de los que entran, y la situación se va aligerando. Una tasa inferior a uno refleja que la bola crece. Para el total de órganos andaluces, la ratio es de 0,87. La que peor está es la jurisdicción civil: 0,73. Esta jurisdicción concentra casi la mitad de los asuntos judiciales.
Por su parte, el penal (43% de los asuntos) casi se sostiene: tiene una tasa de resolución del 0,99. Y los dos ámbitos con menor peso, el contencioso y el social, llevan un camino positivo: 1,38 y 1,05, pero partían de situaciones muy apuradas. Si se añaden a la ecuación los asuntos pendientes se obtiene la tasa de congestión, que muestra una situación mala o muy mala en lo social (6,08), contencioso (4,51) y civil (4,39) y algo mejor en lo penal (2,18).
Cada órgano tiene una media de 1.190 asuntos por resolver, pero esta media difumina situaciones de desbordamiento: los juzgados de primera instancia civil (que se ocupan de reclamaciones de cantidad, compraventas, cláusulas abusivas o herencias, por ejemplo) tienen una media de 1.901 asuntos sobre la mesa; las secciones civiles de la Audiencia Provincial, que resuelven recursos de apelación, no están lejos: 1.786.
Faltan jueces y magistrados
La tasa de litigiosidad en Andalucía (49,80 asuntos por cada 1.000 habitantes) es superior a la media en el conjunto de España fue de (40,07). Por delante está Canarias (63,91), seguida por Madrid (50,99) y Asturias (50,98). Con estos retrasos es casi imposible satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, porque muchas sentencias llegan cuando ya no son útiles. Así lo manifiestan sindicatos, abogados y jueces.
Los jueces suelen apuntar que el cuello de botella está en la falta de plazas de juez y magistrado. Actualmente hay 769 órganos jurisdiccionales y 1.041 plazas de jueces y magistrados en Andalucía. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia, compareció hace un mes ante el Parlamento andaluz, ante el que reclamó “como mínimo” cien jueces más en la comunidad autónoma. La convocatoria de plazas corresponde al Ministerio de Justicia, mientras que el personal de la administración de justicia está adscrito a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Del Río también alertó del riesgo de colapso en los juzgados de violencia sobre la mujer, que van a asumir nuevas competencias a partir de octubre. “Se nos puede ir de las manos”, advirtió.
“Ahora mismo, los medios que tenemos nos hacen imposible dar el servicio que quisiéramos dar. El principal objetivo es que alguien se tome en serio la Justicia y decida ponerla en primer lugar”, lamentó en una entrevista en Cadena Ser Cristina Hurtado de Mendoza, decana de los jueces y juezas malagueños, quien pidió un número de jueces por habitante “suficiente para dar una respuesta”. Sólo en la provincia de Málaga harían falta “ochentaytantos” más de los que hay, que ahora resuelven “al 200% respecto al módulo que nos pone el CGPJ”, explicó la jueza: “Y aún así, no podemos con todo lo que se nos va turnando. Las agendas van a dos mil veintitantos porque todos los días de antes están cubiertos”.
Esta situación cercana al colapso se produce a las puertas de la implementación de una profunda reorganización de los órganos jurisdiccionales, con la creación de los Tribunales de Instancia (un órgano colegiado) que integrarán a los juzgados unipersonales, y de las Oficinas de Justicia en los Municipios. También se potenciará la resolución extrajudicial de conflictos para intentar aliviar la carga sobre los órganos jurisdiccionales.
La jurisdicción civil, desbordada
Las cifras difundidadas hoy muestran que en la jurisdicción civil se concentra la mayor parte del aumento de casos en trámite, más de 536.000: en sólo tres meses crecieron un 11,6%. Son un 28% más que hace un año. Los nuevos ingresos en el primer trimestre son un 48% más de los que se registraron en el primer trimestre de 2024. El número de asuntos resueltos también aumentó, pero no es suficiente para contener la avalancha de asuntos.
En la jurisdicción penal la situación también empeora, pero menos: en un año ha pasado de 198.000 a 218.000 asuntos pendientes, un 10% más. Lo mismo ocurre con la jurisdicción social (relaciones entre empresas y sus trabajadores), que pasa de 111.000 a 119.000 pendientes, un 7% más. La única que mejora es la jurisdicción contenciosa (juicios con la administración), que reduce un 10,8% los asuntos pendientes, hasta los 41.000.
La tasa de pendencia, que mide la ratio de asuntos pendientes y los resueltos, sube en los ámbitos civil (3,37) y penal, que sigue siendo la jurisdicción menos estresada, con una ratio de 1,17. En cambio, baja en las dos más saturadas, cuyo índice está disparado: en el contencioso se reduce, pero sigue en el 3,58, y lo mismo pasa en el social, donde la ratio entre asuntos pendientes y resueltos supera el 5. Este medio ya informó de que hay juzgados de lo social en Málaga que señalan juicios por despido para 2029, a cuatro años vista, provocando situaciones de indefensión para los trabajadores y de potenciales abusos por parte de algunas empresas, según denuncian los sindicatos.