El próximo mes de diciembre se reúne en Chile la XXV Conferencia de las Partes (COP25), el órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La Convención es un tratado que establece las obligaciones básicas de los 196 Estados y la Unión Europea para combatir el cambio climático. Se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y entró en vigor en 1994. España es signataria de la Convención desde sus inicios. En la COP25 se espera que los responsables de formular las políticas para afrontar el cambio climático tomen decisiones trascendentales para este período crítico que atraviesa el planeta. Y las decisiones deben tomarse ahora, porque somos la primera generación que sufre los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Todas las miradas se centran en cómo acelerar los cambios necesarios para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París (COP21) y en última instancia, limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C sobre los niveles preindustriales.
El Acuerdo de París en 2015 proporcionó una señal clara y urgente de que necesitamos experimentar un cambio significativo en el modo en que operan nuestras economías. Pero, a pesar de la evidencia, el mundo sigue remoloneando. El cambio climático es la mayor amenaza para el desarrollo sostenible e incluso para la estabilidad de las sociedades humanas, y recae desproporcionalmente sobre los países y sectores más pobres y vulnerables. Las consecuencias de no frenar las emisiones de CO2, que implican por ejemplo alteraciones climáticas con el incremento en la frecuencia de sequías intensas y de olas de calor, o el aumento del nivel del mar, ya están amenazando la supervivencia de amplias zonas de la superficie terrestre, con consecuencias desastrosas para la erradicación de la pobreza, la salud, la migración y la desigualdad.
En un informe reciente, Future Earth, un programa internacional sobre problemas ambientales, destacaba la permanente paradoja de los usos del suelo. Por un lado, el suelo, particularmente a través del sistema alimentario mundial, es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, ya que representa el 23% de las emisiones antropogénicas totales. El informe señala que la agricultura sigue siendo el principal impulsor de la deforestación, que conduce a grandes emisiones de CO2; además, el uso posterior del suelo para aumentar los cultivos y la ganadería implica un importante aumento en la producción de estiércol, fertilizantes y óxido nitroso, así como de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el CO2. Estos cambios tienen sus efectos, ya que los sistemas terrestres –y ahí está la paradoja- son muy vulnerables al cambio climático. Los ecosistemas terrestres, sin embargo, pueden jugar un papel muy importante en la mitigación del cambio climático, ya que pueden absorber y almacenar grandes cantidades de carbono atmosférico.
El informe señala que existen muchas estrategias basadas en el uso del suelo para mitigar el cambio climático sin que conduzca a sistemas competitivos y que puedan proporcionar beneficios múltiples en el contexto de la seguridad alimentaria, la prevención de la degradación, reducción de la pérdida de biodiversidad y mitigación del cambio climático. Sin embargo, estas opciones no pueden sustituir a una rápida transición a un sistema bajo en carbono en todos los sectores de la sociedad como requiere el Acuerdo de París.
Retrasar la acción frente al cambio climático finalmente conducirá a mayores presiones sobre los ecosistemas terrestres y los océanos. Las consecuencias de no lograr cero emisiones netas de CO2 para 2050 serían enormes, según el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. “Tendría un efecto dominó en cada gran desafío de desarrollo que enfrenta la humanidad, aumentaría la pérdida de vidas debido a emergencias climáticas extremas y retrasaría drásticamente la economía global. Sería inadmisible dejar un legado de negligencia a nuestros hijos. En cambio, las naciones deben impulsar la ambición de sus planes nacionales de acción climática para 2020 y mostrar liderazgo en alcanzar este objetivo crucial para nuestro mundo”.
De momento, los compromisos alcanzados por los países participantes en el Acuerdo de París no son lo suficientemente ambiciosos para limitar el aumento de la temperatura global del planeta y es evidente que hacen falta nuevos compromisos para lograr que las emisiones netas de carbono a la atmósfera se neutralicen para 2050, así como el desarrollo de medidas para fortalecer la protección de los océanos y ecosistemas terrestres. Esperemos que, más pronto que tarde, se tomen esas decisiones trascendentales para este período crítico que atraviesa el planeta, como demanda a gritos la sociedad.
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