Cuatro décadas sin cumplir la legalidad: Málaga tiene mil infracciones urbanísticas del siglo pasado sin resolver

En la Gerencia de Urbanismo de Málaga hay un expediente de infracción de 1984 pendiente de que se dé traslado al particular del informe del técnico municipal y otro, también abierto hace 42 años, pendiente del acuse de recibo. Hay un centenar largo de casos de los años 80, casi mil procedimientos del siglo pasado y cerca de 13.000 en total que se acumulan pendientes de alguna actuación para restablecer la legalidad o sancionar una infracción urbanística, ya sea una construcción ilegal o la falta de una licencia.

En total, hay 12.823 procedimientos de disciplina urbanística abiertos o en trámite, correspondientes a 9.455 expedientes (ya que un expediente puede generar varios procedimientos). El 70% de ellos no ha pasado las primeras fases del procedimiento. Un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 están en fase de sanción.

Los datos, obtenidos por el grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos) tras año y medio pidiéndolos, han causado escandalera en Málaga porque inciden en un déficit que ya motivó denuncias internas, una investigación penal y una comisión de investigación hace poco más de un lustro. La sospecha entonces era que había poco interés político por parte del Ayuntamiento (gobernado desde 2000 por el incombustible Francisco de la Torre -PP-) en agilizar las actuaciones del servicio de disciplina urbanística. Jefes de la Gerencia afirmaron ante un juez que los responsables presionaban para “mirar hacia otro lado” y varios trabajadores confirmaron el vaciamiento de la plantilla de Urbanismo dedicada a estas cuestiones.

“Barra libre” de infracciones

Ahora, Con Málaga vuelve a apuntar al mismo síntoma de un sistema ineficaz que pone “barra libre” a las infracciones, según Toni Morillas, portavoz de la coalición, quien ha reclamado la apertura de una nueva comisión de investigación.

Esta crítica activó de inmediato un resorte en el equipo de gobierno, muy sensible al tema. “Calumniar es gratis”, replicó al día siguiente Carmen Casero, concejala de Urbanismo, quien justificó el atasco en la complejidad y el garantismo de los procedimientos, y dijo que el 74% de los 48.365 expedientes que ha tramitado el servicio están resueltos. Todos los demás “tienen una causa por la que están abiertos”. “Es mentira que de manera intencionada este equipo de gobierno paraliza los expedientes”, añadió. Según dijo, cada expediente puede constar de hasta ocho hitos, cada uno de los cuales tiene que notificarse al interesado. “¿Podría ser más rápido?”, se preguntó: “No está en nuestras manos”.

“Hay que poner al personal donde hace falta”

Casero no mencionó las cuestiones organizativas ni la falta de personal, la principal crítica desde hace años. En cuatro ocasiones, Casero evitó responder a la periodista de la Cadena Ser que le pidió que concretara el número de personas que visitan las obras presuntamente infractoras. “No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores”, había reclamado Morillas. En la Gerencia de Urbanismo trabajan alrededor de 320 personas, aproximadamente un tercio de las cuales son técnicos. La cuestión es qué tareas asumen, según varias fuentes. “Claro que hay personal, pero hay que ponerlo a trabajar donde hace falta. Pero si no es tu prioridad…”, lamenta una fuente interna.

De los 320, actualmente hay 14 personas adscritas al servicio de infracciones urbanísticas, según la relación de personal adscrito entregada por el Ayuntamiento a Por Málaga, aunque Casero dijo que eran 19 en rueda de prensa, sin desglosarlos. Eran 18 en 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Inspección Urbanística. Antes había ocho técnicos auxiliares, que son los encargados de realizar las visitas al lugar de la presunta infracción; hoy son tres. Por entonces, había un “instructor de procedimientos sancionadores”. Esa figura ya no existe y los tres técnicos de administración general (licenciados en Derechos) se han convertido en uno.

“Si están desbordados acaba repercutiendo en el servicio”, admite Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, que apunta al posible efecto colateral de generalizar las declaraciones responsables, un mecanismo que permite al ciudadano tramitar sin licencia expedientes menores, a veces sin proyecto técnico. “Puede que algunos aprovechen para excederse, y eso derive en más expedientes de infracción”, lo que añade más volumen para la misma o menor plantilla encargada de restituir la legalidad.

“Málaga no tiene inspectores: sea para ruidos, para la ocupación de vía pública de locales en el Centro, para viviendas turísticas o para infracciones urbanísticas”, denuncia el arquitecto Fernando Ramos, que lleva años documentando estas carencias y observa que nada cambia. Por ejemplo, el registro municipal de solares en ruinas está desactivado desde hace años. “La conservación afecta a la vía pública y a la seguridad de los viandantes. No es aceptable que el Ayuntamiento diga durante 25 años que no encuentra al responsable. Debe actuar subsidiariamente, porque hay una obligación de poner el solar en carga. Si no, es dejación de funciones, y para el propietario es una herramienta para especular”.  

También caducaron por caducidad cientos de expedientes para retirar viviendas turísticas del registro porque el Ayuntamiento no presentó en tiempo su informe, tal y como desveló este periódico.

Una Comisión de Investigación ya constató injerencias

En diciembre de 2017 se aprobó un plan municipal para “mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantizar el respeto al principio de igualdad”, y precisamente “en atención a la gran cantidad de expedientes” de infracción. En teoría, sigue vigente, ya que se prorrogaba tácitamente si no se aprobaba uno nuevo en cuatro años, pero el Ayuntamiento no da cuenta del mismo. Para evaluar su cumplimiento, el plan obliga a elaborar una memoria de seguimiento y control de las intervenciones, pero tampoco hay constancia. Casero se limitó a señalar que “da resultado” porque en el último año se han abierto más expedientes que nunca.

La aprobación del plan coincidió en el tiempo con la comisión de investigación puesta en marcha en el Consistorio ante el descubrimiento de que unas 7.000 de las 11.834 denuncias urbanísticas presentadas entre 2006 y 2016 estaban sin investigar, con mil archivadas por caducidad.

La Comisión, celebrada durante el único mandato de los últimos siete en que el PP no ha tenido mayoría absoluta, se cerró con conclusiones muy críticas en las que se ponía el acento en la falta de personal y de planificación y la existencia de presiones políticas para dilatar expedientes. Según relataron algunos trabajadores, las técnicas de presión para evitar actuaciones urbanísticas incluían ceses o amenazas de cese (“poner a pegar sellos”), obligaciones de aviso previo de visitas inspectoras al concejal de distrito, falta de medios materiales y trabas para dilatar la tramitación hasta su caducidad. La antigua jefa de negociado, Teresa Domingo, se reunió con el alcalde en 2014 para exponerle estas irregularidades.

Poco después, un juzgado de instrucción investigó a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares (que siguen siéndolo) y el gerente José Cardador por las presuntas injerencias para entorpecer la tramitación de expedientes de sanción en la urbanización Villas del Arenal, donde muchos vecinos se habían construido pérgolas o anejos ilegales. Domingo y el antiguo jefe de la sección de infracciones confirmaron ante el juez la existencia de “injerencias políticas”, pero la denuncia acabó archivada.

La cuestión del personal laboral

También ha habido polémicas internas. La Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Málaga con un régimen laboral singular. Durante años, tuvo contratados a la mayoría de sus 300 trabajadores como personal laboral que encadenaban contrato tras contrato sin haber superado un proceso selectivo público. Pese a ello, muchos ejercían potestades reservadas a funcionarios, como otorgar licencias o proponer sanciones. Algunos acabaron demandando al Ayuntamiento. En 2024 la Junta de Andalucía y los tribunales (que tumbaron varios procesos selectivos) censuraron la estructura laboral de Urbanismo y obligaron a adaptar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a la legalidad.

En 2023, José María Morente fue nombrado gerente con la misión de “pacificar” el organismo. Venía con un extenso bagaje: tras años de incertidumbre, consiguió encarrilar el nuevo plan general de Marbella, y fue decisivo en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA) como director general de Urbanismo de la Junta. Hay quien cree que llegó a Málaga sólo para una cosa: encajar el nuevo PGOU de Málaga en la LISTA. “Está como figura: firma lo que le ponen por delante, pero no dirige. Tampoco el consejo rector tiene una función clara. En teoría es el órgano de dirección, pero no se dice cuáles son sus prioridades”, alerta una fuente interna, que denuncia falta de dirección.

La gran novedad en los últimos meses es que Málaga ha incorporado la posibilidad, prevista por la LISTA, de que entidades privadas participen en el procedimiento para la concesión de licencias, con el argumento de que dota de “agilidad” al sistema. La oposición denuncia que allana la privatización y consagra la desigualdad de acceso al sistema, reforzando la sensación de discrecionalidad, de la que hay ejemplos: la licencia de la cubierta de la Catedral, el proyecto más ambicioso de los últimos años, se dio en 19 días y sin plan director. La licencia para la reforma del Teatro del Soho de Antonio Banderas se expidió para obra menor.

“Hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad”, señala Morillas, que observa en este problema un síntoma de una forma de gestionar: “Hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas”.