La Junta de Andalucía reclama cinco millones a la Diputación de Málaga por saltarse plazos reiteradamente

Después de casi un año pidiendo a la Diputación de Málaga que justifique cómo se han usado cinco millones de euros en subvenciones concedidas al amparo del Plan de Fomento de Empleo Agrario, la Junta de Andalucía ha decidido ponerse firme: en una resolución ya ejecutiva, reclama al ente provincial malagueño que le devuelva el dinero. Si la Diputación no responde o si decide rebelarse, el conflicto podría acabar en los tribunales. Fuentes del ente provincial señalan que están estudiando esa posibilidad.

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos (con apoyo de Vox) reclama a la Diputación de Málaga, gobernada por PP y Ciudadanos, que devuelva cinco millones de euros. La resolución de reintegro, fechada el 21 de octubre pasado, fue adelantada por Diario de Sevilla este miércoles. El documento da cuenta de los sucesivos incumplimientos de los plazos que la Junta de Andalucía dio a la Diputación Provincial de Málaga para justificar el uso de 5.493.852,70 euros, cuyo fin debía ser financiar obras que generasen empleo en zonas rurales deprimidas.

La Diputación Provincial insiste en que todos los proyectos que debían financiarse con ese dinero (301 en total en los que se contrató a unos 12.000 parados) se han realizado y justificado ante la Consejería. “Es falso que las ayudas no estén justificadas”, explica una portavoz.

El problema, alegan, es “cuestión de procedimientos y de plazos administrativos”. Es decir, de cuándo y cómo se han justificado el uso de los fondos. “Eso es lo que se intenta resolver con la Consejería”, explica una fuente oficial. Sin embargo, no parece que la Consejería de Administración Local esté dispuesta a nada que no sea recuperar el dinero que entregó en su día.

Los procedimientos y plazos administrativos son precisamente el quid de todo trámite administrativo. Lo son para los ciudadanos, pero también para las relaciones entre administraciones como la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía. La Diputación esgrime que el papeleo y la participación de los ayuntamientos le impidió cumplir con las exigencias de la Junta de Andalucía. “Es un procedimiento complejo que implica a los ayuntamientos y mucha documentación”.

Tres plazos incumplidos

En principio, la Diputación de Málaga y el resto de entidades debían justificar cómo habían financiado las actuaciones del plan de empleo agrario de 2017 antes del 30 de septiembre de 2018. Sin embargo, la consejería retrasó la fecha de finalización de las obras subvencionadas, ampliando de forma general el plazo para justificar el uso de los fondos: primero permitió entregar los documentos hasta el 28 de febrero de 2019 y luego concedió hasta el 31 de mayo de 2019.

A partir de esa fecha, empezaron los problemas con la Diputación de Málaga, que pidió y obtuvo más tiempo hasta en tres ocasiones adicionales. Primero, logró retrasar el plazo al 15 de agosto de 2019. Un mes después de que transcurriera ese periodo, pidió otro plazo adicional alegando “dificultades técnicas y organizativas”. La Junta de Andalucía accedió a una solución inusual: la apertura excepcional de la plataforma informática durante diez días, hasta el 10 de octubre, para que la Diputación presentara, aunque fuera de plazo, la justificación final. Pero eso tampoco ocurrió.

El 16 de octubre, la Dirección General de Administración Local insistió para que la Diputación presentara la justificación “en el plazo improrrogable de 15 días”. Con un ultimátum: de no hacerlo, pediría el reintegro. Llegado el plazo, la Diputación contestó, explicando el porqué de los retrasos en que había incurrido desde seis meses antes: alegó que había justificado una parte (843.291 euros sobre 5.493.852, el 15%), que habían surgido problemas informáticos y que la creación de un servicio dedicado a tramitar y comprobar estas subvenciones había provocado retrasos.

Diputación Provincial: “Aún es recurrible”

La Consejería no aceptó las explicaciones. “Esta Dirección General ha comprobado que el funcionamiento de la plataforma SAWA y del centro de firmas ha sido correcto, no detectándose incidencias por mal funcionamiento de estas herramientas”, dice la resolución de reintegro, advirtiendo que no había recibido la relación de proyectos ni siquiera tras abrir excepcionalmente la plataforma.

El director general de Administración Local y representantes de la Diputación trataron de resolver el asunto en una reunión en octubre de 2019, pero la Junta de Andalucía inició el expediente de reintegro un mes después. Pese a los incumplimientos anteriores, todavía realizó un último intento de evitar el choque. Pidió al gabinete jurídico que le informara de si podía conceder otro plazo. El gabinete contestó que la norma avala una interpretación “conciliadora”, pero que ya no era posible ampliar más. Ahora bien, se mostró abierto a que la comisión de seguimiento buscase una solución.

Hasta el 17 de marzo de 2020 (año y medio después del plazo inicial y diez meses después del extraordinario), la Diputación de Málaga no remitió el anexo de justificación y el certificado del interventor que le había pedido la Junta de Andalucía.

La resolución de reintegro, que es ejecutiva e incluye las cartas de pago, se emite por 5.020.827,88 euros: 4.711.879,22 euros por el principal y el resto por los intereses de demora.

Fuentes oficiales de la Diputación explican que el gabinete jurídico estudia interponer un recurso contencioso administrativo. La Diputación tenía dos meses a partir de la notificación de la resolución, que tiene fecha del 21 de octubre, para llevar el asunto a los tribunales. La Diputación, que este miércoles no ha aclarado cuándo recibió la notificación, asegura: “Aún es recurrible”.

La Diputación alegó un “efecto lesivo” sobre sus competencias

La Diputación admite sus demoras, pero cree que no deberían tener un “efecto tan lesivo” como la devolución del dinero. Aunque ahora asegura que no tendrá efecto, el ente provincial alegó ante la Junta de Andalucía que esta pérdida le haría imposible ejercer sus competencias de asistencia económica a los municipios, “no pudiendo hacer frente a la carga económica que supondría la pérdida de dicha cantidad”. El presupuesto del ente para 2021 asciende a 365 millones de euros (402 millones si se incluyen el Patronato de Recaudación y Turismo Costa del Sol).

En la consejería enmarcan el proceso en la normalidad administrativa. “De no abrir este expediente de reintegro se hubiera bloqueado la recepción de las nuevas subvenciones de las siguientes convocatorias del Plan de Fomento del Empleo Agrario por parte de la Diputación de Málaga y, por ende, de los ayuntamientos de la provincia”, advierte una fuente oficial, que rebaja la entidad de este procedimiento, “uno más” entre un total de 87 expedientes de reintegro o devolución de subvenciones.

Sin embargo, el asunto tiene aristas políticas. El expediente de reintegro, tramitado por la consejería de Administración Local dirigida por Juan Marín (Ciudadanos), pone en cuestión la eficacia en la gestión de la Diputación de Málaga, presidida por el popular Francis Salado y, hasta enero de 2019, por Elías Bendodo, hoy compañero de gabinete de Marín.