El Ayuntamiento de Málaga desahucia por okupa a una mujer a la que le concede una ayuda para el alquiler

Sara Arlandi y sus cuatro hijos menores han sido desahuciados este miércoles de la vivienda en la que venían residiendo desde hace más de dos años. Lo paradójico de la situación es que el impulsor de su desahucio es, a la vez, la institución que debe ayudar a Sara a encontrar un hogar. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga, encargado de gestionar la casa, instó el desahucio para evitar que cunda el ejemplo de Sara, que ha vivido allí irregularmente desde que falleció la adjudicataria, saltándose la lista de espera para acceder a este tipo de viviendas.

A mediodía, Sara, que está embarazada de su quinto hijo, ya había sacado sus pertenencias de la casa de Calle Lucero. Según su relato, empezó a vivir allí en enero de 2017 tras una pelea con su expareja. En la vivienda, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) pero gestionada por el IMV, residía entonces la madrina de una de sus hijas. Una persona mayor que, según el relato de Sara, era como de la familia para ella porque la conocía desde pequeña. La mujer enfermó siete meses después, y Sara, que cuidó de ella en sus últimos días, decidió permanecer en la vivienda junto con sus hijos, de 18, 13, tres y dos años, cuando la señora falleció.

“Yo le dije a la asistenta (social) que me iba a quedar, que no tenía otro sitio donde ir, pero ella me dijo que no podía ser”, relata Arlandi. “Me decían que tarde o temprano me llegaría el aviso para irme”. Los avisos llegaron, y el juez fijó inicialmente el desahucio para el 10 de enero de 2019. Sin embargo, aquella mañana de invierno Sara logró una prórroga: dispondría de seis meses más para buscar una nueva casa.

“He buscado por cielo y tierra”

Pasados los seis meses, Sara no ha encontrado casa y ha perdido la que ocupaba porque los agentes judiciales ejecutaron el desahucio a primera hora de la mañana. Ni siquiera surtió efecto la presencia de activistas, porque para cuando llegaron la comitiva judicial ya había entrado en la vivienda. A mediodía, la mujer ya tenía casi todas sus pertenencias en el patio del edificio.

Arlandi asegura que en estos seis meses no ha parado de buscar una vivienda. Es beneficiaria de una ayuda al alquiler, por la que el propio IMV se compromete a abonar al propietario de la vivienda 550 euros en concepto de alquiler durante seis meses, a partir de los cuales se reduce un 20% semestral.

Sin embargo, no ha sido capaz de encontrar quien quisiera alquilar. “Llevo buscando desde que me dieron la ayuda al alquiler, en enero. Les he enseñado los whatsapps, para que vieran lo que decían los dueños. Me han dicho que tengo que menearme más. He buscado por cielo y tierra sin encontrar nada”, asegura. No obstante, a mediodía ya no pudo mostrar los whatsapps porque, según aseguró, los había borrado.

El Ayuntamiento: “no podemos saltarnos la ley”

La versión del ayuntamiento es que se le ofrecieron tres alternativas. Según Gemma del Corral, concejala de Derechos Sociales, “dejó pasar más tiempo de la cuenta” en el primer alquiler que se le ofreció, luego rechazó un quinto piso sin ascensor y en el último caso advirtió a la propietaria que tendría dificultades para pagar después de los seis primeros meses de ayuda íntegra, porque ingresa unos 300 euros al mes como limpiadora. Según Ansaldi, en una de las ocasiones la propietaria le aseguró que se la alquilaría, pero el retraso de la Junta de Andalucía frustró el trato. En las otras, se trataba de una habitación para ella y sus cuatro hijos en un piso compartido. “No me he quedado de brazos cruzados”, protesta.

El argumento del Ayuntamiento para desalojarla es que ocupaba la vivienda de forma irregular, saltándose una lista de solicitantes en situaciones similares de emergencia habitacional. “La gente tiene que entender que no podemos saltarnos la ley”, señala la concejala, que ante los medios ha insistido en que el Ayuntamiento trata de lanzar un “mensaje de tranquilidad para las familias que están en espera de esta vivienda en circunstancias iguales, parecidas o peores que la de Sara”.

Según la concejala, en lista de espera para acceder a una vivienda como la que ocupaba la mujer hay 1.800 familias. “La legítima beneficiaria de esta vivienda que hoy desalojamos es una madre con otros cuatro hijos que sí ha seguido los cauces legales cuya adjudicación ha venido por el comité FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social), asegura Del Corral, que insiste en que los servicios sociales seguirán tratando de ofrecer alternativas a Sara y sus hijos ”en el menor tiempo posible“.

Sin embargo, el caso también pone de manifiesto las dificultades de acceder a un alquiler para personas en riesgo de exclusión. Del Corral ha asegurado que más de 800 familias se han beneficiado de la ayuda municipal al alquiler social, pero ha omitido que más de la mitad de los beneficiarios de la ayuda no encontraron vivienda que alquilar. Así consta en un informe municipal de octubre de 2018, en el que se indica que, de las 1.585 familias solicitantes, 870 reúnen las condiciones para ser beneficiarios, pero “no han encontrado vivienda para implantarla”. El Ayuntamiento no ha ofrecido datos actualizados pese a la petición de eldiario.es/Andalucía.

El auge de las viviendas turísticas en la ciudad, donde ya hay registradas más de 5.000, ha retirado del mercado de alquiler residencial una gran cantidad de viviendas, y empujado los alquileres al alza. Málaga es la cuarta provincia por precio medio de alquiler en toda España, pese a que la renta bruta en la mayoría de sus municipios, incluyendo la capital, es de las más bajas. “En Málaga cada vez es más problemático encontrar una vivienda de alquiler”, señala Isabel Jiménez, activista de la PAH y exconcejala. “Yo les he pedido retrasar el desahucio hasta septiembre u octubre porque ahora es muy difícil que encuentre algo”. De momento, los cuatro niños se irán con la expareja de Sara, y ella dormirá en la vivienda de sus padres, mientras sigue buscando quien le alquile.