La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, número dos del PSOE federal, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha comparecido este viernes ante una nube de medios de comunicación en Sevilla, mientras en ese momento la Guardia Civil se personaba en instalaciones de su Ministerio en busca de documentación ligada a un posible caso de corrupción, y mientras en la sede de su partido, en Ferraz, se presentaba el esperado informe sobre las denuncias de abuso sexual contra Francisco Salazar, alto cargo en Moncloa y en el PSOE federal.
Sobre este último asunto, el que más “desgarra” a los socialistas por echar por tierra su discurso y trayectoria feminista, Montero ha asumido la “lentitud” en la gestión de las denuncias de las militantes, durmiendo en un cajón desde hace cinco meses, pero acto seguido ha querido hacer una diferenciación entre los mecanismos internos del partido para atajar abusos o comportamientos machistas contra sus mujeres, y lo que es competencia directa de los tribunales. “El PSOE no es un sustitutivo de la Justicia”, ha sentenciado.
La número dos de la ejecutiva federal ha puesto en valor los “instrumentos y protocolos” antiacoso de los que se ha dotado el partido “de forma pionera”, para que las mujeres militantes “tengan la capacidad de denunciar de forma anónima o directa si se han sentido agraviadas, acosadas, vejadas, humilladas...evidentemente en aquellas materias que no son delito”.
Y ha remachado: “Aquello que supone un claro delito, yo aconsejo a las mujeres siempre que se vayan directamente a los tribunales, a la Fiscalía. Si una mujer es víctima de un delito que ella calibra como tal, mi consejo a todas las mujeres, sean del partido o no, es que acudan directamente a los tribunales de justicia. Porque tienen que asegurar su protección y se tiene que investigar con los instrumentos de los que dispone la Justicia. El PSOE no es un sustitutivo de la Justicia”.
El canal antiacoso del PSOE, ha explicado, es un “elemento añadido” que permite al partido llevar a cabo actuaciones reglamentarias de carácter interno, como amonestaciones o la expulsión del partido, como ha ocurrido con Salazar, el líder del partido en Torremolinos o el presidente de la Diputación de Lugo, acusados internamente de supuestos abusos. “No podemos confundir los mecanismos. Si hay delito, a los tribunales”, ha zanjado.
La apreciación de Montero es relevante, en tanto que el escándalo que ha desatado el caso Salazar y la tardía gestión de las denuncias de las dos militantes ha avivado las voces internas que reclaman a la dirección federal a denunciarlo directamente ante la Fiscalía.
Este viernes, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha anunciado que el informe sobre Salazar confirma que las denuncias de las mujeres desprenden “verosimilitud” pero que el partido es incapaz de acreditarlas, y les resta trascendencia penal: “Podría suponer la comisión de una falta prevista en el 86.i de los Estatutos Federales del PSOE, contraria al Código Ético y de Conducta”.
La vicesecretaria general del PSOE federal ha admitido que el instrumento de antiacoso “ha demostrado en una primera fase que tiene muchas cosas que mejorar y que tiene que rodar”. La primera, ha dicho, es que “las víctimas se tienen que sentir acompañadas y protegidas”.
El caso Salazar estalló cuando, en las horas previas al último Comité Ejecutivo que iba a designar al político sevillano como adjunto a la Secretaría de Organización (tras el arresto de Santos Cerdán), elDiario.es publicó el caso de varias mujeres que le acusaban de actitudes de abuso sexual y laboral y de expresiones machistas. Salazar fue apartado, pero en el mes de julio, el canal interno antiacoso registró dos denuncias más de trabajadoras que el partido no tramitó. Hasta que este periódico volvió a sacarlas a la luz, hace un par de semanas, provocando otro tsunami.
“Si no lo hemos hecho bien, y a la vista está que no se hizo bien, tenemos que mejorar. Vamos aprendidendo estas cuestiones sobre la marcha”, ha reconocido Montero, que también ha subrayado que “no es de recibo que un expediente tarde el tiempo en el primer caso que se denunció en este canal. Esto no puede ocurrir: tiene que ser resuelto a la mayor celeridad posible”.
Dicho esto, la líder del PSOE andaluz ha puesto en valor el alto nivel de autoexigencia de su partido en estos asuntos, confiada en que terminará arrastrando a otras formaciones políticas “que no tienen estos mecanismos antiacoso”. “En el PSOE nos importa, por eso hay una mayor exigencia sobre nosotros, y así tiene que ser. Somos un partido feminista”, ha reiterado, una y otra vez.
Montero ha comparado la reacción de los socialistas con la gestión del PP tras las denuncias de abusos contra el senador popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha renunciado a su militancia y cargos orgánicos, pero se mantiene como regidor y dentro del grupo parlamentario popular en la Cámara Alta.
La dirigente socialista ha tildado de “hipócrita” al presidente de la Junta y su rival en las urnas, Juan Manuel Moreno, por pedirle explicaciones a ella sobre el caso Salazar, pero desentenderse del caso de Landaluce. “Ahora mismo no hay ninguna persona denunciada por las mujeres de mi partido que siga ocupando sus responsabilidades. Se les ha pedido a todo el mundo que abandonen, sus responsabilidades políticas o laborales. No he visto lo mismo en el PP”, ha recordado.
La investigación en la SEPI y los registros en Hacienda
La ministra también ha dado explicaciones sobre la operación de la UCO, que esta mañana se ha personado en las oficinas centrales de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenidos el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.
Sobre la detención de Fernández, Montero ha recordado que llevaba seis años fuera de la SEPI y que ella lo cesó en cuanto fue imputado por la supuesta adjudicación irregular de la explotación de la mina de Aznalcóllar a una empresa mexicana, un caso del que ha sido exonerado recientemente. “Cuando hay algún imputado o incurso en un proceso judicial, automáticamente lo ceso. Siempre, como actitud ejemplar”, ha recordado.
La ministra asegura “desconocer” qué investiga la UCO, porque está decretado el secreto de sumario en esta causa, aunque fuentes del caso hablan ya de irregularidades en la contratación pública y posible blanqueo de fondos. Montero, en todo caso, enmarca cualquier actuación reprochable penalmente de Fernández a su periodo posterior en la SEPI, cuando fichó por la empresa Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta de mordidas a cambio de obra pública, por la que fue detenido Cerdán. Servinabar recibió ayudas de la SEPI, de ahí el vínculo que investiga la Guardia Civil.
Tras el arresto del expresidente de la SEPI, Montero asegura no haber encargado una investigación interna sobre el periodo en el que trabajó para el Ministerio, alegando que ya hay una investigación judicial en marcha y que ahora lo que toca es facilitar la documentación a la Justicia. “La principal interesada en aclarar la verdad soy yo”, ha dicho.
Montero ha explicado que el equipo de Vicente Fernández en la SEPI, tras su cese en octubre de 2019, también fue “renovado” por su sucesor. Aunque la ministra mantuvo el puesto vacante más de un año, mientras se resolvía el caso judicial de Aznalcóllar. La dirigente socialista ha recordado que la mano derecha de Fernández era Miguel Ángel Figueroa, que siguió en la cúpula de la SEPI hasta el 2 de agosto de 2022, hasta que fichó para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, precisamente para pilotar la agencia IDEA “la SEPI andaluza”, lo ha llamado Montero.
Figueroa fue ascendido hace unos meses y actualmente es el interventor general de la Junta.
Es un caso que ha sacudido de forma muy importante a mi partido