El fiscal acusa de certificar obras falsas por un millón de euros en el Puerto de Málaga
Pilotes que no se instalaron o que no tenían la longitud que se certificaba, 3.000 toneladas de escollera que nunca se colocaron y dragados que no se llevaron a cabo. El fiscal acusa a dos ingenieros del Puerto de Málaga, a dos técnicos de Sando y a uno de Dragados de ponerse de acuerdo para certificar obras que no se habían realizado tal y como ellos decían. Con esto se generó un perjuicio económico al Puerto cercano al millón de euros, ingresados a Sando sin causa legítima, según el fiscal.
El escrito de acusación, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, pide una pena de 11 años y seis meses de prisión para el responsable técnico del puerto, principal acusado. Después de cinco años de instrucción, el fiscal concluye que el director de la obra designado por el Puerto se conchabó con otro ingeniero del puerto y con los responsables de las obras adjudicadas a Sando para incrementar el lucro de esta última empresa. El relato del fiscal sitúa el motivo del ingeniero en “congraciarse” con la constructora.
El fiscal hace un recorrido histórico que se remonta al “ambicioso programa” de modernización del Puerto ejecutado durante la década pasada gracias en gran parte a los fondos FEDER. Es entonces, entre 2005 y 2007, cuando se ejecutaron las obras investigadas que ahora se llevarán a juicio: el nuevo atraque para cruceros en el dique de Levante, la restauración y mejora del atracadero Sur de cruceros y la mejora del calado de la dársena en el muelle 9.
La obra en el atraque para cruceros fue adjudicada a Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, SA en marzo de 2014 por 8.062.601,57 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses, con una rebaja del plazo de ejecución de siete meses y una baja del 16,50%, cinco puntos superior a la ofertada por otros licitadores. La Autoridad Portuaria encargó la dirección y el control de obra a J. P. G. F. y a J. F., ahora acusados y Sando designó a otros dos acusados como jefe de obras y supervisor, respectivamente.
El supuesto engaño empezó a urdirse con la modificación del proyecto a finales de 2005, con un incremento de 1.594.537,67 euros (equivalente al 19,78% del inicial). Según el fiscal, mientras preparaba el proyecto modificado el director de obra “recibió presiones de ingenieros u otras personas vinculadas a la constructora Sando”, “posiblemente alarmadas por los costes reales que no supieron o no quisieron prever en su momento”.
El técnico del puerto habría aprovechado para “congraciarse con los técnicos o responsables de Sando”, cliente habitual de una consultora de ingeniería que él y sus hermanos habían constituido, y “se comprometió a manipular las futuras relaciones valoradas y certificaciones para aumentar subrepticiamente el valor de las obras y así proporcionar a la contratista un beneficio superior al que le correspondía”. Para esto habría contado con la colaboración necesaria de su subordinado. Estaban “convencidos”, según el fiscal, de que nadie investigaría a fondo el desarrollo de la obra.
“Partidas asociadas a unidades de obra innecesarias”
Para justificar y encajar los sobrecostes en el presupuesto, el director de obra recogió en el modificado “partidas asociadas a unidades de obra innecesarias, que más adelante se certificarían sin haber sido ejecutadas”. Así, se habría inventado la colocación en la base de 3.000 toneladas de escollera y certificó la ejecución de longitudes exageradas o pilotes directamente inexistentes, de modo que lo proyectado y certificado siempre era muy superior a lo realmente ejecutado.
Para la liquidación del proyecto modificado los acusados se pusieron de acuerdo para no corregir las partidas indebidamente certificadas y “volver a manipular al alza algunas mediciones”, hasta el límite que la ley permite. El resultado fue que el coste se disparó a 10.436.959,34 euros, con un aumento del 8,07% sobre el último presupuesto aprobado. En la liquidación, dice el fiscal, se modificaron “arbitrariamente” las mediciones de al menos cuatro unidades de obra.
Además, a finales de 2006 se redactó un nuevo proyecto complementario, para el que se emitieron seis certificaciones “en las que se duplicaba adrede la mayor parte del material de todo uno y escollera previamente incluido y certificado (…) logrando con esa maniobra que la Autoridad Portuaria pagara dos veces a la constructora un tramo de 40 metros de mota”. Según el fiscal, el perjuicio total para el Puerto ascendió a 942.506,92 euros.
Un engaño descubierto a raíz de un accidente
El pufo se descubrió a raíz de que un buque encallara entrando al Muelle de Levante. Los responsables del puerto pretendieron adjudicar directamente a Sando las obras de reparación de los desperfectos. Mientras se negociaban las responsabilidades con la naviera, e “impulsado por el afán de favorecer a la constructora”, Gómez de la Fuente presentó un presupuesto de reparación donde planteaba dos posibles soluciones con costes de 2.121.695 y 2.648.966 euros, en las que había incluido “a propósito” precios unitarios superiores a los de mercado y unidades de obra innecesarias.
También maniobró, según el fiscal, para “evitar o limitar” la concurrencia de otros licitadores, de modo que antes de que se licitara el contrato Sando ya estaba acopiando el material. Finalmente el director del Puerto descartó la solución propuesta por su director de obra, y optó por un proyecto con coste final de 530.000 euros. Fue en ese momento cuando se descubrió que los pilotes de la primera obra eran menos y más cortos de lo certificado.
La tercera de las obras fraudulentas consistió en el dragado del fondo del Muelle 9. Esta zona, que debía tener una profundidad de 16 metros, había lugares que apenas superaban los 14 metros. Dragados, adjudicataria del concurso para ampliar el calado dragando el fondo por 293.480 euros, no habría ejecutado lo contratado. “En lugar de dar cuenta a sus superiores optó por zanjar el asunto y se concertó con el otro acusado para solapar las posibles irregularidades”. La “falsa apariencia de normalidad” en los calados provocó, en 2010, que un buque estuviera a punto de encallar cuando accedía al Puerto.
El fiscal, que no ha hallado prueba de “contraprestaciones”, acusa de falsedad en documento oficial y malversación al técnico y al director de obra, también acusado de fraude, y pide para este último once años y seis meses de prisión, y para el primero, seis años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público. Los otros tres acusados lo son como cooperadores necesarios. Pide, además, que indemnicen al Puerto de Málaga con 941.294,75 euros más intereses, de los que debería responder solidariamente Sando.
