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La sentencia contra la mina de Riotinto obliga a la Junta de Andalucía a repetir los trámites de su impacto ambiental

El TSJA le comunica a la Junta de Andalucía y a la empresa Atalaya Riotinto la firmeza de una sentencia, cuyo recurso ha rechazado el Tribunal Supremo 

La Administración andaluza asegura que han "cumplido la sentencia" y que "volverá a someter a información pública" la autorización ambiental en "los próximos días"

Ecologistas en Acción asegura que "desde este jueves la mina está funcionando ilegalmente" y que las gestiones deberían haber empezado en septiembre

Un estudio de la organización verde alerta sobre la "alta probabilidad" de un desastre en las balsas de la explotación onubense

La Junta recurrirá la sentencia del TSJA sobre la mina de Riotinto que "no suspende la actividad" del proyecto

Mina de Riotinto (Huelva)

No hay vuelta atrás. La Junta de Andalucía está obligada a repetir los trámites para que la mina de Riotinto pueda funcionar con los permisos ambientales en regla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha comunicado al Gobierno andaluz y a la empresa minera, Atalaya Riotinto (filial de la anglochipriota Atalaya Mining), la firmeza de la sentencia que anula la autorización ambiental. El recurso de casación ante el Supremo no ha prosperado y, por tanto, la sentencia del TSJA, fallada en septiembre, ya es firme.

El fallo obliga ahora a que la Junta de Andalucía reinicie los trámites desde el principio. Consultada por este diario, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible afirma que "ha cumplido la sentencia" y que "volverá a someter a información pública" la autorización ambiental en los "próximos días". La Administración andaluza cuenta con 60 días para hacerlo.

Exposición pública, un paso obligatorio

La Consejería de Medio Ambiente concedió la Autorización Ambiental Unificada (AAU) en 2014 sin cumplir con un periodo de exposición pública, para todo los documentos de carácter que presentó la mina. Un paso obligatorio, que permite que cualquier ciudadano pueda acceder al permiso ambiental y recurrirlo. 

Aunque hubo un primer y único periodo de exposición pública, la empresa presentó más tarde "numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente" impidiendo así la participación pública en una de las fases primordiales del procedimiento.

En esa documentación había información "indispensable" sobre suelos contaminados, contaminación acústica, escombreras o aprovechamientos forestales. Los documentos que no pasaron bajo la fiscalización de la exposición pública también incluían "un estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al estudio de impacto ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso".

Según la sentencia del TSJA, "la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni a participación, se desatienden ambos principios".

El permiso de reapertura

Sin autorización ambiental no puede haber autorización para reapertura de la mina, que resolvió favorablemente en enero de 2015, la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Ese permiso ya ha sido anulado por el TSJA y recurrido ante el Supremo por la empresa minera. Los ecologistas vaticinan que dicho recurso tendrá el mismo recorrido que el de la autorización ambiental: no será admitido a trámite.

Los denunciantes, la organización verde Ecologistas en Acción, aseguran que "desde hoy la mina está funcionando ilegalmente" y que las gestiones deberían haber empezado cuando el TSJA anuló la autorización en septiembre.

"Desde este momento, el Proyecto Riotinto carece de autorización para funcionar, porque la AAU está anulada y esta autorización es una condición imprescindible para poder seguir con la explotación. Es responsabilidad de la Junta de Andalucía ejecutar la sentencia del TSJA ratificada por el TS, y mientras tanto no es posible otra situación jurídica que la paralización de la actividad", asegura la ONG ambiental.

Atalaya, la empresa minera, afirma que "en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando Atalaya" y achaca la sentencia en contra a meras "cuestiones formales" que ahora debe resolver la administración andaluza. Según Ecologistas en Acción, "el tribunal, al haber encontrado una causa de nulidad a nivel formal, no ha entrado en el fondo de la cuestión. Ni avala ni discute el fondo de la cuestión. Si se presenta el mismo proyecto, recurrirá de nuevo para que se entre a analizar el fondo".

"Alta probabilidad" de desastre ambiental

Además, la organización ecologista ha iniciado un estudio independiente sobre la situación de las balsas mineras de Riotinto. Según el experto Steve H. Emerman, de la Universidad de Utah, existe una "alta probabilidad" de un desastre ambiental en la mina de Riotinto, debido al "diseño defectuoso" del sistema de presas de lodos.

El diseño de las presas, formadas por los propios lodos, resulta "defectuoso, la cantidad de agua acumulada en el interior de los lodos es demasiado alta, y el actual sistema de vertido de lodos, thin layer (capas finas), tal como se está ejecutando, provoca una mezcla de arenas y limos que implica una alta probabilidad de inundación y licuefacción estática futura".

Las balsas contienen 80 millones de metros cúbicos de lodos. Bajo una capa de lodo seco de un metro de profundidad, los expertos aseguran que hay 89 metros de lodos con unos porcentajes de humedad mayores a lo permitido. 

Elena Solís, responsable de minas en Ecologistas en Acción, afirma que "la concentración de humedad de los lodos es mucho menor. No es del 50% como autorizó la Junta de Andalucía. El profesor considera que es demasiado poco. Ahora mismo es del 30%. Lo normal en el resto del mundo es el 80%, ya que los lodos construyen los cimentos y las paredes de la balsa", apunta Elena Solís, responsable de minas en Ecologistas en Acción.

Las balsas contienen metales pesados y , al igual que Aznalcóllar, "también es de esperar que, al igual que allí, se depositaran ilegalmente residuos del polo químico de Huelva".

Los lodos llegarían al litoral onubense

Si tuviera lugar la catástrofe, se produciría un derrame hacia la cuenca del Río Odiel, "que afectaría a varias poblaciones. Principalmente a Gibraleón y la propia Huelva. El espigón dirigiría los lodos hacia la costa de Mazagón, Matalascañas y Doñana, dependiendo de la intensidad del derrame".

Por esa razón, el experto norteamericano recomienda que "para evitar un desastre futuro, se paralice el vertido de lodos y se inicie de inmediato el drenaje para disminuir el nivel de agua en el interior de los lodos".

Un estudio anterior de Ecologistas en Acción apunta que "se podrían derramar 66,28 millones de m3 de lodos tóxicos (en Aznalcóllar se derramaron 6 millones). Los lodos caerían desde alturas de entre 46 y 64 m (según el punto de rotura), al arroyo Rejoncillo y/o al barranco de la Aguzadera, y en poco más de 30 minutos llegarían al río Odiel, llegando al mar y pudiendo afectar a las costas de Doñana".

Y un estudio de la empresa Ayesa apunta a que zonas pobladas de la provincia de Huelva  "podrían ser inundadas por una onda de vertido tóxico de hasta cinco metros, no descartándose la pérdida de vidas humanas", si las balsas se rompieran.

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