Podemos registra una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar la gestión de la depuración del agua en Aragón
Podemos Aragón ha anunciado que mañana (martes, 12 de marzo) presentará una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que esta investigue la planificación y gestión de la depuración del agua en la comunidad. Un sistema, recuerdan desde la formación morada, basado en la colaboración público-privada “en el que el Gobierno de Aragón ha adjudicado la construcción de las depuradoras y su explotación durante 20 años a empresas privadas”.
Desde marzo de 2018, se ha desarrollado una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, en la que, según Podemos, se “han demostrado numerosas irregularidades”. Consideran, por tanto, que hay “indicios suficientes”, y, por ello, dan el paso de recurrir a la Fiscalía Anticorrupción.
La comisión se cerró el pasado 21 de febrero con la aprobación por unanimidad de 14 recomendaciones y la incorporación de 81 votos particulares. Entre las recomendaciones se incluye la intensificación de los mecanismos de seguimiento de los planes de depuración o “el estricto cumplimiento de las fórmulas de control interno o externo existentes”.
Es insuficiente para Podemos, que denuncia “una gestión oscura con prácticas que recuerdan a las peores tramas de corrupción”. A lo largo de la comisión, dicen, se ha podido comprobar “que la lucha contra la corrupción no es igual de intensa en todas las formaciones políticas”. La “tibieza y falta de compromiso” con la que, según la formación morada, se ha actuado, quedó “reflejada en la elaboración del dictamen. La falta de acuerdos sobre la gestión pasada y la falta compromiso de otras fuerzas para buscar responsables ha puesto de manifiesto la falta de voluntad de algunos partidos para combatir la corrupción”.
Señalan que, “utilizando como excusa la agilidad, se diseñó una red clientelar al servicio de grandes empresas y un sistema de trabajo oscuro alejado de los controles de la administración. Se crearon empresas y UTEs expresamente para la ocasión y hay indicios serios de reparto poco casual del negocio”.
El Plan de Depuración para los Pirineos, explican, “iba a estar financiado al 100 % por el Ministerio. ¿Por qué habiendo liquidez para desarrollar un sistema público se impulsó un sistema de concesiones a empresas? Parte de los fondos del Ministerio fueron desviados a plantas de purines que no tenían nada que ver con la depuración”.
Señalan, por añadidura, que “la otra parte de los fondos se desvió a ayuntamientos sin convocatorias públicas y los gobernados por el PAR fueron los más beneficiados”.
El resultado de esta “gestión oscura: depuradoras sin construir, consecuencias medioambientales incalculables, un fiasco para las arcas públicas, municipios sancionados y la ciudadanía pagando el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA)”.
