Decenas de pueblos en Aragón siguen sin tener depuradora tras un plan que prometía 1.000 millones en inversiones
Las aguas bajan revueltas en Aragón. Alfredo Boné, cuando era consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, aseguró en 2008 que, tras una inversión de 1.000 millones de euros, esperaba que para 2015 se hubieran completado las 1.400 actuaciones necesarias para depurar las aguas residuales de la comunidad. El año ha llegado, pero las previsiones no se han cumplido. En decenas de municipios todavía no se han levantado las plantas previstas, algo que, en opinión de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), hace patente el colapso del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
La historia de las depuradoras en Aragón empieza hace más de dos décadas. Obligados a cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, los principales municipios aragoneses (incluida Zaragoza, que reúne a más de la mitad de la población aragonesa) comenzaron en los años 90 a construir sus depuradoras con la ayuda de fondos europeos. Sin embargo, en una fase posterior, los pueblos pequeños, sin capacidad financiera ni técnica, se vieron necesitados de ayuda. Ahí es donde entró el Instituto Aragonés del Agua (IAA), un organismo autonómico creado en 2001 y que hasta esta legislatura ha estado gestionado por el PAR.
El IAA se puso al frente del proceso, y muchos municipios le cedieron las competencias en materia de saneamiento. A partir de ahí, se construyeron depuradoras bajo un modelo en el que la propiedad estaba al 51% en manos públicas y al 49% en manos de una empresa concesionaria, que adelantaba el dinero para las obras a cambio de asumir la gestión por un periodo de 20 o 25 años. Para Mariano Mérida, de RAPA, “en lugar de dar soluciones, el IAA creó un problema”. “En teoría -asegura- este sistema garantizaba el control público, pero la realidad ha sido que las empresas se han hecho con la capacidad de decisión”.
Según fuentes del IAA, esa fórmula dio “buenos resultados” hasta que llegó la crisis. Entonces, “las empresas tuvieron problemas para financiarse y abordar las inversiones, varias no pudieron hacer frente los contratos, por lo que hubo que rescindirlos y volver a sacarlos a licitación”, explican. Este ha sido el caso de las depuradoras del Pirineo, el Matarraña y del municipio de Utebo, el tercero por número de habitantes de la provincia de Zaragoza.
En la actualidad, prestan servicio 100 de las 132 depuradoras previstas por el Plan Especial y 20 de las depuradoras del Plan Pirineos, que contemplaba 296 actuaciones (entre depuradoras, colectores, fosas sépticas y otras obras). El IAA gestiona en total 190 plantas.
“Estamos a favor de la solidaridad, pero se debe pagar lo justo”
Para sostener económicamente el Plan de Saneamiento y Depuración autonómico apareció el Impuesto de Contaminación del Agua (ICA; anteriormente se pagaba el denominado canon), que se destina a la caja común del IAA. Según los datos que maneja RAPA, a Huesca le cuesta depurar 1,1 millones de euros y sus ciudadanos pagan 3,8 en concepto de ICA; en Barbastro supone 0,3 y abonan 1,1. El caso más llamativo es el de Jaca, cuyo coste es de 0,4 millones y paga 2,4, seis veces más. Los vecinos de Zaragoza, que construyó sus depuradoras por sí misma, están de momento exentos del ICA. El IAA matiza que “este impuesto no es una tasa por depurar, se aplica por producir aguas residuales e incluye otros costes de saneamiento que no se tienen en cuenta”.
El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón (PSOE), está de acuerdo con este “sistema de solidaridad”, pensado para costear las depuradoras de pequeños pueblos donde es difícil que, por población y volumen de aguas residuales, se amorticen. Sin embargo, recuerda que, además de la ciudad, su municipio tiene otros 33 núcleos, de los cuales solo cinco tienen infraestructuras para la depuración. Por eso pide “que se acaben de construir todas, adaptándolas a las necesidades de cada pueblo”.
Mariano Mérida asegura que “la RAPA está a favor de la solidaridad, pero se debe pagar lo justo”. En el informe que esta organización presentó a la Fiscalía Provincial de Zaragoza en 2014, uno de los problemas denunciados es el sobredimensionamiento de las depuradoras. En este documento se lee que hay muchas plantas que operan por debajo del 30% de su capacidad (Calamocha al 29%; Burgo de Ebro, al 23%; Ayerbe, al 19%...). RAPA también cuestiona las tecnologías utilizadas, ya que, explica Mérida, “en las localidades pequeñas se puede recurrir a depuradoras de tipo extensivo, como la que ya hay en Fabara, que resultan mucho más baratas que las emplean procesos físico-químicos”.
El nuevo ejecutivo revisará el Plan de Saneamiento
RAPA pide “cuentas claras”, lo que pasa por una auditoria completa del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, con seguimiento público a cargo de una comisión de expertos.
La llegada del PSOE al ejecutivo regional ha supuesto el relevo en la dirección del IAA, que desde hace poco más de un mes ocupa Inés Torralba Faci. Desde este organismo señalan que el nuevo Gobierno “deberá tomar decisiones” sobre las depuradoras, si bien todavía se encuentran en “fase de análisis”. El margen es escaso: el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración se ha de revisar por ley cada 6 años y la última revisión fue en julio 2009, así en este 2015 toca actualizarlo.
