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El Prismático es el blog de opinión de elDiario.es/aragon. 

Las opiniones que aquí se expresan son las de quienes firman los artículos y no responden necesariamente a las de la redacción del diario.

La energía que nos roban

¿Cuánto pagas en el recibo de la luz de tu casa o de tu pequeña empresa? ¿De donde viene esa energía y cómo se genera? ¿Por qué pagas lo que pagas y a quién se lo pagas? Y, sobre todo ¿por qué tiene que ser así? ¿quién lo ha decidido?

Hay dos aspectos esenciales en el modo en que nos tragamos los oligopolios eléctricos y como les forramos a euros sin querer y sin que nadie nos pregunte. Y, aunque hay excepcionales iniciativas sociales como alternativas a las grandes eléctricas y sus abusivos modos de trabaja, en una sociedad democrática (esa democracia que trasciende el voto para sumar igualdad de condiciones y oportunidades y diversos sistemas de tomar decisiones de modo colectivo) es el estado el que se asegura de que esas posibilidades sean reales. Un aspecto esencial es la naturaleza depredadora y destructiva de la energía que consumimos de modo mayoritario. El otro aspecto es el coste económico directo en tu bolsillo. Si sumamos los dos costes, el natural y el económico en tus cuentas, nos sale cómo la luz más cara de Europa, la española, es a la vez la más insostenible, la más destructiva y la menos justificada.

¿Qué podemos hacer entonces? Primero querer cambiar y no querer seguir siendo víctimas de los oligopolios y de las decisiones políticas que los dirigentes de los grandes partidos toman en su beneficio, decisiones que en realidad toman en los despachos de las empresas energéticas y luego firman los responsables políticos envueltas en silencio, en mentiras o en un elaborado argumento económico incomprensible. Porque nos engañan y nos estafan; Segundo, poner en marcha proyectos eléctricos que beneficien a la mayoría en lo económico y al planeta en lo natural: una empresa energética pública que es quien mejor puede explotar y repartir los recursos naturales del país o la ciudad, porque son (o deberían ser) de todo el país y de toda la ciudad. No te escandalices que Francia lo tiene; Y tercero, esencial, tomar el mando en los ayuntamientos, no en vano son la institución más cercana a la población y la más capaz de resolver muchos de sus problemas y prestar muchos de los servicios básicos, para caminar con rapidez hacia la autosuficiencia energética y la sostenibilidad ambiental y económica. Es decir, producir y consumir energía en cada casa y pagar nada o lo justo en lugar de consumir contaminación y destrucción a precio de oro.

Los ayuntamientos también deben enfrentarse a la emergencia climática y a la pobreza energética, y la solución la ofrece la tecnológica y la valentía política. Los ayuntamientos pueden (deben) crear programas para la instalación de sistemas de energía solar en todos sus edificios y las comunidades de vecinos que lo deseen, generando su propia energía solar y compartiendo los gastos, mediante la asunción de la mayor parte del coste de instalación por el ayuntamiento y las comunidades autónomas. Es una inversión que un ayuntamiento valiente y transformador tendría como prioridad: llenar los tejados de la ciudad con placas solares que abastecieran al edificio y terminar con los abusivos recibos de las eléctricas, un proyecto rápidamente amortizable en lo económico, y justo e igualitario en lo social y lo ambiental. No hablo de simples líneas de subvención para quien opte por este sistema energético, sino de un ambicioso plan local en cada ciudad, en colaboración con la comunidad autónoma, cuyo proceso se inicie con la concienciación ambiental y con la demostración de como tu abusivo recibo de las eléctricas desaparece para siempre casi por completo bajo un rayo de sol y dejan de engañarte. Porque el sol, por ahora, no es de nadie.

Este es solo uno de los ejemplos de cómo la política moderna, la de verdad, la que se haga para la mayoría, puede asumir los nuevos retos ambientales y hacer una rápida transición energética con justica social. Además, lo verdaderamente transformador es que esto se haga en un marco de gestión de la demanda en la que se necesita mucha menos energía porque el valor ético de referencia es la necesidad y no el negocio, y por tanto, se actúe sobre el modelo urbano, el sistema de transportes y el sistema alimentario con un radical cambio de paradigma.

En viejas palabras: meterle mano a los vergonzosos y obscenos beneficios de los sectores de poder económico aliado con el poder político, y alejar de un soplido el recibo, la pobreza energética y la depredación eléctrica. Lo que viene a ser aplicar la Constitución española, esa que tanto manosean los llamados constitucionalistas de boquilla, (arts 128 y 131) que habla de la distribución y del sometimiento de la riqueza del país al interés general.

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12 de octubre de 2019 - 19:42 h

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