PP, Ciudadanos y PAR rechazan aumentar la inversión en los colegios con más alumnos con necesidades especiales
“¿Quién puede estar en contra de esto?”. Fue una de las frases más repetidas en el debate sobre si el Gobierno de Aragón debe aumentar su inversión en los centros escolares con más cantidad de alumnos con necesidades especiales. ¿Por qué entonces hubo tres partidos (PP, Ciudadanos y PAR) que votaron en contra? Porque entendían que se buscaba dar más dinero a la educación pública que a la concertada.
La moción, presentada por Podemos, pedía, textualmente, instar al Ejecutivo autonómico a que, “en el contexto de adaptación de la oferta educativa a la realidad demográfica, incremente la inversión pública en aquellos centros en que existe un mayor porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, fundamentada en programas de innovación metodológica para la atención de alumnos/as de 3 años”.
Esa primera frase (“en el contexto de adaptación de la oferta educativa a la realidad demográfica), es en la que se centraron las tres fuerzas antedichas para sostener su interpretación. Y lo hicieron porque es el mismo argumento que usó Podemos para acordar con el PSOE (en la negociación de los presupuestos) la no apertura (los morados dejan claro que no se trata de cerrar, sino de no abrir nuevas vías) de hasta 28 aulas de la concertada en el próximo curso. Cómo no podía ser de otra manera, inmediatamente el debate se enfangó y se trasladó a este manido asunto.
Fue Patricia Luquin (IU) la que arrojó algo de luz al asegurar que, efectivamente, “aumentar la inversión en los centros con mayor porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo significa incrementar la inversión en los centros públicos, porque son estos los que tienen más estudiantes de estas características”. 78 % en la pública y 22 % en la concertada según el último informe, elaborado a partir de datos oficiales, de CGT.
Anticoncertada
Finalmente la moción salió adelante, a pesar de la aparente contradicción de algunos grupos que rechazaron lo que todos consideraron como “lógico”. Erika Sanz, de Podemos, explicó que el objetivo principal es “dotar a todos los centros educativos de una oferta equilibrada que salvaguarde la equidad y la calidad”.
Recordó que el equilibrio (inexistente en la capital aragonesa) a la hora de matricular a estos alumnos está amparado por los artículos 84 y 87 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Y criticó la “pésima planificación educativa” llevada a cabo en Aragón en los últimos años. Estuvo de acuerdo en esta última parte la socialista Margarita Périz, que destacó el, a su entender, cambio de rumbo en este sentido que se está llevando a cabo con el Gobierno PSOE – CHA.
Se repitieron las tesis de que las fuerzas de izquierdas están en contra “de la libertad de elección educativa”, como señaló la popular María José Ferrando. O que son “anticoncertada, y nosotros no somos antinada”, en palabras de María Herrero (PAR).
Antagónica es la visión de Luquin, para la que “incrementar la inversión pública es equilibrar una realidad fruto de cuatro años de recortes. Quien garantiza la educación en igualdad de oportunidades, afirmó, ”es la educación pública. Les guste, o no“.
