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La Diputación de Zaragoza dio “a dedo” 60,3 millones de euros en los últimos cuatro años

Luis María Beamonte (segundo por la derecha), junto a la consejera de Educación, Dolores Serrat

Óscar F. Civieta / Óscar F. Civieta

Zaragoza —

Desde 2012 hasta la fecha actual, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), presidida por Luis María Beamonte (PP), ha dado ayudas por valor de 60.838.105,43 euros. Subvenciones destinadas a ayuntamientos y asociaciones. La cuantía ha ido creciendo en los últimos años: 16,7 millones en 2012; 17,3 en 2013; 21,8 en 2014 y, de momento en 2015, ya se han repartido 4,8 millones de euros. Estas ayudas se dan de manera discrecional, y no es necesario presentar facturas justificativas en las que son menores de 60.00 euros. Izquierda Unida ha denunciado la concesión de estas ayudas “a dedo”.

El sistema cambiará después del Informe definitivo de fiscalización de las subvenciones en el ámbito del Gabinete de Presidencia de 2010, firmado por el viceinterventor el 13 de febrero de 2015, que establece una serie de objeciones como “que los créditos iniciales de la convocatoria se modifican a lo largo del ejercicio alcanzando una cifra final que duplica la inicial”. Aunque se refiera a datos de 2010, esta es una práctica que ha sido común a todas las anualidades.

Se indica también que “no se explicita la prelación entre las solicitudes recibidas, no se explicitan los motivos por los que en unos casos se concede el 100% de lo solicitado y en otros el 50%, se incumplen los plazos máximos de resolución, no se resuelven todas las peticiones y las denegaciones son presuntas”.

En el apartado de recomendaciones, la segunda indica que “deberían adoptarse medidas para que la convocatoria de subvenciones en el ámbito del Gabinete de Presidencia cumpla los principios previstos en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, esto es, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia”.

A tenor del informe, Luis María Beamonte dictó una providencia, el pasado 11 de marzo (coincidiendo con el Pleno de la institución), para la modificación de la convocatoria de las Subvenciones en el Ámbito del Gabinete de Presidencia, comprometiéndose “a la paralización de todas las ayudas, excepto las ya concedidas”. El presidente, afirman desde IU, ha “incumplido los acuerdos” ya que las ayudas se han seguido dando. En concreto, 2 millones de euros a ayuntamientos y 700.000 a asociaciones desde esa fecha.

200.000 euros para los empresarios de Zaragoza

Como muestra de algunas concesiones, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) recibió, en tres partidas diferentes, un total de 200.000 euros. La primera se establece el 14 de noviembre de 2014, en el decreto 4.404, y es por valor de 95.000 euros. El concepto es “servicio de apoyo a la creación de microempresas en la provincia de Zaragoza”.

Solo 13 días después, el 27 de noviembre, se estatuyen otras dos ayudas (decretos 4706 y 4707). En este caso el receptor es la Fundación Confederación de Empresarios de Zaragoza y los conceptos: “Programa de recualificación de trabajadores en sectores en crisis” y “reemprendo y reoriento (fomento del emprendimiento de segunda oportunidad en la provincia de Zaragoza)”. Los importes fueron de 45.000 y 59.900 euros respectivamente. Por muy poco, pero en ambos casos por debajo de los 60.000.

Los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 se celebró en Zaragoza el I Parlamento Iberoamericano de la Juventud. La DPZ colaboró con 50.000 euros a la organización, que corrió a cargo de la Asociación Red Iberoamérica Líder, formada por jóvenes estrechamente vinculados a Nuevas Generaciones del Partido Popular. El decreto es el 2.064 y se publicó en el mes de junio.

¿Cómo se conceden estas ayudas?

No está claro cuál será el nuevo modelo elegido, aunque se espera que destierre en cierto modo la completa discrecionalidad imperante hasta el momento. El utilizado en los últimos años, en el caso de las ayudas a los consistorios, consistía en que el ayuntamiento hacía una petición al diputado de su partido, este, dentro del cupo correspondiente, trasladaba la propuesta al Gabinete de Presidencia; posteriormente, una Comisión Valoradora (formada por tres miembros del Partido Popular y un técnico de la administración de libre designación) valuaba la sugerencia y, finalmente, era la firma del presidente la que otorgaba, o no, la autorización.

En el caso de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, los trámites son idénticos pero con un paso más, ya que la petición pasa de la organización al ayuntamiento.

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