El plan de caza que proyecta el Gobierno de Aragón veta el paso por todo el área de monte donde se delimite una batida

El Plan de Caza del Gobierno de Aragón para la temporada 2027-27 incluye una novedad sensible y que ha causado indignación en el colectivo ecologista y entre los montañeros: prohíbe el paso por todo el área delimitada de la batida a quien sea ajeno a la actividad cinegética. Esto, denuncian, supone tumbar un derecho constitucional y restringir actividades de ocio y culturales que hasta ahora se compatibilizaban, porque la señalización solo tenía fines informativos. El Ejecutivo autonómico asegura que lo hace por “seguridad” y recuerda que el texto aún no es definitivo.

El plan de caza consiste en una orden anual del consejero competente en materia de caza –en este caso el titular de Medio Ambiente, Manuel Blasco– que regula los aspectos como las especies cinegéticas, los periodos de caza o los métodos autorizados.

La restricción –de un documento que está en la actualidad en información pública con plazo de alegaciones hasta este viernes, día 28– no figuraba en los anteriores planes. En concreto, durante “la celebración de una batida de caza debidamente señalizada”, tanto a nivel físico como digital, “se prohíbe el tránsito y la permanencia en el interior del área delimitada por las señales físicas a toda persona que no figure” entre los participantes de la actividad cinegética. El texto precisa que se hace así “por razones de seguridad”: “Protege a los cazadores y a otros usuarios del monte, evitando riesgos y garantizando el correcto desarrollo de la actividad”.

Hay dos excepciones que cambian poco la situación: el acceso de los titulares de derechos de servidumbre de paso, que “deberán coordinar previamente su entrada con el responsable de la batida”, y quienes estén dentro del área antes del inicio de la batida, siempre que salgan perímetro en ese momento de la zona restringida.

Con esta modificación, recuerda Ecologistas en Acción, el Gobierno de Aragón “permite que particulares decidan, sobre la base de sus intereses personales de ocio, los lugares por donde el resto del conjunto de la ciudadanía puede transitar en cada momento”. Lo cual incluye “caminos públicos y vías pecuarias por donde se ha estado transitando libremente durante siglos”, pero también puntos del “patrimonio cultural e histórico” y de la naturaleza.

“Excede” las competencias

En opinión de la organización ecologista, se trata de una restricción que “excede” las competencias de una orden del consejero de Medio Ambiente y Turismo, “cuyo simple objetivo es ordenar el aprovechamiento cinegético cada temporada”. “La prohibición no se sustenta en ninguna Ley sectorial o normativa de mayor rango”, por lo que constituye “una chapuza jurídica que deja a la interpretación en el momento de aspectos importantes de seguridad en la batida de caza y de defensa de los derechos de las personas no cazadoras”.

La organización recuerda que “no hay datos durante los últimos años que justifiquen una medida de tal calado, que afecta y repercute en el conjunto de las personas no cazadoras”. Y añade que, en caso de haberlo, lo más lógico sería prohibir las propias batidas de caza, pues “la mayoría de accidentes por disparo se producen entre los propios cazadores”.

Todo esto, según Ecologistas, “parece más un intento del Gobierno de Aragón de seguir contentando a los colectivos de cazadores”. Frente a esto, recuerda que las “nuevas medidas de seguridad que se quieran incorporar no debe ir encaminadas a recortar derechos ciudadanos”, sino “al cumplimiento por los practicantes de la propia actividad cinegética y al control de esta actividad”.

Chesús Ferrer, portavoz de Ecologistas en Acción, pone como ejemplo la situación en la zona de Guara, y más en concreto con las visitas a las pinturas rupestres del Vero, donde los “conflictos son habituales”. “Incluso con las señales informativas, los cazadores increpaban a los grupos de visitantes”, asegura, algo que se verá agravado ahora. “Ahora ya no tendrán ni que amenazar: en vez de ser tú el que llames a un APN o a un guardia civil, serán los cazadores los que lo hagan. Se verán con ese derecho”, lamenta.

“Puede agravar los riesgos”

Mientras, también hay enfado en el colectivo de montañeros, cuyo órgano de representación, la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), ha presentado alegaciones al texto. En ellas, apuntan para empezar que las restricciones no pueden entrar en colisión con un “derecho constitucional como es la libre circulación por todo el territorio nacional”.

Mencionan más problemas normativos, ya que la Ley de Montes de Aragón solo limita el uso de los montes ante el riesgo de incendios, “en ningún caso para facilitar la práctica de la caza”, y además “exige” que cualquier restricción en el “se establezca mediante resolución administrativa publicada fehacientemente”, lo que no sucede en este caso.

“Establecer prohibiciones de carácter general para los ciudadanos no puede quedar al criterio de particulares, como son los responsables de la batida de caza encargados de fijar el lugar y el tiempo en que estas batidas se celebren”, argumenta la FAM, para la que la medida introducida “podría agravar estos riesgos cuando no esté presente un agente de la autoridad”.