El PP compara la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Aragón con la Brigada Político Social de Franco
“Comisaría política al servicio de sus intereses” o “a medio camino entre la Stasi de la Alemania del Este y la Brigada Político Social del Franquismo”. Son solo dos de los calificativos que el PP le ha dedicado a la futura Oficina Anticorrupción que prepara el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA). La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marián Orós, dejó clara “la oposición frontal” de su partido a este organismo.
La Agencia de Integridad y Ética Pública (nombre oficial de la Oficina Anticorrupción) emanará del Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que, hasta el próximo 29 de abril, se encuentra en plazo de presentación de enmiendas. Los populares ya han anunciado una enmienda de supresión.
La función principal de esta novedosa normativa será promover y fortalecer “las medidas para garantizar la integridad y ética pública combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción”. Bajo su ámbito de aplicación estarán todos los miembros del Gobierno, diputados de las Cortes de Aragón, miembros de la Cámara de Cuentas, Justicia de Aragón (defensor del pueblo) y su lugarteniente y los miembros del Consejo Consultivo.
El órgano encargado de la ejecución de lo estipulado será la comentada Agencia. Entre sus potestades, quizás, resida lo que ha embravecido al PP. Por ejemplo, que pueda acceder a cualquier información de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación, siempre limitándose estrictamente a la “actividad relacionada con las entidades del sector público de Aragón”.
Podrá personarse, de igual forma, en cualquier oficina o dependencia de las entidades públicas para solicitar información, realizar comprobaciones, examinar documentos, etcétera. Otra de sus atribuciones será la de acceder, “si la legislación vigente lo permite”, a la información de las cuentas corrientes en entidades bancarias “en que se hayan podido efectuar pagos o disposiciones de fondos relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos del sector público u otorgamiento de subvenciones públicas”.
Otro de los aspectos que disgusta al PP es que los funcionarios al servicio de la Agencia “que tengan atribuidas competencias inspectoras, tendrán la condición de agente de la autoridad”.
Sea como fuera, el PP, con su portavoz parlamentaria a la cabeza, rechazó esta normativa que tildan de “policía política para vigilar a los funcionarios, a los políticos y a los particulares”. El PP, dijo Orós, “no va a permitir que Lambán disponga de comisarios políticos para perseguir impunemente a sus adversarios”.
Y siguió: “Que Lambán haga cosas contra el PP es lógico porque forma parte de su sectarismo y está en su ADN. Por cosas como esta se encuentra tan aislado y en manos de los populistas”. Orós también dijo que estas iniciativas “muestran tics totalitarios, a medio camino entre la Stasi de la Alemania del Este y la Brigada Político Social del Franquismo”.
El objetivo esencial de la Ley es, según sus impulsores, luchar contra la corrupción. Algo que no comparten en el PP aragonés. “La corrupción se combate a través del Estado de Derecho, respetándolo e impulsándolo, no a través de comisariados políticos impropios de una democracia”.
Compromiso con Podemos
La creación de esta Oficina Anticorrupción era uno de los puntos del decálogo que PSOE y Podemos firmaron para que los segundos apoyaran la investidura del socialista Javier Lambán. Sobre la miríada de críticas vertidas por el PP fue cuestionado el secretario general de Podemos, Pablo Echenique, que contestó con ironía: “Si yo estuviera en el PP, tampoco me gustaría la creación de una Oficina Anticorrupción”.
