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Tras el presupuesto, el Gobierno de Aragón ultima la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir el aforamiento de los políticos

El Gobierno de Aragón en el último pleno

Tras la aprobación del presupuesto más alto de la historia, el Gobierno de PSOE, PAR, CHA y Podemos se dispone a aprobar en breve la reclamada reforma del Estatuto de Autonomía que permitirá la supresión de los aforamientos del presidente y de sus consejeros, así como de los diputados de las Cortes de Aragón. El Gobierno autonómico tiene ya sobre la mesa el texto que eliminará la situación de privilegio procesal en la que encuentran casi un centenar de cargos con responsabilidades políticas en la Comunidad. Una vez que se apruebe de forma definitiva la reforma estatutaria, que deberá ser debatida y votada por las Cortes, y también tramitada en el Congreso de Diputados, los cargos públicos que sean acusados de un delito serán juzgados por la justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano, en lugar del escudo protector actual del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El Ejecutivo se propone suprimir el artículo 55 del Estatuto de Autonomía que alude al Estatuto personal de los miembros del Gobierno de Aragón y que afirma textualmente: “1. El Presidente o la Presidenta y las demás personas miembros del Gobierno de Aragón, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en supuesto de flagrante delito. 2. Una ley de Cortes de Aragón determinará el Estatuto, las atribuciones y las incompatibilidades de las personas miembros del Gobierno de Aragón.” También se modificará el artículo 38.2 del Estatuto, que subraya que los diputados “responderán de sus actos legales sólo por delitos graves y ante los Tribunales Superiores de Justicia”. La nueva redacción será la siguiente: “Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito”.

La reforma estatutaria va a requerir el apoyo de dos tercios de los 67 diputados que integran las Cortes. Una vez que la iniciativa sea aprobada por el Parlamento autonómico, se llevará al Congreso de Diputados para su luz verde definitiva.

Jueces y fiscales son mayoría

En Aragón, un total de 1.026 aragoneses están aforados. Jueces, fiscales, diputados, senadores o consejeros del Gobierno autonómico tienen que acudir a un tribunal diferente al de la mayoría de los ciudadanos si se ven involucrados en un delito. Entre los que gozan de este privilegio procesal, 98 tienen responsabilidades políticas. El resto y, por tanto, la mayoría forma parte del Poder Judicial. Los 67 diputados autonómicos, así como los miembros del Gobierno de Aragón, gozan de esta prebenda. Se extiende a cualquier proceso penal, sea o no en ejercicio de su cargo. Es más, en casos de faltas, los tribunales deben acudir a las Cortes para certificar que los diputados son realmente aforados e inhibirse ante el TSJA.

En la Administración de Justicia, 928 personas tienen esta protección, aunque, a diferencia de los políticos, solo por hechos vinculados a su cargo. La mayoría son jueces de paz (712), aunque sus competencias están tan limitadas que es raro que se beneficien de este estatus especial. Aragón tiene además 155 jueces y magistrados y 61 fiscales. Sus casos van al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los 13 parlamentarios aragoneses en el Congreso de los Diputados y los 12 senadores también tienen este privilegio, garantizado por la Constitución Española, como ocurre en el caso de la jefatura del Estado, del presidente del Gobierno, sus ministros, y otros altos cargos del Estado, tales como diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo. Sus casos los juzga el Supremo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

25.000 aforados en España

En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto --17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.). Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; y en Francia, solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

Las Cortes de Aragón han expedido quince certificados de aforamiento desde 1998, uno a petición propia de uno de los diputados y el resto, a solicitud de los órganos de Justicia. La mayoría procedía de los juzgados de instrucción y solo uno se cursó desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Asimismo, según avanzó la consejera de Presidencia, Maite Pérez, en una comparecencia en las Cortes en septiembre pasado, con la reforma se blindarán los 14 escaños por provincia, que tuvieron que ser salvados por un acuerdo in extremis la pasada legislatura por la pérdida de población de Teruel.

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Publicado el
12 de enero de 2021 - 22:48 h

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