Pedro Santisteve (alcalde de Zaragoza): “En este país no hubo una ruptura con el Franquismo”
El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, el pasado 23 de diciembre, con los votos en contra del PP, presentar una querella criminal contra los crímenes de Franquismo. Siguiendo así la vía abierta por el Consistorio pamplonés. Casi dos meses después, el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, repasa para eldiario.es en qué momento de su preparación se encuentra la querella y argumenta por qué es necesario ponerla en marcha: “Este es un tema al que hay que hincarle el diente, la memoria vuelve, generación tras generación, exigiendo reparación”.
La petición realizada en las Cortes de Aragón por los representantes de la querella argentina para que la administraciones locales siguieran el ejemplo de Pamplona fue lo que, a la postre, impelió que el Consistorio zaragozano tomara esta decisión. Pero no era alguno nuevo para Santisteve. Cuando era profesor de Derecho, afirma, “ya tratamos este tema y vinieron a informarnos de los pasos que habían dado”.
En la actualidad, el Gobierno municipal está hablando con expertos universitarios, profesores de historia y asociaciones memorialistas para conformar el cuerpo de la querella “en cuanto a que hechos y situaciones se quieren recoger”, explica Santisteve.
Los crímenes contra la humanidad no prescriben
El alcalde tiene claro que hay que actuar. En este país, dice, “hay entre 100.000 y 200.000 personas sin recibir sepultura y eso atenta contra la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, de 26 de noviembre de 1968. Y da una estadística vergonzante: “España es el segundo país, después de Camboya, con más personas sin una sepultura digna”.
El concepto de imprescriptibilidad adquiere una vital importancia como elemento clave de la futura denuncia, tal y como queda demostrado en varios documentos aportados por los miembros de la querella argentina a los que ha tenido acceso el diario.es. Remiten estos a la definición de crímenes contra la humanidad que se desarrolló en los juicios de Nüremberg: “El asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra”.
“Tanto el golpe militar-fascista de julio de 1936, como los crímenes cometidos en las décadas siguientes entran de lleno dentro de la caracterización de crímenes contra la humanidad”, apuntan antes de explicar que “la característica principal de estos crímenes es su naturaleza imprescriptible”, a tenor de la Convención antes mencionada.
Explican, por añadidura, que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, no impide aplicar estos principios universales porque “ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad de acuerdo con las más elementales reglas del derecho internacional relativas a los derechos humanos”. Además, continúan, cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, “el Estado español ya había suscrito, ratificado y publicado –abril de 1977- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU” que, en su artículo 15.2, establece que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
Sobre estos elementos basilares, Santisteve (abogado de profesión) le ve recorrido jurídico a la querella, a pesar de que “el Tribunal Supremo hizo una interpretación muy poco abierta de cara al reconocimiento de la memoria histórica, la Ley de Amnistía debería haber sido derogada hace años y la normativa sobre memoria histórica se quedó muy corta, sobre todo por no poner medios económicos a disposición de las víctimas para desenterrar a sus familiares”.
“En España se están perdiendo libertades y rebajando los derechos sociales”
El impulso que la querella argentina ha dado a la memoria histórica en este país es bienvenido por el alcalde. Sin embargo, asegura, no deja de ser una constatación de que en España se están perdiendo las libertades, rebajando los derechos fundamentales y haciendo caso omiso a las convenciones internacionales“.
Sucede esto en un país que, paradójicamente, “en materia de derechos universales y de justicia universal fue parangón y un exponente de apertura al mundo”, sostiene Santisteve. Hechos como que exista una Fundación Francisco Franco con subvenciones públicas son “ignominiosos y demuestran que no hubo una ruptura con el Franquismo. Ya en los tiempos de la Transición se habló de una reforma pactada”, apunta.
En los primeros párrafos del modelo de moción proporcionado por los portavoces de la querella argentina se hace la siguiente reflexión (valga como conclusión): “En caso de que se produjera un atentado por parte de una organización terrorista que tuviera como víctimas a miembros de una corporación municipal, o a sus vecinos, nadie dudaría acerca de la legitimación que tiene su gobierno para promover una acción judicial a efectos de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades penales y civiles que correspondan. ¿Cómo no impulsarla entonces ante actos sistemáticos de terrorismo de Estado practicados por quienes asaltaron las instituciones democráticas dejando múltiples víctimas entre nuestra población?”
