Aragón tendrá que cuadruplicar plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados

El Gobierno de España ha aprobado hoy el Real Decreto que establece la distribución obligatoria de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, incluyendo compensaciones económicas para territorios sobreocupados como Aragón, donde se pasan de las 104 plazas actuales a las 441 que establece el Ejecutivo. La medida llega tras años de saturación en Canarias y Ceuta, y genera rechazo del Ejecutivo aragonés, que critica la falta de coordinación, la ausencia de financiación y anuncia que estudiará posibles recursos legales.

El decreto fija por primera vez la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y un mecanismo de redistribución obligatoria para aliviar los territorios más saturados. Canarias y Ceuta, que han triplicado su capacidad de acogida, serán los principales emisores de menores hacia otras comunidades, incluidas aquellas gobernadas por el Partido Popular, que habían mostrado reticencias a colaborar. Para poder asumir esta sobreocupación, Aragón y otras comunidades recibirán compensaciones económicas. La previsión del Gobierno es que los traslados comiencen el próximo jueves, 28 de agosto, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aragón recurrirá

El Ejecutivo aragonés, a través de sus servicios jurídicos, ha confirmado que analizará en profundidad el decreto y el reglamento aprobado para el traslado forzoso de menores, reiterando que recurrirá todos los actos normativos que impongan este reparto obligatorio. “El contenido de estas normas ahonda en la arbitrariedad del reparto y atribuye a delegados y subdelegados del Gobierno la capacidad de decidir a qué comunidad trasladar a un menor, sin atender a criterios técnicos o humanitarios”, denuncian desde la DGA.

El Gobierno de Aragón califica la redacción del decreto como “coercitiva” y afirma que el contenido de la norma “ahonda en la arbitrariedad del reparto a la que nos hemos referido en multitud de ocasiones y además atribuye a Delegados y Subdelegados del Gobierno de España la capacidad para decidir a qué Comunidad Autónoma trasladan a un menor, sin atender a criterios técnicos o siquiera humanitarios, puesto que recordamos que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno carecen de competencias en esta materia y de servicios técnicos especializados en protección a la infancia: estamos ante un nuevo desatino jurídico y político”.

En 2024, Aragón atendió a 494 menores no acompañados, con un pico de 216 menores en diciembre, según explicó la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Las plazas estructurales diseñadas para este colectivo son 104, lo que implica que el sistema ha registrado en ocasiones ocupaciones superiores al 200%. El cómputo total de plazas para atender a menores, extranjeros o no, asciende a 364 y comprende distintos perfiles: menores embarazadas, con discapacidad, en internamiento, con trastornos de conducta o en proceso de reunificación familiar. La consejera Susín subrayó que estas plazas, aunque inicialmente suficientes para la atención ordinaria, se han visto ocupadas por menores extranjeros no acompañados. “Existe una crisis migratoria y los menores necesitan una respuesta, pero corresponde a quienes han creado el problema adoptar medidas efectivas”.