El colectivo de la discapacidad, perjudicado por el Ingreso Mínimo Vital

El Centro Integra Aragón de Atades está destinado a la atención global de personas con discapacidad.

Nunca llueve a gusto de todos. La puesta en marcha de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha dejado al descubierto un agujero social que afecta, especialmente, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La eliminación en muchos casos de la prestación que reciben las familias con hijos discapacitados es una de las principales denuncias que trasladan desde Plena Inclusión Aragón, en línea con la postura de su entidad estatal. Han presentado alegaciones a la normativa para corregir esta situación e incluir dentro de los beneficiarios a personas que están tuteladas en centros residenciales y aquellos que se encuentran incapacitados judicialmente.

Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las familias con hijos con discapacidad intelectual a su cargo recibían una ayuda mensual, a cargo de la Seguridad Social, que oscilaba entre los 100 y los 500 euros. Ahora, esta prestación no se podrá solicitar en aquellos casos que el porcentaje de discapacidad sea inferior al 33%. “Esta medida no valora el sobresfuerzo de las familias con hijos discapacitados intelectualmente”, denuncia Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón.

Este agravio radica en los criterios utilizados para determinar quién puede beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, la ley del Ejecutivo Central establece la unidad familiar de convivencia como referencia, excepto en los casos en los que el solicitante viva solo. De este modo, ejemplifica el presidente de Plena Inclusión Aragón, “un matrimonio con un hijo discapacitado a su cargo estaría en la misma situación para acceder a este ingreso mínimo que otro matrimonio con un hijo sin discapacidad e idéntico nivel de renta”.

La creación de una nueva categoría donde se enmarque a las personas con discapacidad es una de las medidas que entidades como Plena Inclusión reclaman. “Nosotros pedimos que la persona con discapacidad intelectual sea reconocida dentro de una unidad de convivencia especial”, señala Santiago Villanueva. Estas reclamaciones, apunta, se trasladarán este miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de una reunión.

Alrededor de 8.790 ciudadanos aragoneses presentan una discapacidad intelectual

Alrededor de 8.790 personas con discapacidad intelectual viven en la Comunidad, según datos aportados en 2018 por el Gobierno de Aragón. De este total, el 65% (unos 5.700) presentan una minusvalía inferior al 75%, según estiman desde Plena Inclusión. “Son estos últimos los más perjudicados por los cambios incorporados a raíz de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital”, asegura Villanueva. Además, “el 50% de las personas que están tuteladas por fundaciones en centros residenciales han quedado fuera”, denuncia.

Matrimonio en paro, con dos hijos y sin respuesta del IMV

Guillermo Pérez es uno de los tantos ciudadanos que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital. Hace ya varias semanas que este zaragozano de 26 años y padre de dos hijos realizó los trámites a través de internet, aunque todavía no ha recibido respuesta.

La situación de Guillermo, que tiene una discapacidad intelectual, se agravó durante la pandemia. Contrajo el coronavirus y su pareja tuvo que pedir premiso en el trabajo para cuidarle y hacerse cargo de los niños, de 5 y 4 años. Después de esto, ella no pudo reincorporarse y se encuentra en el paro, al igual que su marido.

La familia reside en una vivienda social del Ayuntamiento de Zaragoza y Guillermo cobra un subsidio de excarcelado de 430 euros al mes. “Es lo único que tenemos. Mi mujer no tiene derecho a paro, porque trabajaba a media jornada y no ha cotizado lo suficiente. A mí me ocurre lo mismo”, explica.

En la actualidad, un total de 1.800 familias en Aragón ya han recibido la confirmación de que recibirán desde este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital. En total, son 6.400 personas, más de la mitad niños, tal como anunció en las Cortes la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, Mariví Broto. También en sede parlamentaria, aseguró que el número de beneficiarios de esta nueva prestación va a ser “más numeroso” que el del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), ayuda que gestiona el propio Ejecutivo autonómico y que será complementaria con el IMV.

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25 de junio de 2020 - 06:50 h

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