El Gobierno de Aragón pagó 340.000 euros en 2014 a los capellanes contratados en hospitales públicos
339.840,90 euros salieron de las arcas públicas en 2014, con el PP en el Gobierno, para pagar a los capellanes contratados en los hospitales de Aragón. En la actualidad, según las cifras dadas por el propio Ejecutivo autonómico (ahora socialista), hay 26 sacerdotes que prestan sus servicios en los centros hospitalarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Los datos se extraen de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso eldiario.es, dada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, el pasado 1 de diciembre, al diputado del Grupo Parlamentario Podemos Carlos Gamarra.
En ella explica que, durante 2015, hubo 17 capellanes contratados a tiempo completo y otros nueve a tiempo parcial. El gasto anual promedio fue de 14.673,75 euros por cada sacerdote a jornada completa y 8.387,13 por cada uno de los nueve que prestaron sus servicios de manera parcial.
Cuatro convenios regulan la asistencia religiosa en los hospitales públicos de Aragón
El diputado de la formación morada también instó al Gobierno autónomo a que le informara acerca de los convenios “que rige la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del Departamento de Sanidad”.
En su respuesta, Celaya adjunta cuatro convenios que se rubricaron para la aplicación del Acuerdo Ministerial, de 24 de julio de 1985, sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, publicado en el BOE el 21 de diciembre de 1985.
En dicha orden se dice, entre otras cosas, en su artículo 2, que “en cada centro hospitalario (…) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro. Este servicio estará también abierto a los demás pacientes que, libre y espontáneamente, lo soliciten”.
Más adelante, el artículo 6 reza lo siguiente:
De los convenios que amparan esta asistencia religiosa hospitalaria en Aragón, el más antiguo es uno de ámbito nacional que se firmó, el 3 de abril de 1986, entre el Instituto Nacional de la Salud y la Conferencia Episcopal Española.
Detalla este acuerdo las funciones principales de los capellanes: “Visitar a los enfermos, celebración de los actos de culto y administración de sacramentos, asesoramiento en las cuestiones religiosas y morales y colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria”.
En el artículo 9 del mismo convenio se dice que “el servicio religioso dispondrá de despacho, a ser posible cercano a la capilla, para recibir visitas y guardar archivos, así como de local adecuado para que los capellanes (…) puedan residir o, en su caso, pernoctar”.
Se estatuían, por añadidura, en este primer pacto, los sacerdotes necesarios para cada hospital español. En el caso de Aragón debía haber cinco en el hospital Miguel Servet, tres en el Clínico, uno en la clínica San Jorge, otro en Ruiseñores y dos en el hospital de Calatayud; todos ellos en la provincia de Zaragoza. A Huesca le correspondían cinco: tres en el hospital San Jorge y dos en el de Barbastro. Y cuatro debía haber en Teruel, dos en el Obispo Polanco, y el mismo número en el centro hospitalario comarcal de Alcañiz. 21 en total, 14 a tiempo completo y siete a tiempo parcial. Ligeramente inferior a la cifra actual.
Posteriormente se firmó, el 22 de enero de 1988, un convenio entre la Diputación General de Aragón y el Arzobispado de Zaragoza para dar asistencia religiosa en el hospital de Enfermedades de Torax y el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Lo rubricaron la entonces consejera de Sanidad, Ana María Cortes Navarro (Partido Aragonés), y el vicario general, Francisco Martínez García.
Más tarde, el 5 de julio de 2001, se oficializó otro acuerdo, esta vez entre el Gobierno de Aragón y el Obispado de Huesca, y referente al hospital Provincial y el Centro de Rehabilitación en Salud Mental de la capital oscense.
Por último, el 30 de septiembre de 2002, llegó la rúbrica para el convenio entre, de nuevo, el Ejecutivo autonómico y el Obispado de Teruel. En este caso afectó a los hospitales San José y Psiquiátrico San Juan de Dios.
Los dos últimos documentos contienen la firma del ex director gerente del Servicio Aragonés de Salud, Alfonso Vicente Barra.
