El juez cita a declarar a los padres del hombre investigado por amenazas en Villafranca del Campo

El juez instructor del Tribunal de Instancia de Teruel ha citado a declarar a los padres de Manuel A.G. por las amenazas proferidas contra ellos y sus vecinos en la localidad turolense de Villafranca del Campo, ha informado el TSJA este viernes en una nota de prensa.

La citación es el lunes 5 de octubre a las 11:30. El juez ha solicitado un informe médico forense para establecer su situación psicológica y determinar su imputabilidad o inimputabilidad por los cometidos el pasado lunes.

Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal, Manuel Turmo Peña, después de que ayer tomara declaración al investigado y decretara su ingreso provisional en prisión.

El instructor considera en su auto que el investigado es presunto responsable de un delito de amenazas graves, amenazas que “hacían referencia a la vida e integridad física de sus progenitores y de otras personas y con disponibilidad efectiva de armas”.

El pasado miércoles, después de que el martes el hombre investigado fuese detenido, se hizo una entrada y registro en su vivienda, ordenada el martes por el juez, en la que se localizaron dos hachas y dos escopetas de perdigones.

La entrada y registro en la vivienda del investigado se acordó después de que éste, en sus amenazas, aludiera al uso de un revólver, pero en la inspección realizada no se encontró el arma al que el detenido hizo referencia.

Para el juez la localización de estas armas “constituye un dato objetivo relevante al valorar la disponibilidad real de instrumentos potencialmente lesivos en un contexto en el que las amenazas proferidas habían venido acompañadas de referencias reiteradas a su utilización”.

En su auto expresa que en un primer momento Manuel llevaba un cuchillo, e hizo referencia la utilización de otras armas. Al parecer se le había visto con un hacha y se han constatado daños en el acceso al domicilio de sus padres. Por todo ello, y ante el riesgo de “reiteración delictiva”, es por lo que, a petición del Ministerio Fiscal, el instructor decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado frente a la oposición del abogado de la defensa.