Los resultados del 28A muestran de nuevo unas grandes desigualdades en nuestro sistema electoral. Una de las tareas de la legislatura debería ser pactar una nueva ley que mejore la proporcionalidad entre los votos populares y los escaños que generan y que represente mejor la diversidad de los ciudadanos.
Entre los muchos responsables (casi todos externos) de su debacle electoral del pasado 28 de abril, el PP de Pablo Casado ha señalado la división de la derecha y la Ley D'Hondt, por la que se asignan los escaños en juego. Lo primero es una perogrullada (a más concurrentes en cualquier orden de la vida, menos toca en el reparto; es obvio) y lo segundo directamente no es verdad: el Partido Popular ha sido uno de los más favorecidos a la hora de aplicar la fórmula matemática por la que, circunscripción a circunscripción, los votos populares se convierten en asientos en el Congreso. Cada escaño le ha costado al partido de Casado, de media, unos 66.000 votos. En ese ratio, al PP le ha ido mucho mejor que a Ciudadanos, que a Unidas Podemos o que a Vox, parecido que a los partidos nacionalistas y solo un poco peor que al PSOE, que fue con gran diferencia la formación más votada y que logró escaños en casi todas las circunscripciones.
La experiencia de cuatro décadas de democracia -y de aplicación del sistema D'Hondt- dice que casi siempre los más favorecidos en este asunto son los dos grandes partidos de ámbito estatal y los pujantes partidos nacionalistas de ámbito territorial muy corto. Y los grandes perjudicados, los partidos estatales con muchos votos dispersos en toda España, pero a mucha distancia de los dos primeros: hubo algunas elecciones en los que a IU cada escaño le costaba en torno a medio millón de votos.
Ahora, el 28A, en nuestro nuevo mundo político del pentapartidismo, la regla se ha vuelto a cumplir, pero con algunos matices. Entre los partidos de ámbito estatal, el orden de más eficaz a menos eficaz a la hora de convertir votos populares en escaños ha sido este: al PSOE cada asiento en el Congreso de los Diputados le ha salido por una media de unos 60.000 votos; al PP, por unos 66.000; a Ciudadanos, por unos 72.500; a Unidos Podemos junto a su confluencia catalana, por unos 88.800; y a Vox, por unos 111.500. No ha sido la formación de Santiago Abascal, sin embargo, la más perjudicada entre las de ámbito estatal. El Pacma, que ha recogido en toda España más de 326.000 votos populares, no ha logrado un solo escaño. Cero. Nada.
Entre las formaciones nacionalistas de ámbito territorial pequeño, una ha sido la gran perjudicada: Compromís, que con más de 172.000 votos en la Comunidad Valenciana solamente ha logrado un escaño, por Valencia. El resto de fuerzas se ha movido en una horquilla muy estrecha. De menos eficaz a más eficaz, han quedado así: a JxCat le ha salido cada escaño por unos 71.000 votos; a Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, por 68.500; a ERC, por 67.600; a PNV, por 65.600; a EH Bildu, por 64.500; a Navarra Suma (una coalición entre UPN, PP y Ciudadanos), por 53.500; y al Partido Regionalista de Cantabria, por poco más de 52.000 votos.
Aunque el pentapartidismo ha achatado algo las distancias entre los extremos, es evidente que no tenemos un sistema de reparto de escaños que pueda presumir de proporcional. Ni en lo que atañe a los partidos, como se ve, ni en lo que se refiere a los territorios: en Soria o en Ceuta un escaño ha salido por unos 13.000 votos, y en Melilla por poco más de 8.000, mientras que en Madrid cada asiento en el Congreso requiere de unos 100.000 votos populares.
Los sistemas electorales se dividen, por lo general, en dos grandes tipos. Unos se enfocan hacia la gobernabilidad de la institución para la que se celebran las elecciones, mediante fórmulas de reparto de escaños que primen a las listas más votados para así facilitar la obtención de mayorías, y otros buscan la mayor proporcionalidad posible entre los votos de los ciudadanos y los escaños a que dan derecho, de modo que no haya votantes discriminados y que se representen lo mejor posible la diversidad de la ciudadanía. Ambos sistemas son legítimos, pero los primeros están más enfocados a las instituciones y a los políticos que las administran mientras que los segundos se enfocan más hacia los ciudadanos, a su derecho a la igualdad política y a la no discriminación.
Superados ya en España, desde hace tres elecciones generales, los tiempos del bipartidismo y de las mayorías absolutas, en los que la estabilidad de las instituciones era relativamente sencilla, parece claro que la gobernabilidad no se ha encomendado ahora a un sistema electoral que prima a los más fuertes sino a la habilidad de los partidos para los pactos. En estos tiempos de voto tan atomizado, con tantas opciones, los partidos, especialmente PSOE y PP, los dos tradicionales de ámbito estatal que han sido y por lo que se ve siguen siendo los más beneficiados por el sistema vigente, deberían afrontar una reforma electoral para cambiar nuestra normas y que se busque ahora la proporcionalidad y la no discriminación. Los ciudadanos, los partidos y los territorios han de ser también iguales ante la ley... electoral.
La igualdad absoluta es imposible. Puede haber matices, horquillas, ligeras desviaciones... Pero no deberíamos seguir con un sistema en el que se produzcan desproporciones tan extremas como algunas de las que arriba se señalan. Al principio universal de la democracia de “un hombre, un voto” hay que añadirle cuanto antes el de “un hombre, un voto igual e igualitario, un voto no discriminado”. Se vote donde se vote, y se dé el voto a quien se dé.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
