Aplazan el desahucio en Gijón de la mujer víctima de violencia de género y su hija durante cuatro meses “improrrogables”

Cristina G.B. y su hija de nueve años podrán residir cuatro meses más en la vivienda de Nuevo Roces (Gijón/Xixón) de donde iban a ser desahuciadas este lunes por el impago del alquiler. Es el plazo máximo e “improrrogable” que ha concedido la magistrada María Eloina González Orviz, titular de la Plaza Uno de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu, para que esta inquilina, víctima de violencia de género, y Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) alcancen un acuerdo que evite el desalojo.

La magistrada ha dictado un auto, fechado el pasado viernes, día 25, por el que estima la suspensión del lanzamiento por falta de comunicación a las partes del auto de vulnerabilidad que se dictó el 24 de abril de este año; el mismo día que la sentencia que acordó el desahucio.

Una solución habitacional

En esa resolución se concedía a la arrendataria el plazo máximo de cuatro meses para continuar en la vivienda al tratarse de una persona física para que en ese tiempo Vipasa, como empresa que gestiona el parque de viviendas del Principado “centrada en facilitar el acceso a la vivienda de personas vulnerables”, pudiera estudiar la última propuesta de aquella para que, en su caso, pueda continuar en el inmueble y recíprocamente pueda la inquilina que “ahora no se haya en situación de vulnerabilidad económica, sino social” encontrar una solución habitacional “adecuada a sus circunstancias”.

En ese momento ya se especificaba que una vez transcurrido ese tiempo, si las dos partes no se ponían de acuerdo, se acordaría “día y hora” para el alzamiento “sin ulterior suspensión”.

El aplazamiento

De esta forma, el acuerdo adoptado en ese auto dictado en abril agotaba “hasta el extremo las posibilidades legales de suspensión del lanzamiento, pues como en el mismo se indica, el Real Decreto 2/2026 que posibilitaba la suspensión de los lanzamientos hasta diciembre de 2026 no fue convalidado”, según recoge la magistrada en el auto fechado este pasado viernes.

María Eloína González Orviz concede ahora ese plazo al constatar que ninguna de las partes tuvo conocimiento de lo resuelto en aquella ocasión.

Inquilinos vulnerables y menores

Por tanto, la magistrada acuerda la suspensión del lanzamiento previsto para este lunes, día 28 de septiembre, para la previa comunicación del auto de 24 de abril y concede a la inquilina Cristina G.B. un plazo de cuatro meses más “improrrogables”, para la entrega de la vivienda.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, también recuerda a la comunidad autónoma del Principado de Asturias, en su calidad de demandante, que el Decreto 25/2013, de 22 de mayo, por el que se regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias, que debe adoptar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a inquilinos vulnerables con menores de edad “asegurándoles el acceso a una vivienda, por lo que llegada la fecha de nuevo lanzamiento deberá tener una previsión habitacional con preferencia para este caso”.

Prestaciones y recursos

Por lo que se refiere a la demandada, incide en que ya en enero de 2024 y en 2026 los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón pusieron a disposición de la unidad familiar información sobre prestaciones económicas municipales de servicios sociales y recursos de alojamiento temporal de urgencia, vinculada a la Red de Personas Sin Hogar (REDIA) en el municipio de Gijón/Xixón, a los que podría dirigirse en el caso de producirse el lanzamiento de la vivienda y carecer de otras alternativas de alojamiento.

Asimismo los Servicios Sociales derivaron a la unidad familiar a la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISL) para que informen y valoren las prestaciones económicas de alquiler y/o alternativa de vivienda de Emergencia.

Este auto, por el que se estima el recurso de revisión presentado contra el decreto de 17 de septiembre en el sentido de suspender el lanzamiento señalado para este lunes, 28 de septiembre, es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.

El apoyo de colectivos sociales

Cristina G.B. cuenta con el respaldo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias, que han denunciado su situación de vulnerabilidad y han llevado a cabo el pasado fin de semana concentraciones de apoyo a la inquilina y a su hija.

“La respuesta desde Vipasa ha sido decir que no es un caso de vulnerabilidad, pese a que así se recoge en una resolución judicial; que la mujer tiene problemas con los vecinos, aunque no hay ninguna denuncia contra ella; y que no va a paralizar el desahucio. Lo único que ha hecho ha sido criminalizarla y, por lo tanto, no nos queda más que seguir luchando, movilizadas”, ha explicado Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

“Sin paralelismo con Maricarmen”

Por el contrario, la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha descartado que el alzamiento de esta familia monoparental de su vivienda pública del grupo de Alicia Concepción Álvarez, en Roces (Gijón/Xixón), tenga algún paralelismo con la situación de Maricarmen, de 87 años, desalojada por Urbagestión de la casa de Madrid donde llevaba residiendo toda la vida.

Marta Pulgar vincula la orden de desahucio de Cristina G.B. a “un impago voluntario continuado de las obligaciones contractuales, que la propia arrendataria vinculó a sus dificultades económicas, después de años de intervención de Vipasa, los servicios sociales y programas especializados”.

Pulgar: “Hay impagos voluntarios”

La vivienda fue adjudicada en septiembre de 2019 por emergencia social y se estableció una renta adaptada de 67,02 euros mensuales, a la que había que añadir la cuota de comunidad.

Sin embargo, en el año 2021, según corrobora la gerente, comenzaron los impagos voluntarios, por lo que Vipasa activó su protocolo, realizó requerimientos y en febrero de 2022 alcanzó un compromiso de pago de 20 euros mensuales, además de la renta corriente, que posteriormente también “fue incumplido” por la inquilina.