La Federación Socialista Asturiana (FSA) e IU-Convocatoria por Asturies habían llegado a un acuerdo, el pasado mes de mayo, para reformar la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Principado ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley que permitirá que el 80 por ciento de las personas contribuyentes ahorren, como mínimo, 119 euros al año.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha informado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el texto se remitirá de inmediato a la Junta General para su tramitación, con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.
En ese caso, la entrada en vigor de la norma se aplicaría con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025, de modo que sus beneficios podrían aplicarse ya en la próxima declaración de la renta.
Las modificaciones
El texto aprobado esta mañana materializa el acuerdo alcanzado entre la FSA y Convocatoria por Asturies el pasado mes de mayo, que se sustenta en tres pilares.
Por un lado, se rebaja un punto el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10 al 9 por ciento. Además, se incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.
En segundo lugar, se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, que no pagarán ni más ni menos tras la reforma. De este modo, toda la rebaja se concentra en las clases medias y trabajadoras. Para lograrlo, el cuarto tramo pasa del 18,5 al 19,20 por ciento.
Las rentas más altas
En tercer lugar, con el fin de avanzar en la justicia fiscal, se incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, que pasa del 25,5 al 26 por ciento.
El Principado ha resaltado que estas modificaciones beneficiarán especialmente a las clases medias y trabajadoras: las rentas más favorecidas serán las inferiores o iguales a 35.000 euros, que concentran al 80 por ciento de las personas declarantes.
“Se trata, por tanto, de una nueva iniciativa para ahondar en la vía fiscal asturiana, concebida para la gran mayoría social, y cuyos resultados quedan reflejados en las campañas de la renta”, asegura el Gobierno regional.
“Ahí tenemos las cifras conocidas hace dos semanas respecto a la campaña de 2023, que finalizó con un ahorro tributario de 54 millones, 20 más que en la anterior, y 105.000 personas beneficiarias”, ha valorado Guillermo Peláez.
El consejero ha explicado que el impacto económico de la reforma del IRPF se sitúa en torno a los 38 millones. Si a esta cantidad se suman las deducciones que ya se aplican, la vía fiscal asturiana permite ahorrar a las clases medias y trabajadoras, según sus cálculos, casi 110 millones.
Tanto la batería de deducciones como la reforma de la escala del IRPF ahondan en la progresividad del sistema fiscal asturiano, una seña de identidad del Gobierno de Asturias.
“Esta reforma es una oportunidad para los grupos de la derecha, en especial para el Partido Popular, para demostrar de qué parte está. Si no la apoya, sabremos que está donde siempre, del lado de los que más tienen”, ha señalado el consejero de Hacienda.
Modificaciones fiscales
El proyecto de ley incluye también otra modificación fiscal, fruto del mismo acuerdo político que la reforma del IRPF, relacionada con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este cambio persigue favorecer el derecho a la vivienda.
En este caso, se propone aplicar un gravamen del 15 por ciento a las transmisiones de inmuebles cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor.
Esta consideración se aplica a las personas físicas o jurídicas propietarias de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, por lo que quedan excluidos garajes y trasteros.