Asturias estudiará la sentencia del Supremo que obliga a Audasa a devolver el peaje cobrado durante las obras en la AP-9

El Gobierno del Principado estudiará “en detalle” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9, en Galicia, durante un periodo de obras que produjeron importantes incidencias en la circulación. Ahora que todos los partidos políticos quieren abanderar la lucha por la eliminación del cobro del peaje del Huerna, cualquier resquicio legal podría servir para reforzar la reivindicación asturiana, que exige que se retire el cobro en dicho peaje después de que la Comisión Europea emitiese un informe en el que calificaba esta tasa como ilegal.

Sin embargo, las esperanzas de los asturianos se han visto truncadas tras las declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que asegura que el Gobierno central no tomará ninguna decisión al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifieste.

Aplicación en Asturias

Según ha apuntado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, en respuesta a las preguntas de los periodistas, la cuestión “requiere de un análisis detallado” para “ver cuál es el fundamento y si sería de aplicación” en Asturias.

En una sentencia publicada ayer, el Supremo ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la autopista afectados por 81 incidencias durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018.

Más de doscientas retenciones

Según recoge la sentencia, las obras en Rande provocaron más de doscientas retenciones, de las cuales 81 fueron de “especial relevancia”, a pesar de lo cual la concesionaria mientras se extendieron estos trabajos “no redujo el importe del peaje”.

Los magistrados de la Sala de lo Civil han decidido revocar la sentencia de la Audiencia de Pontevedra y confirmar la de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que además de considerar “abusiva” la actuación de Audasa, le ordenaba la devolución a todos los consumidores de las cantidades “indebidamente pagadas”.

Llamedo también ha vuelto a referirse al peaje de la AP-66 (Huerna), que une Asturias con León, para insistir en que el Gobierno del Principado “va a seguir liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal y discriminatorio”, matizó.