Cinco acusados aceptan penas de hasta seis meses de cárcel por concertar matrimonios de conveniencia en Asturias
La sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acogido este lunes la primera de las sesiones del juicio que se desarrollará esta semana contra una organización dedicada presuntamente a concertar matrimonios de conveniencia entre españolas y nigerianos.
Cinco de las diez personas acusadas de los delitos de grupo criminal, matrimonio ilegal y falsedad documental han llegado a acuerdos con la Fiscalía y han aceptado penas de entre tres y seis meses de prisión.
El acuerdo contempla que dos de los acusados sean condenados a una pena individual de seis meses de prisión, mientras que los otros tres procesados han acordado una pena de tres meses de cárcel.
El fiscal ha apreciado la atenuante de dilaciones dilaciones indebidas, ya que “la causa ha estado paralizada durante periodos de tiempo ”muy importantes sin causa imputable“ a los acusados, que han visto por este motivo rebajadas sus penas.
Cuatro acusados están en paradero desconocido
De los diez acusados, solo seis han comparecido a la vista oral, ya que los otros cuatro se encuentran en paradero desconocido y tienen vigentes órdenes de búsqueda y captura.
De los seis que se han presentado a la sede judicial, solo han declarado los cinco acusados que han llegado a acuerdos, mientras que la mujer que está considerada como la cabecilla del grupo y que no ha pactado con la Fiscalía comparecerá mañana, martes, ante el juzgado.
El juicio estaba señalado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, aunque la vista se tuvo que trasladar a las dependencias del TSJA por problemas de espacio.
La Fiscalía asegura en su escrito de calificación provisional que los acusados formaban parte de una red que organizaba matrimonios de conveniencia a cambio de dinero y participaron presuntamente, como contrayentes o como testigos, en matrimonios ilegales entre los años 2005 y 2011.
El Ministerio Público solicita para la presunta cabecilla de la organización una pena de ocho años de prisión por los delitos de grupo criminal, matrimonio ilegal, falsedad documental y usurpación de estado civil.
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