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Eduardo Garzón Espinosa

Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Cursó el último año de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Windesheim, en los Países Bajos. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Fundación Europa de los Ciudadanos (IU).

Que no nos den gato por liebre

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

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¿Cómo que no hay dinero, Rajoy? Basta de mentiras

La semana pasada el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no hay dinero para subir las pensiones. Aludir a una falta de dinero es el típico mantra que utiliza la derecha para calmar toda aspiración de lograr mayor justicia social. Es la forma más efectiva de evadir el debate: si no hay dinero para cambiar las cosas entonces no es necesario aportar argumentos para convencer al interlocutor de que no hay que cambiar las cosas. La insuficiencia del dinero zanja cualquier debate, y ¡qué casualidad! Siempre lo hace a favor del statu quo y de los poderosos.

Mienten. Consciente o inconscientemente mienten. Este manido mensaje de la falta de dinero es absolutamente falso desde la primera hasta la última letra. El dinero se inventó para facilitar las relaciones económicas, pero al contrario de lo que la gente suele creer erróneamente, el dinero no es algo físico; es una ficción del ser humano, al igual que lo son los números o los kilogramos, y por lo tanto no tiene sentido hablar de su escasez o de su abundancia. ¿Alguien se imagina a un profesor de matemáticas diciendo que no puede dar clase porque no tiene suficientes números? ¿O a un frutero diciendo que no puede pesar la fruta porque no tiene suficientes kilogramos? No tiene sentido, ¿verdad? Pues tampoco lo tiene que un presidente del gobierno diga no tener suficiente dinero para aumentar las pensiones (o para cualquier otra cosa).

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Vivimos más pero con peor salud: retrasar la edad de jubilación es una gran crueldad

En el año 2011 el gobierno del PSOE decretó el retraso progresivo de la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67. En 2018 la edad de jubilación ya va por los 65 años y medio, a no ser que se hayan cotizado más de 36 años y medio. El argumento central que se utilizó para defender esta medida se basaba en que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto es razonable que nos jubilemos más tarde.

Este argumento tiene dos vertientes: una de carácter económico y otra de carácter moral. Atendiendo a la primera se sostiene que para poder pagarle la pensión a una persona que cada vez vive más tiempo es necesario disponer de más recursos, por lo que una forma de resolver el problema es reducir el tiempo que hay que estar pagando la pensión (al mismo tiempo que incrementas los recursos porque esa persona tendrá una vida laboral más larga). En cambio, el argumento de carácter moral es bien diferente: puesto que la persona en cuestión va a vivir más tiempo es de justicia que se mantenga la proporción de tiempo de trabajo y de tiempo de jubilación, de forma que se acabe disfrutando aproximadamente el mismo tiempo de descanso que antes.

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El bitcoin está destinado al fracaso

Cada vez se habla más de las criptomonedas, y especialmente de la más famosa y utilizada de todas: el bitcoin. Este tipo de monedas, creadas desde el sector privado, se caracterizan esencialmente por ser digitales y por regirse a través de un software informático complejo que conecta a todos sus usuarios de forma que se origina para cada transacción un modelo de contabilidad distribuida. La forma de emitir nueva moneda se lleva a cabo a través de la resolución de un algoritmo informático que cada vez se va complejizando más y en el que puede participar cualquier usuario. En el caso del bitcoin, la emisión de la moneda está limitada a un máximo de 21 millones de unidades.

El bitcoin se creó en el año 2009, en plena crisis económica mundial, y desde entonces su utilización ha ido en aumento. Empleada en un primer momento en muy pocas regiones y sólo en determinados sectores económicos, se ha ido extendiendo cada vez más hasta llegar a nuevos países y a nuevas ramas económicas. Y, aunque hoy día sigue siendo una moneda con una utilización marginal a nivel mundial, llama muchísimo la atención la importancia que ha alcanzado una moneda creada por el sector privado, ya que ha registrado un éxito que no tiene parangón alguno en la historia.

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Aclarando dudas y confusiones sobre el Impuesto de Sucesiones

Recientemente ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa participada por personas adecuadamente informadas y formadas, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que ha impulsado el PP andaluz con el propósito de deteriorar la imagen de la Junta de Andalucía del PSOE. Y ese es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes absolutamente sesgados e inexactos cuando no directamente falsos. Con la idea de arrojar luz sobre la naturaleza y aplicación de este controvertido impuesto escribo este artículo.

Hemos de empezar recordando que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

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La tasa de paro oficial está maquillada: debería ser 9 puntos más elevada

Cuando vemos u oímos en las noticias que la tasa de paro española sube o baja, raramente solemos preguntarnos qué significa exactamente el dato que nos están ofreciendo. Los datos oficiales de tasa de paro son ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y están expresados de la siguiente forma: porcentaje de personas que llevan un mes buscando activamente empleo sobre el total de activos (personas que trabajan + personas que llevan buscando empleo un mes). Como se puede apreciar, este indicador no refleja fielmente la situación de desempleo que existe en nuestro país, ya que no está contando como parados a muchas personas que quieren trabajar pero no pueden. 

Es el caso de las personas que llevan buscando empleo menos de un mes, personas que no buscan empleo aunque quieran trabajar (no lo hacen porque han perdido la esperanza), personas que hayan trabajado aunque sea una hora en el último mes, personas que quieren trabajar a tiempo completo pero sólo encuentran empleos a tiempo parcial, personas que han comenzado a estudiar porque no encuentran un trabajo, etc. Todas estas personas están descontentas con su situación laboral porque o no trabajan o trabajan muy pocas horas y el mercado laboral existente no satisface sus necesidades y, a pesar de ello, en las estadísticas oficiales no aparecen como parados. Esto provoca una minimización del número de parados y por lo tanto una tasa de paro más baja de lo que realmente es.

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El decreto acordado por el PP, PSOE y Ciudadanos sobre las cláusulas suelo es otra ayuda a la banca

El pasado viernes 20 de enero el Gobierno aprobó, con la colaboración de PSOE y Ciudadanos, un real decreto para crear un procedimiento extrajudicial que permita agilizar la devolución del dinero que muchos bancos cobraron de más a los hipotecados afectados por las cláusulas suelo abusivas. Aunque el objetivo declarado es facilitar y acelerar la devolución de este dinero y reducir carga de trabajo a los tribunales, lo cierto es que esta medida beneficia claramente a los bancos al, de una parte, exonerarlos de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, de otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.

Como es sabido, el pasado 27 de diciembre el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado indebidamente como aplicación de cláusulas suelo ilegales y abusivas. Unas cláusulas que permitían a los bancos cobrar más intereses de lo que les correspondería en un entorno de tipos de interés reducidos, sin que los hipotecados hubiesen sido convenientemente informados de ello. En definitiva, uno de los mayores fraudes a los consumidores que se ha realizado en nuestro país.

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El PP no gobierna en ninguno de los ayuntamientos con mayor inversión social

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado recientemente los resultados de un análisis detallado de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social'. Para ello ha utilizado datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los ha cotejado con los propios datos que ofrece cada una de las corporaciones locales.

Los resultados son los siguientes: sólo 12 ayuntamientos de los 350 analizados destacan por su elevado presupuesto en inversión social, estableciendo como requisitos para destacar que el gasto por habitante fuese superior a los 100€ en el año 2015, que esa cantidad no se hubiese reducido en los presupuestos de 2016, y que representase más del 10% del presupuesto total. Entre estos 12 ayuntamientos no hay ninguno que esté gobernado por el Partido Popular, hay dos gobernados por los llamados “gobiernos del cambio”, 8 del PSOE, 1 de CDC y otro de CIU. De entre todos ellos, sobresale el Ayuntamiento de Baza que mantiene un presupuesto superior a los 165 euros por habitante (la media de todos los ayuntamientos analizados es de 78,91 euros) y también el Ayuntamiento de Madrid al presentar un incremento de la inversión social del 43,2% entre 2015 y 2016 (mientras que ningún otro lo hace a un ritmo superior al 16%) lo que acaba situándole en segundo lugar con una inversión de 144,36 euros por habitante.

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El señor Montoro nos quiere gobernar

Por primera vez en este periodo de nuestra democracia se ha leído en titulares de prensa que un ministro –recién renombrado, por cierto– pretende llegar a deponer a un concejal legítimamente elegido por las urnas y que gobierna el área económica del Ayuntamiento de Madrid. Uno podría llegar a imaginar que, al gobernar el país un partido procesado por corrupción, los titulares se referirían a algún sinvergüenza que se encargó de cobrar sobres en su despacho, romper discos duros con información valiosa o, incluso, alguien que tuviera unas cuentas opacas en Panamá. Sin embargo, a veces la Historia se ríe de nosotros y convierte en farsa lo que debería haber sido una tragedia.

No hablamos de que nuestro nuevo Gobierno se haya encargado de alertar a un chorizo por sus formas no respetables de operar con el dinero público sino que han amenazado a nuestro Ayuntamiento y, en concreto, al concejal de Economía por haber superado el techo de gasto. Es decir, por haber gastado unos 17 millones de euros más (en un presupuesto de casi 5.000 millones) de lo que nos permite gastar el Ministerio. Esa cantidad fue utilizada para devolver la paga extra de los funcionarios, una medida necesaria tras el injusto castigo al que se vieron sometidos estos trabajadores por la falta de previsión y eficacia de sus gobernantes.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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