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Jorge Galindo

Investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra, donde trabaja principalmente en el ambito de la economía política comparada. Le interesa sobre todo la relación entre crecimiento, redistribución y elecciones políticas hechas por los distintos actores sociales, con especial atención a su posición en la estructura del mercado laboral. Es miembro fundador del grupo de análisis Politikon.

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La luz de las encuestas

Nuestro sistema de partidos está en ebullición. Los temblores empezaron con la emergencia de Podemos en las elecciones europeas y la irrupción de Ciudadanos durante el otoño no ha hecho sino agitar la situación. Lo hemos visto en las tertulias, en la prensa, pero sobre todo en los sondeos. Las encuestas han sido la linterna con que observar la realidad electoral en estos meses. Han iluminado un clima de opinión convulso, pero no pueden eliminar del todo la incertidumbre. De hecho son muchas las personas y no pocos los dirigentes que dicen desconfiar de las encuestas —especialmente cuando sus presagios no les gustan—. Como resultado, una mezcla de incertidumbre real y dudas sembradas nos ha mantenido en vilo por doce meses.

Pero por fin el domingo pasado llegaron los comicios. Entonces pudimos comparar resultados y sondeos. Y mientras en líneas generales el dibujo se confirmó acertado, hubo también varias sorpresas.

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La "recuperación" de la Eurozona: tenemos un problema

Este ilustrativo gráfico elaborado por Haver Analytics para Goldman Sachs lleva circulando por sus informes toda la segunda mitad de 2014. Cuenta una historia tan clara como descorazonadora: cuando se compara la Eurozona con otras regiones en el presente o con otras crisis financieras en el pasado, la recuperación posterior palidece, por no decir que apenas existe. Mientras que la remontada que vino inmediatamente a renglón seguido del crack fue común a todos, en un cierto punto (2010, 2011) los países del euro simplemente pierden el tren y se quedan atascados. 

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El paro genera precariedad

Pese a que resulta relativamente obvio, es sorprendente el poco hincapié que se hace en el debate público español en este hecho: el paro no solo implica un malgasto enorme de recursos, desigualdad a raudales, estancamiento y declive de miles de hogares. El paro también ayuda a crear y mantener la precariedad. Que en España es probablemente el rasgo más distintivo de nuestro mercado laboral, junto a la propia tasa de desempleo. Un cuarto de nuestros trabajadores tienen un contrato temporal porcentaje que se plantó por encima del 33% en los años noventa. Nueve de cada diez nuevos contratos firmados cada mes en España son temporales, de hecho. Esta cifra es una de las constantes más asombrosamente estables de todo el panorama español, ya que lleva décadas manteniéndose. Sin embargo, España no es el único país, ni mucho menos, en que la mayoría de nuevas contrataciones se hacen por esta vía.

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"El Estado de bienestar contribuye tanto a la justicia social como a la eficiencia"

Gran parte de su trabajo se ha dedicado a la economía del estado de bienestar. Nos gustaría empezar por conocer un poco más sobre lo que motivó su trabajo y cómo cree usted que nos ayuda a aumentar nuestra comprensión de las políticas sociales.

Mi motivación original era tratar de proteger el estado de bienestar de los ataques ideológicos, por ejemplo, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y del apoyo ideológico ciego como, por ejemplo, bajo el comunismo. El argumento central que presenté (basado en la entonces nueva literatura sobre la economía de la información) es que el Estado de bienestar que existe no sólo por razones de distribución conocidas, en particular para proteger a los pobres, sino que también tiene una función importante de eficiencia -el Estado de bienestar hace cosas que los mercados privados, por razones técnicas, harán mal o no harán en absoluto. Este último argumento era nuevo cuando lo utilicé por primera vez en la década de 1980.

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Pacto intergeneracional, redistribución y reforma de las pensiones

En los próximos cincuenta años el número de mayores de 67 años en la población española va a aumentar mucho más que el número de personas en edad de trabajar. Asumiendo que no queremos dejar a nuestros futuros ancianos y a nosotros mismos sin cobrar pensiones, tenemos dos opciones. O estamos dispuestos a incrementar el porcentaje de renta nacional que dedicamos a pagarlas, o nos vemos obligados a construir un sistema de pensiones distinto al actual que permita sostener semejante estructura demográfica. Y de esto ni la productividad, ni la inmigración, ni la tasa de ocupación nos van a salvar. De hecho, la actual crisis, que ya tiene visos de ser estructural, está haciendo esta necesidad más acuciante si cabe.

No he venido aquí a discutir este punto, que creo suficientemente probado y basado en la pura y cruel aritmética. Me preocupan más las consecuencias que cada una de las opciones que tenemos a nuestra disposición en tres aspectos, relacionados entre sí: las expectativas e incentivos que suponen para los diferentes actores, las consecuencias redistributivas que pueden tener, y de qué manera modifican el actual pacto intergeneracional. Como es bien sabido, nuestro sistema actual se basa en el mecanismo conocido como pay as you go (PAYG): un impuesto sobre el trabajo financia las pensiones de los jubilados de hoy, y los trabajadores de hoy dependerán de los actuales jóvenes y estudiantes para cobrar sus pensiones futuras. El cálculo del beneficio a recibir se basa en una media de los salarios de los últimos 16 años, siendo la idea de la última reforma que esta cifra se incremente hasta 25 de aquí a 2023. Sobre esta base reguladora se aplica un porcentaje que resulta en la pensión final a percibir. Este porcentaje va del 50% en caso de haber cotizado durante solo 15 años al 100% si se llega a los 37.

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El porqué de los escraches

No me gustan los escraches. Es una cuestión de formas. La democracia en sí es una cuestión de formas. La democracia es un compromiso según el cual diversos grupos contrapuestos acuerdan emplear una serie de mecanismos y definir una esfera determinada para la resolución de los conflictos que les afectan. Un escrache afecta, a mi modo de ver, a este compromiso, y agrava el deterioro institucional al recurrir a la intimidación (aunque sea "suave" o pretendidamente simbólica) para intentar forzar una opinión política. Más aún: considero que la propuesta por la que luchan, la dación en pago, no es una solución adecuada para el problema al que apuntan. Es decir: no comulgo ni con las formas, ni con el fondo.

A otras personas sí le gustan los escraches. Y también la dación en pago. De hecho, ambas cosas suelen ir juntas. Hay mucha gente que considera que el problema de los desahucios puede y debe solucionarse imponiendo dicho cambio legal. Y que, en tanto que el problema es acuciante y afecta muchas veces a ellos mismos, a personas que conocen o a lo que consideran como un sector relevante y desprotegido de la sociedad, el uso de los escraches es totalmente legítimo y necesario.

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Los datos de la EPA sí son fiables

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, lleva ya más de una declaración afirmando más o menos que la Encuesta de Población Activa (EPA) no sirve porque es eso: una encuesta. Y que las encuestas no son fiables, parece desprenderse. Si acaso, el llamado "paro registrado".

Creo que es útil explicar por qué Rosell está equivocado. Aunque la lógica parezca estar de su lado intuitivamente, no es así. Y no solo eso, sino que detrás de esta postura se esconde un desprecio de las técnicas cuantitativas en las Ciencias Sociales. Ya Nate Silver nos tendría que haber enseñado el poder de las encuestas, pero bueno, hagamos un esfuerzo más.

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La transición de los que vinimos después

Hace dos semanas moría Santiago Carrillo. Ha sido el tercer artífice de la Transición en fallecer durante el último año. Durante toda la pasada semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron frente al Congreso de los Diputados pidiendo ni más ni menos que un proceso constituyente.

Quien piense que estos dos hechos no guardan relación, se equivoca. Es muy probable que la inmensa mayoría de españoles (yo entre ellos) no crea necesario un cambio constitucional, pero cabe poca duda de que hay instituciones que están agotadas, y quienes más claramente lo vemos somos aquellos que aún no estábamos vivos en 1978. Los mismos que sufrimos el nivel de paro joven más alto de la OCDE, qué casualidad. La pregunta que debemos hacernos es, por tanto, qué instituciones hay que cambiar: los dedos acusadores suelen señalar al sistema electoral, al conjunto de la "clase política" (que aparece como una especie de seres ajenos al resto de los mortales), y así. Sin embargo, considero que si vamos por ahí, erramos el tiro.

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Hacia los Estados Unidos de Europa, pero cuándo

A primera vista, la Unión Europea es un ente político extraño. Los estudiosos no acaban de ponerse de acuerdo sobre si tratarlo como un Estado federal en construcción o como una organización internacional donde los diferentes estados negocian para llegar a acuerdos de cooperación y delegación de la toma de decisiones políticas hacia una entidad superior que, presumiblemente, lo hará mejor en muchos aspectos. Cabe recordar lo que hablábamos hace unas semanas respecto a centralizar o descentralizar: la idea de fondo es que hay problemas que están mejor enfrentados desde instancias más altas. Hoy por hoy, los “problemas” de este tipo que más nos preocupan se refieren a política macroeconómica, regulación bancaria y medidas fiscales: hay un consenso casi unánime en la necesidad de crear una unión fiscal, financiera y en cualquier otro aspecto macroeconómico a nivel europeo. Es posible encontrar declaraciones a favor de este objetivo no solo entre los altos funcionarios europeos, que es lógico que piensen esto, sino en Presidentes y Ministros la mayoría de Gobiernos de la zona euro. Si todos estamos en la misma página, ¿por qué no avanzamos? Dónde quedan los Estados Unidos de Europa, se pregunta el ciudadano (y el analista) anonadado. La respuesta es que quedan lejos. La euforia desatada tras la penúltima cumbre ha quedado borrada en dos semanas, particularmente con las decisiones tomadas este lunes: el Eurogrupo ha acordado un rescate a España en dos tramos de 30.000 millones de euros y una relajación en los objetivos de déficit a España, pero a cambio de intervención y vigilancia estrecha de las reformas. Estamos un poco, pero muy poco más cerca de la Unión de lo que estábamos. ¿Por qué tan despacio? No es por economía, donde la cuestión se ciñe a elegir entre unas pocas opciones, sino por política que no se puede llegar a dicha elección.

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¿Puede el contrato único ser de izquierdas?

Si el mercado laboral español es un desastre para alguien en particular, ese ‘alguien’ son los jóvenes: más del 50% de aquellos que buscan trabajo no lo encuentran, y quienes lo hacen, en su práctica totalidad, es con contratos temporales a pesar de que vayan a ocupar puestos con previsión indefinida.

Calificar la situación laboral de la juventud de precaria es no solo justo, sino también necesario, imprescindible para poner este problema a la cabeza de la agenda política y económica española. Y esta situación no es nueva, ni propia de la presente crisis. Cada vez que el paro aumenta en España, los jóvenes (así como los inmigrantes, las mujeres y los trabajadores más mayores) son desproporcionadamente ‘castigados’ en comparación con otros países europeos. 

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